La detención de Jesús Murillo Karam, sus primeras declaraciones y la información que compartió la Fiscalía General de la República (FGR) colocaron al secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch en el ojo del huracán.
Ya sea por acción o por omisión García Harfuch deberá dar explicaciones convincentes, más allá de las primeras declaraciones en donde se quiso lavar las manos señalando que el 26 de septiembre de 2014 estaba en Michoacán, mientras Guerrero enfrentaba balaceras, bloqueos, quemas y posteriormente la desaparición forzada de 43 normalistas.
Como coordinador Estatal de la policía Federal en Guerrero, García Harfuch no puede simplemente decir que ese día no fue a trabajar e ignorar el caso.
Su participación en la creación de la Verdad Histórica o su omisión en las acciones para contener la violencia del 26 de septiembre en Iguala y hasta su inacción para activar la búsqueda de los normalistas desde las primeras horas de su desaparición, serán parte de las explicaciones que se le reclamarán, ya sea por las autoridades o por la sociedad.
Y esta mancha será tan grande que terminará por teñir hasta las aspiraciones presidenciales de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
El caso de Omar García Harfuch, una de las primeras reacciones tras la detención del exprocurador, se suma a las 83 órdenes de aprehensión recientemente giradas por el caso Ayotzinapa, 20 de ellas contra mandos militares.
Cuando se cumplimenten, la detención de estos jefes seguramente generará nuevas reacciones en el gremio, comenzando por la del titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, quien en 2014 era el jefe de la Zona Militar en Guerrero.
Sumemos a ello las incontables ocasiones en que el presidente López Obrador ha sobajado a los militares tanto al decir en su mañanera que se deben respetar los derechos humanos de los agresores -pero no de los soldados-, como cuando utiliza a los uniformados para diferentes oficios, que nada tienen que ver con su preparación.
Aunque desde un inicio se ha planteado que los militares habrían estado involucrados en la desaparición de los normalistas, las detenciones de mandos y elementos de la tropa podrían revivir en la población civil la animadversión a los uniformados, en el momento mismo que Andrés Manuel insiste en darles más poder y militarizar al país, a través de la Guardia Nacional.
De confirmarse que los elementos castrenses estuvieron involucrados en la masacre y/o desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, para el presidente será imposible justificarle al pueblo bueno que ahora desea entregarle más poder a esos mismos militares. Tal pareciera que en su arrebato por crear una cortina de humo para tratar de acallar la libertad que recuperó Rosario Robles Berlanga tras tres años en Santa Martha, los brillantes estrategas de la presidencia de la República no midieron el impacto que generaría patear el avispero y detener a Jesús Murillo Karam.
