El linchamiento de un sujeto que presuntamente habría raptado y abusado sexualmente de una menor de 10 años de edad, en Nativitas, Tlaxcala, es una muestra más del cansancio y la falta de confianza de los pobladores en sus autoridades.

Una condición muy delicada, porque literalmente, cuesta vidas. Hoy la gente prefiere “hacer justicia por su propia mano” antes que esperar a que el debido proceso y el sistema de impartición de justicia realicen las investigaciones, sancionen a los delincuentes y se repare el daño.

Esa falta de confianza en las autoridades la vemos en todos lados, lo mismo en los casos de linchamientos, en Puebla, Tlaxcala o el resto del país, que con personas que consideran que es tolerable desalojar a paracaidistas a base de balazos, como sucedió en Chalco, Estado de México.

Las redes sociales enardecen las dos posturas: las de quienes no justifican bajo ninguna razón que hayan matado a dos personas tras esperar por meses a que la autoridad atendiera la denuncia por desalojo que interpuso Carlota ‘N.’; y la de las personas que consideran que a la mujer de la tercera edad se le debería reducir la pena porque vio peligrar su patrimonio, luego que integrantes de una agrupación dedicada al despojo se negaron reiteradamente a salirse del departamento.

Algunos aplauden que Carlota no haya confiado en las autoridades y tomara acciones (ilegales y violentas) para proteger su patrimonio; otros que por fin, la autoridad haya actuado y detuviera a una mujer que mató a dos personas.

Ambas posturas muestran que el sistema actual en México ha quedado rebasado. No ha logrado impartir justicia y mucho menos reparar los daños a las víctimas. Las leyes, tan aplaudidas en el exterior, se han quedado en papel porque su implementación se ha topado con una burocracia que camina más lento que un elefante y un mar de corrupción.

En ese contexto se inscribió el linchamiento del martes pasado en San Miguel Xochitecatitla, Nativitas, Tlaxcala, donde los pobladores hicieron sus propias investigaciones, su juicio sumario en la plaza pública y se convirtieron en el verdugo (que no impartidor de justicia) para golpear hasta la muerte a Rodrigo, un hombre de entre 35 y 40 años de edad.

En este caso ni la autoridad municipal de Nativitas ni el gobierno estatal de Lorena Cuellar tuvieron la capacidad de intervenir, enfriar los ánimos, rescatar al linchado y garantizar una investigación como marca la ley.

Entre la detención de Rodrigo N. y su muerte pasaron varias horas. La golpiza fue atestiguada, desde la barrera, por policías, que no contaron con los refuerzos ni los protocolos necesarios para impedir que un hombre muriera a golpes, en la plaza pública. La propia autoridad reconoció que, en el momento de la trifulca, no pudieron imponerse y que fueron rebasados por la turba.

Nadie busca que dejen impunes los casos de abuso sexual, por el contrario, se pide que la autoridad actúe con tal prontitud y pulcritud que la defensa no tenga un solo elemento para hacer de la cárcel un centro con puerta giratoria.

En este caso, donde se debió imponer un castigo ejemplar, había elementos que hacían presumir la participación de Rodrigo N. en el delito, pero sabemos de historias como la de los encuestadores de Ajalpan, donde personas inocentes acabaron linchadas sin responsabilidad penal alguna.

El hartazgo de la sociedad y la desconfianza en las autoridades, ¿se acabará con la elección de jueces?

Veremos y diremos.