Al ex jefe de la operación electoral de Rafael Moreno Valle, fallecido en diciembre de 2018, Eukid N., le precisa borrar toda huella dejada en el estado de Quintana Roo, en donde colocó el segundo núcleo de poder al amparo de su relación con Carlos Joaquín González, el gobernador en turno.

La última conversación telefónica publicada por la prensa poblana no deja lugar a dudas: ¿Cómo vamos con lo del sur... Con lo del sur, la aldea del sur?, preguntó a uno de sus abogados, a quienes inquiere con ferocidad por la lenidad aparente.

Los quintanarroenses lo conocen bien, le llamaron el jefe de la “mafia poblana”. Llegó desde que el actual mandatario de esa entidad del sureste renunció al Partido Revolucionario Institucional para luego de la mano de Moreno Valle, hacerse  de la candidatura bajo la alianza que encabezó el Partido Acción Nacional... y también recibió dinero para la campaña, mucho dinero a manos del inquilino de la cárcel en Puebla, Eukid N.

Entre los incondicionales del jefe de la “mafia poblana” Juan Vergara, quien ocupó el cargo de Secretario de Finanzas, vinculado con negocios turbios, prestanombres y emisión de facturas falsas, actividad considerada delincuencia organizada de la que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera de este martes.

En otro ángulo también se ubicó al secretario de Gobierno, Francisco López Mena, quien de acuerdo con el periodista Roberto Rock, tenía vasos comunicantes con el ex presidente Felipe Calderón, impulsor de México Libre, una nueva franquicia electoral rumbo a 2021.

La bitácora de operadores políticos, fiscales y financieros bajo el mando del imputado es como el beso del diablo para Carlos Joaquín, pues terminó por quedar colocado en la ruta de colisión con la Cuarta Transformación.

Aunque en un principio se manejó que el nombramiento de la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción -que según el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sección cuarta del libro segundo, también persigue delitos de servidores públicos- Rosaura Antonio Villanueva Arzápalo, también se debió al imputado de lavado y extorsión, no se pudo establecer vínculo alguno.

Otra asignatura de la que no parece haber duda es el perfil que el poderoso operador del morenovallismo mantiene en el penal de San Miguel, en la capital y en Tepexi de Rodríguez: lejos de mostrarse moralmente derrotado, notoriamente le lleva pasos de ventaja a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Gilberto Higuera Beltrán, que comienza a mostrar deficiencias notables que parecen deliberadas, omisión que también resulta criminal.

Cuando Eukid N., increpa a sus abogados con un “necesito que le aceleren, !necesito que existan consecuencias¡” y urge dejar de ver el contexto sólo como juristas, abiertamente gira instrucciones para cargar contra quienes lo han traicionado o declarado en los procesos que se le siguen, que ya forman un largo etcétera.

Deberán cuidarse por ejemplo la regidora del municipio de Atlixco, Julieta Camacho Mata a quien en el comunicado del 8 de junio pasado señaló por “una seria de declaraciones (...) con quien Castañón Herrera ha sostenido una relación personal”.

En esa misma lógica deberán estrechar medidas de protección quienes se atrevieron a interponer denuncia contra el imputado por el delito de extorsión.

A juzgar por los lazos que el imputado llegó a establecer a través de interpósitas personas con diversos grupos delictivos que operaron a plena luz del sol y sin pudor alguno en la capital y zona metropolitana claramente identificados, el asunto se torna aún más pernicioso.

¿Es el abogado litigante Fidel Ramírez Lezama el correo de transmisión para el cobro de afrentas contra Eukid N.? Y es que nadie puede negar hoy en día, y a toro pasado, que las amenazas y amagos fueron a lo largo de su carrera equiparables a los legítimos actos de derecho, como se dice en el argot jurídico.