De manera muy discreta trabajadores de la empresa Solución Total Consultores SC han comenzado a expresar enojo por la falta de pago total de sus quincenas bajo el argumento de la pandemia, aunque la carga de trabajo sea la misma.
Sin embargo, no es el principal problema que enfrentará el propietario de la firma que cuenta aún con un número notable de clientes, según han confiado.
La que corre será una semana decisiva para el futuro de la que hasta ahora es la gran pieza de caza de la Fiscalía General del Estado, Eukid N., el más poderoso integrante del grupo político que detentó el poder en Puebla desde 2010, después de Rafael Moreno Valle Rosas, el ex gobernador emanado del Partido Acción Nacional.
Originalmente fue acusado del probable delito de extorsión, ahora de manera formal de lavado de dinero, cuya pena podría ser de hasta 15 años si el juez lo encuentra culpable.
Se acerca la fecha para la audiencia ante el juez de control que conoce del caso de extorsión, pues esta semana se habrán cumplido los primeros 90 días de haber sido detenido, el 18 de marzo pasado.
El acusado fue notificado a mediados de la semana pasada de una nueva orden de aprehensión por el probable delito de lavado de dinero. La audiencia se efectuó el miércoles 3 a las 8:00 de la mañana en medio del más absoluto sigilo y se extendió hasta pasadas las 17:00 horas.
Según información a la que pudo tener acceso el autor de la Parabólica, la vinculación aún no ha sido determinada por el juez de control que conoce de esta nueva imputación pues la audiencia continuará este mismo lunes, si es que no hay cambio de agenda.
Los preceptos bajo los cuales se deberá guiar la Unidad Antilavado de la Fiscalía General del Estado son que el presunto Eukid N., haya sido permisivo para poner a su nombre bienes o derechos que procedan de una actividad ilícita, aún y cuando haya desconocido de esa circunstancia, cosa que parece improbable.
Pero además, también está contemplado hacer uso de recursos de procedencia ilícita para alentar alguna actividad fuera de la ley, colaborar con algún tercero con el mismo propósito, además de ‘adquirir, enajenar, administrar, poseer o transferir recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que procedan de una actividad ilícita’.
Desde abril pasado una unidad de elementos de la FGE trabaja en colaboración con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera para intercambiar información sobre propiedades, cuentas bancarias y movimientos de recursos de quien en círculos políticos, empresariales y mediáticos llegó a ser temido para obtener propósitos del grupo al que perteneció.
Hasta donde se ha podido saber, para poder fincar responsabilidad penal en contra del procesado se han dispuesto diversos equipos de trabajo ministerial que trabajan de manera paralela en otras imputaciones en curso y cuyo resultado se podrán conocer en las próximas semanas.
La que está en curso podría ser una semana negra para el inquilino de San Miguel.
