Durante muchos años, desde la oposición, Andrés Manuel López Obrador se opuso tajantemente a que el ejército estuviera en las calles realizando funciones de seguridad pública.
Hoy, a cuatro años de su gobierno, al darse cuenta de que no pudieron cumplir con todo lo que implicó la reforma constitucional para crear la guardia nacional y para justificar que ha fallado su estrategia de seguridad para combatir a la delincuencia y defender a los mexicanos; al tiempo de saber que hay más muertos que durante todo el gobierno de Calderón y Peña Nieto, decide el presidente militarizar el país.
El presidente sabe que ya no puede culpar al pasado, porque ya han pasado 4 años de su gobierno de cuarta, de mentiras, de ocurrencias y de muertos.
Primero nos amenazaron con una reforma constitucional, luego afirmó que emitiría un decreto presidencial, pero al darse cuenta de que a todas luces era inconstitucional, decide presentar una iniciativa que anunció de carácter preferente, pero terminó siendo de trámite ordinario.
Al final, los diputados de morena y sus aliados hacen suya la iniciativa del presidente y abusando de su mayoría indolente, dispensan los trámites y violentan el proceso legislativo en un tema de la más alta importancia.
Un principio básico de derecho es la supremacía de las leyes que nos enseña que la constitución es la ley suprema, y que las leyes secundarias, reglamentos, decretos y acuerdos, deben ceñirse a ella.
Por eso la supremacía de la Constitución en un estado de derecho es fundamental, por seguridad jurídica, congruencia y armonía entre las propias leyes.
Y cuando hay controversia, para eso está la suprema corte de justicia de la nación para determinar cómo se deben ajustar a la constitución.
Como todos sabemos, engañaron a los mexicanos prometiendo que los militares se iban a regresar a los cuarteles cuando se llenaban la boca afirmando que no iban a permitir la militarización del país.
Por eso les duele la exhibida que se les está dando en medios de comunicación y redes sociales por su cambio de postura política de sumisión al aceptar la militarización de la guardia nacional, y con eso, la militarización del país.
La iniciativa votada en la mañana del sábado es violatoria de la constitución. Pongo únicamente tres párrafos comparativos entre lo que dice la constitución y lo que se votó por la mayoría indolente.
CONSTITUCIÓN ART. 21: Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la guardia nacional, serán de carácter civil.
DICTÁMEN APROBADO: Se faculta a la SEDENA para tener el control operativo y administrativo de la guardia nacional.
CONSTITUCIÓN ART.21: La federación contará con una institución policial de carácter civil denominada guardia nacional.
DICTÁMEN APROBADO: La ejecución de la estrategia de seguridad corresponde a la SEDENA.
CONSTITUCIÓN ART.21: La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la guardia nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública.
DICTÁMEN APROBADO: Se trasladan funciones y mando de la guardia nacional a la SEDENA.
Más claro, no se puede presentar.
Lo que sigue es la votación en el senado que, en caso de ser aprobatoria, la oposición está obligada a presentar una acción de inconstitucionalidad para que al final, decida la suprema corte de justicia de la Nación.
