En la cruzada anticorrupción que ha anunciado el gobernador Miguel Barbosa tendrá que poner atención especial en el enquistado cártel de la versión poblana de la Cofepris, que es la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DPRIS).

Uno esperaría que en estos momentos de crisis sanitaria, el personal que trabaja, dirige y cobra en la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios- Puebla (DPRIS) tuviese un compromiso social, sin embargo, el deseo no siempre se adapta a la realidad.

En esta entrega le nombraré a algunos servidores públicos de la dirección que depende de la Secretaría de Salud y que han formado un cártel para hacerse de cuantiosos botines tanto políticos como económicos.

Emilio Jorge Pérez Martínez, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, sería la cabeza de este cártel, pero no el único implicado en las irregularidades. César Alberto Reyes Viñas, se ostenta como asesor aunque en los hechos funge prácticamente como director. De este último se sabe que hay cuentas pendientes en la contraloría estatal que no han sido saldadas.

Las órdenes que se giran desde la oficina principal pasan por el subdirector de DPRIS, Javier Pedraza Mayoral, quien está al pendiente de las operaciones tanto de corruptelas al interior de la dirección como del maltrato laboral de los trabajadores o de los favores a otros empleados como Brian Guerrero, quien goza de un sueldo de burócrata amén de que su horario coincide con las actividades que realiza como administrador del hospital MAC en el mismo horario.

La familia Ortigoza también participa en esta estructura. María Elena Ortigoza Neri, cobra como Jefe de departamento de promoción a la salud y es madre de Luis Daniel Torres Ortigoza, Jefe del departamento de insumos y atención médica de la dirección citada. Habría que revisar si el caso es simplemente una coincidencia de talentos o más bien se trata de nepotismo.

Edgar Saúl Reyes Viñas, quien tiene los mismos apellidos que el flamante asesor, es responsable estatal de farmacovigilancia y goza de una plaza administrativa aunque sólo cuenta con preparatoria trunca. Organiza casi todo el departamento y se ostenta como líder de farmacovigilancia cuando para ello se requiere de un perfil específico, según los lineamientos federales.

Entre las actividades que realiza, sin licencia ni Cédula Profesional, él dicta las pautas de lo que se hace en el departamento, ofrece cursos, asesorías y gestorías (de farmacias y almacenes) y en un claro conflicto de interés, también los publicita.

Es tal su confianza, que presume que en las pláticas que ofrece a particulares y al estado, colaboran como oradores a personal de Cofepris (federal) o al menos a personajes que así se presentan.

Claro está que el cártel no podría operar sin el manto protector de Gabriel Serrano Barrientos, quien cobra como abogado coordinador jurídico de la DPRIS, sin embargo, en los hechos se encarga de evitar que caminen las denuncias en contra de los citados o bien agiliza procesos en contra de quienes levantan la voz por las irregularidades.

Suman dos muertos

Por si los señalamientos fueran pocos, los burócratas trabajan bajo condiciones que se acercan al terrorismo laboral, un miedo que se incrementó después de que varios de ellos enfermaron de Covid y se les impidió solicitar las licencias médicas que por derecho tenían para no ver mermado el número de personas en las oficinas.

Una vez más se violaron las disposiciones de Miguel Barbosa porque aunque el gobernador ordenó que las personas con riesgos por edad o comorbilidades se retirarán de las oficinas, en la DPRIS se les obligó a continuar asistiendo a sus oficinas.

El resultado fue fatal, más de una treintena de trabajadores dieron positivo al Covid y presentaron síntomas, algunos otros, sin duda habrán sido asintomáticos y dos más fallecieron por el coronavirus.

Para silenciar a algunos de los deudos o trabajadores enfermos, el cártel de DPRIS ofreció plazas a los familiares de los afectados.