Este jueves comparecerá ante el pleno del Congreso del Estado la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro. Se trata de un hecho histórico porque es la primera vez que se acepta la petición de un partido de oposición, para que una funcionaria de alto nivel rinda cuentas.
Entre los temas que la responsable de los recursos del estado deberá explicar a los diputados está la “desafortunada” inversión de 600 millones de pesos en Accendo Banco.
¿Por qué se invirtió en esa institución pese a las señales de riesgo que se advertían?, ¿Quién o quiénes recomendaron dicho movimiento financiero?, ¿Se podrá recuperar el dinero o cómo se compensará a los poblanos por esta pérdida?, ¿Explicó las desventajas de invertir en esa institución financiera o prefirió voltear para otro lado?, ¿de quién eran las órdenes que obedeció?; son solo algunas de las preguntas que uno esperaría que se respondan con claridad.
Además de este “error” María Teresa Castro tendrá que detallar ante el Pleno el caso SAT, así como las razones por las cuales Puebla terminó pagando más de 2 mil 600 millones de pesos y principalmente, la falta de transparencia en sus comparecencias pasadas.
La rendición de cuentas es necesaria por el daño que se causó al erario, independientemente de que, gracias al oficio político del gobernador Sergio Salomón, se logró la recuperación de mil 900 millones de pesos.
La historia del caso SAT se ocultó por más siete años. En aquellos días el cerebro financiero era el suplente de Rafael Moreno Valle en el Senado: Roberto Moya Clemente.
Es un dato que los panistas no deben olvidar e incluso deberían utilizar para también exigirle cuentas al hoy senador de su partido, pues versiones señalan que, utilizando sus dotes como ex funcionario del SAT, Moya Clemente fue uno de los personajes que recomendaron al ex gobernador Rafael Moreno Valle contratar un despacho de asesoría fiscal para solicitar la devolución de impuestos correspondientes a los años 2009 y 2010, es decir antes de la administración morenovallista.
Se sabe que en 2016 el SAT regresó 702 millones de pesos al gobierno de Puebla; dos años después el Servicio de Administración Tributaria determinó que la devolución fue incorrecta y al considerar que se trataba de un acto doloso, le aplicó un crédito fiscal.
Una cosa llevó a la otra y al final entre los 702 millones reintegrados y las multas, Puebla pasó de deberle mil 800 millones de pesos al SAT a más de 2 mil 600 millones de pesos.
Y si bien, gran parte de esa bola de nieve se gestó en la era morenovallista, el silencio que guardó María Teresa Castro durante años, como titular y responsable de la Caja de Pandora, la hace parecer cuando menos, cómplice.
¿Dará Castro Corro respuestas puntuales a los cuestionamientos de los diputados?
Veremos y diremos.
