Un verdadero desastre existe al interior de la Coordinación General de Protección Civil del Estado que encabeza Ana Lucía Hill.

En junio y julio ya le había comentado, en este mismo espacio, que Hill Mayoral era señalada por el pésimo manejo que tuvo ante el brote de Coronavirus dentro de la Coordinación y por “La entrega (o venta) de permisos para la reapertura de negocios que le estarían dando buenos dividendos”.

En esta ocasión quiero ahondar sobre los malos tratos al personal que depende de la Secretaría de Gobernación que encabeza, David Méndez, comenzando por el despido injustificado de al menos cinco trabajadores.

 

“A uno de ellos lo hicieron regresar de confinamiento por Covid-19 solo para correrlo”, es parte de lo que relataron en el anonimato los burócratas que temen ser los siguientes en la lista de Ana Lucía Hill.

En otro caso, a uno de los trabajadores que recientemente venció al cáncer se le exigió presentarse a las oficinas diariamente durante el confinamiento. Aunque expuso su caso médico, no se le dio la incapacidad en los días de mayor contagio del Covid-19 ni se le permitió el Home Office.

Catarino Miranda, el director administrativo, fue el portador de las malas noticias y ante los cuestionamientos de los trabajadores para conocer los motivos de su despido, él simplemente se limitó a señalar que se trataba de “indicaciones superiores”.

A quienes se mostraban renuentes a firmar su “renuncia voluntaria”, Catarino Miranda les amenazó. Les dijo que si no entregaban su cese voluntario les retendrían los pagos quincenales y que se encargaría de que no pudieran cobrar el proporcional de aguinaldo y vacaciones.

Por obvias razones, la renuncia no se las pidieron por escrito, se trató de una indicación verbal. Algunos de los amenazados se negaron a firmar y continúan trabajando en la Dirección de Prevención de Desastres de Protección Civil a cargo de Gerardo Vargas.

Otros, quienes se negaron a firmar, continúan presentándose a laborar. Su pago no fue retenido, porque eso es ilegal.

Ojala que con esta tercera llamada, el secretario David Méndez tome cartas en el asunto y revise a fondo qué está sucediendo en esta Coordinación.

¿Oportunismo o preocupación?

Para que dejemos de pensar que la postura de Gabriel Biestro es oportunismo político-electoral, el diputado tiene en sus manos una oportunidad de oro que beneficiaría tanto a los padres de familia como a las propias escuelas.

Desde su posición, el presidente del Congreso y líder de la bancada de Morena, puede proponer y pelear para que exista una partida presupuestal y que sea el gobierno del estado quien pague en cada escuela y centro escolar los gastos que se generan por servicios como agua, drenaje, luz, teléfono, internet, limpieza, jardinería, plomería y otros más.

Gabriel Biestro equivoca su estrategia al pelear contra los directores o las asociaciones de padres de familia que insisten en cobrar las cuotas escolares al inicio de año escolar.

Si su intención va más allá del 2021 debería comenzar con el ajuste al Presupuesto de Egresos, mientras tanto su discurso no es más que oportunismo electoral.

¿Será capaz de dar ese gran salto en favor de los estudiantes y padres de familia de Puebla?

Veremos y diremos.