Hace 7 años, en febrero de 2015, Andrés Manuel se lanzó contra Rafael Moreno Valle por los presos y perseguidos políticos así como por los abusos de poder que cometía como gobernador de Puebla.
Al acudir a la CNDH para interponer una queja contra el exmandatario, por el encarcelamiento de la familia Xicale y el hostigamiento a otros líderes sociales que se oponían al parque de Cholula, López Obrador calificó a Moreno Valle como un “dictadorzuelo”.
“Ministerios Públicos, jueces, legisladores, todos están subordinados al gobernador, es un dictadorzuelo que comete muchos atropellos… En Puebla la mancha es la represión a dirigentes sociales”, espetó ante los medios que daban cuenta de su acción.
Hoy la persecución a comunicadores, activistas y hasta legisladores que discrepan de las ideas del tlatoani del Palacio Nacional es la constante.
La persecución, el abuso del poder y hasta el atropello a otros Poderes de la nación, que tanto criticó, son la constante en cada mañanera.
Regresemos a ese mismo día. AMLO reprobó que empresas fueran las que se beneficiaran de los proyectos morenovallistas lacerando al ecosistema o las poblaciones.
En el espejo de la historia, proyectos insignia de la 4T como Dos Bocas o el Tren Maya reflejan exactamente eso que tanto criticó el hoy presidente de México. Sus ideas están acabando con el ecosistema y en ocasiones, incluso, sin tomar en cuenta lo que opinan las comunidades.
Al final, quizá Andrés Manuel tenga razón y Rafael Moreno Valle fue un dictadorzuelo, pero él pinta —si nos descuidamos— para ser un dictador en toda la extensión de la palabra.
La costosa bodega del IMSS
Una muestra más de lo costoso que resultan los proyectos al vapor de las dependencias federales es el caso de CIMA.
Hasta lo que hoy tenemos confirmado, el terreno en la zona de Angelópolis le costó al Instituto Mexicano del Seguro Social 418 millones de pesos.
Más allá de los detalles que sin duda nos darán para siguientes entregas, el simple hecho de tener 5 años con una propiedad de ese costo como simple bodega, resulta un desperdicio.
Lo es porque el espacio no se ha podido utilizar para edificar el nuevo hospital que urge desde que San Alejandro dejó de ser útil. Lo es también porque al tener una construcción a medias, los equipos médicos, las ambulancias y hasta los vehículos que ahí se guardan se encuentran básicamente a la intemperie.
Y finalmente lo es por lo obvio, pagar más de 418 millones de pesos para tener un espacio para amontonar cachivaches, es un dineral.
