Finalmente, Leoncio P., expresidente municipal de San Andrés Cholula, fue vinculado a proceso por el presunto peculado o desvío de 42 millones de pesos. 

Al menos eso trascendió. 

Pero la cifra puede ser muy, pero muy superior. 

Se sabe que existen varias investigaciones en contra del exedil, ahora en prisión, del manejo de recursos cuando fue alcalde de 2014 a 2018, en los años dorados del morenovallismo, cuando era de los consentidos. 

Las cuentas podrían llegar a más de 334 millones de pesos, todo un récord, tan sólo de lo que el actual Ayuntamiento sanandreseño detectó con anomalías o daño al erario.

Desde octubre de 2018, cuando llegó a la alcaldía su acérrima detractora, Karina Pérez Popoca, se empezó la revisión y por ende el proceso para fincar responsabilidades no sólo administrativas, sino penales. 

Fue el 7 de octubre de 2018 cuando las nuevas autoridades municipales presentaron ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), Fiscalía General del Estado (FGE) y ante el Congreso, la primera denuncia.

Posteriormente, en octubre de 2019, en las instalaciones de la FGE, la alcaldesa interpuso otra denuncia por un presunto desvío de recursos de más de 134 millones de pesos, detectado en la entrega-recepción.

Y así empezó la cuenta. 

Después no se ubicaron otros 200 millones de pesos que se sumaron a la lista. 

Las situaciones más graves tienen que ver con obra pública, algunas inconclusas como el edificio del DIF Municipal, por el cual se pagaron 15 millones de pesos y no se concluyó.

Además, en el DIF Municipal no ingresó un solo peso de consultas en los cuatro años y ocho meses de gestión de Leoncio P., una estimación de 12 millones de pesos.

Existen empresas a las que ya se les ha pagado el equipamiento del inmueble, y después no aparecieron. 

Otro ejemplo es que más de 300 bienes materiales “desaparecieron”, entre ellos equipo del DIF y de seguridad pública.

Tampoco aparecieron radios Matra de la Secretaría de Seguridad Pública.

En cuestión de obras, en el centro deportivo Mayaquen se regresaron los recursos federales porque no cumplió con especificaciones, ni había bitácora de obra en las remodelaciones.

Además, había procedimientos por más de 50 millones de pesos por la adjudicación de obras porque no existen pólizas, ni la publicación de la obra, así como la prestación de servicios.

Hubo un gasto de más de 13 millones 396 mil pesos en productos farmacéuticos repartidos en 10 meses de 2018. 

Eso nada más como botones de muestra.