Desde que salió Genoveva Huerta Villegas de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) le informamos en este espacio que se encontraron distintas anomalías en su administración.

Faltaba lana por comprobar, para ser claros.

Ahora finalmente, la nueva dirigencia logró documentar todas las irregularidades.

Justamente en abril del 2022, le adelantamos que eran más de 7 millones y medio de pesos, que no se comprobaron del financiamiento a estructuras municipales.

Cantada vale doble.

También dijimos entonces que había más de 2 millones y medio de pesos de deudas, entre pago de impuestos al IMSS y al SAT del ejercicio anterior y otros pagos de distintos temas, que simplemente no hicieron.

Incluso con Genoveva Huerta no hubo sesión para aprobar presupuesto para estructuras.

Les revelamos hace 12 meses que nada más las cuentas no salían ni con ábaco.

Así dejó las oficinas de Bugambilias, en no muy buenas condiciones y las arcas del blanquiazul, estaban mucho peor.

Incluso con los automóviles del partido, se ganaron 119 multas de tránsito, entre exceder los límites de velocidad e infracciones menores. Las multas no fueron pagadas y heredó poco menos de 63 mil pesos y sin contar que la camioneta a su cargo, tenía más de 300 mil kilómetros y sin mantenimientos.

Lo bueno para el PAN, es que la actual presidenta del blanquiazul, Augusta Díaz de Rivera y el secretario general, Marcos Castro, llegaron a alzar el tiradero que encontraron en el partido.

Ahora, ya sabemos que en la investigación a la cuenta del ejercicio fiscal 2020-2021 del PAN, se identificaron 7 millones 600 mil pesos por comprobar.

Augusta, confirmó el total de lo que adelantamos hace un año, 7 millones 100 mil pesos son por financiamiento a estructuras.

Claro, Huerta Villegas acusa persecución política en su contra.

Y dice, es todo porque busca ser candidata del PAN al gobierno de Puebla en 2024.

En redes sociales afirmó que las calumnias “no le quitan el sueño”, pues sólo es señal de preocupación de la dirigencia del blanquiazul.

Lo cierto es que ahora tendrá que justificar las presuntas irregularidades.

Está documentado que se realizaron transferencias no justificadas a los Comités Municipales y se pagaron finiquitos hasta por 12 meses a miembros de su dirigencia.

Tiempo al tiempo.