Durante la semana, diversos medios de comunicación dieron cuenta de la publicación del libro Never give an inch (“Nunca cedas en nada”) escrito por Mike Pompeo hombre muy cercano al expresidente de EEUU Donald Trump “amigo” del presidente López Obrador.
Lo refiero porque algunos analistas retomaron una parte que resulta muy preocupante por la imagen en que se retrata a nuestro país. El libro hace mención entre otros puntos, que México ya no es un país confiable derivado de la pérdida de control que tiene el gobierno mexicano en algunos estados de la República por el crimen organizado.
Debe preocuparnos, porque si bien esta afirmación refleja no solo el grave problema de inseguridad que diariamente es documentado y que en muchos lugares pareciera que está desbordado; también y fundamentalmente, porque refleja ingobernabilidad.
El secretario Ebrard respondió de inmediato a las diversas aseveraciones y por supuesto en primer término señaló que México “es un país confiable”.
Sin embargo, en las condiciones actuales ¿puede realmente considerarse a México en el exterior, pero también en el interior, como un país confiable?
Me explico, todos los expertos y expertas señalan que los derechos políticos son fundamentales para que las personas puedan ejercer sus derechos humanos, insistir en la provocación de violentar el sistema electoral mexicano con un Plan B plagado de violaciones a la Constitución y a tratados internaciones, puede constituirse en ese punto de alerta, que pudiera realmente desatar una ingobernabilidad, ya que nuestra democracia está en riesgo.
Y es que esas reformas a leyes secundarias contenidas en el Plan B del presidente López Obrador, como bien señala el pronunciamiento de la Red, Mujeres en Plural, no sólo menoscaba los derechos de la ciudadanía, también, amenaza los avances en materia de igualdad sustantiva y paridad lo que representa un retroceso para las mujeres que somos el 52% de la Lista Nominal (Elecciones 2021).
¿Qué retrocesos observamos después del estudio de estas reformas? A+iun y cuando reconocen a la paridad como igualdad política entre hombres y mujeres. Veamos solo algunos:
“Prohíbe expresamente que la autoridad electoral intervenga en el cumplimiento del principio de paridad en la postulación de candidaturas y dirigencias, así como en la emisión de reglas” quedando a la discrecionalidad de los partidos políticos.
“Las autoridades electorales no tendrán competencia para rechazar candidaturas de personas que han cometido violencia política en razón de género contra mujeres…”
“No se reconoce la posibilidad de cancelar candidaturas a hombres que sean deudores alimentarios, o que han ejercido violencia familiar o sexual contra mujeres (3 de 3 contra la violencia)” aun cuando esta medida ya ha sido declarada constitucional por el Corte.
No considera las medidas introducidas para garantizar condiciones de igualdad en el ejercicio de nuestros derechos, ya que actualmente se postula igual número de hombres y mujeres en distritos y municipios de alta, media y baja competitividad, reduciéndolo a solo dos bloques, alta y baja lo que disminuye las posibilidades de ganar.
Tampoco considera el acceso equitativo de mujeres candidatas al financiamiento público y a tiempos de radio y tv para competir en igualdad de condiciones.
Desaparece juzgar con perspectiva de género. Privilegia la determinación de los partidos políticos sobre los derechos de las mujeres; Restringe el control de convencionalidad de las autoridades electorales; Limita la aplicación de los principios pro-persona y de progresividad de los derechos humanos en lo político y lo electoral; Faculta que los partidos emitan en sus documentos básicos criterios que el TEPJF no puede juzgar aun cuando contravengan principios constitucionales, convencionales y legales de derechos humanos; Viola tratados internacionales que se han suscrito en esta materia.
Muchos riesgos en el Plan B. Es preocupante.
Por eso las mujeres seguiremos luchando colectivamente defendiendo la institucionalidad del INE, porque Nuestro Voto no se Toca.