Pese a que el sexenio de López Obrador cerrará con 200 mil muertes por homicidios dolosos, casi el doble de los registrados durante el gobierno de Felipe Calderón, AMLO envió una iniciativa para aumentar el número de armas en el país.

No conforme con militarizar el país, al ordenar que la Guardia Nacional sea absorbida por la Sedena, el presidente envió el pasado miercoles 18 de septiembre una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En términos simples, Andrés Manuel propone que los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Banco de México (Banxico), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro Nacional de Inteligencia y la Casa de Moneda, porten armas de fuego para el desarrollo de funciones de seguridad.

Así que un servidor público del SAT o un colaborador de la CFE, como ese que asiste con regularidad a su domicilio a tomar la lectura de su consumo, podría portar un arma de fuego. La razón: “En México es prioridad la seguridad de las áreas estratégicas y la seguridad pública”.

Esa seguridad, que es responsabilidad del Estado mexicano, ahora quedará en manos de servidores públicos que, de acuerdo con la iniciativa, tengan un “modo honesto de vivir”, hayan realizado el Servicio Militar Nacional, no consuman drogas y no tengan “impedimento físico o mental para el manejo de las armas”.

Mientras en México pasamos años tratando de retirar las armas de nuestras calles con programas como el canje por juguetes o dinero, López Obrador quiere cerrar su gobierno dejando la puerta abierta para ensangrentar al país.

En la propuesta lopezobradorista también se incluye el concepto de licencias colectivas que se entregarían a granel a estos organismos y paraestatales, para que a su vez puedan dotar de armas a su personal.

Aunque el disparate ya advierte un mayor número de homicidios dolosos y una mayor cantidad de balaceras, los diputados de Morena, con mayoría calificada en la Cámara Baja ya tienen su discurso para defender a ultranza esta barbarie.

Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena, al ser cuestionado sobre los riesgos de armar a la población civil, como sucede en Estados Unidos, donde los tiroteos son la constante, negó que la situación pueda replicarse en México y respondió al estilo 4T: “Nosotros tenemos valores, somos muy distintos. Es una cultura muy distinta”.

 

 

Sobre los ejidatarios, jornaleros, pueblos originarios, afromexicanos y representantes de las comunidades rurales que podrán continuar con armas específicas como rifles, reconoció que es la forma como ellos podrán defender su patrimonio: “hay lugares muy lejanos en donde las policías municipales, estatales, incluso la Guardia Nacional que no tienen la capacidad de fuerza. Hay que otorgarles (a los civiles de zonas rurales) esta posibilidad”.

¿Imagina usted la de enfrentamientos armados que se producirán en zonas donde se cultiva el limón o el aguacate, que han sido asolados por el crimen organizado, mientras los jornaleros defienden sus bienes y los delincuentes intentan imponer su ley?

La iniciativa que también se venderá como un mecanismo para endurecer las penas a quienes porten armas de manera ilegal, se encuentra en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja y deberá ser aprobada ahí, antes de pasar al Pleno y avanzar su camino al Senado. 

Y a todo esto hay que sumarle un “detallito”, que la iniciativa del Ejecutivo Federal, léase AMLO, se encuentra en un formato de imagen, es decir, no es un documento de texto en el que un buscador normal permita localizar palabras clave. Eso viola el principio de máxima publicidad. ¡Viva la opacidad!