Saltándose todas las leyes e instituciones de nuestro país, Morena pretende imponer una serie de conductas y normas a quienes resultaron ganadores durante el pasado proceso electoral. Las nuevas o electas autoridades no han levantado la voz ante el atropello.

Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, recorre el país para indicar en cada estado a sus regidores, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, diputados federales y senadores, que deben firmar el “decálogo” y comprometerse a cumplir a pie juntillas lo que en él se ha escrito. Casi casi que le deben lealtad a un listado que, en los hechos, buscan colocar incluso por encima de la Constitución Política de nuestro país.

En el primer punto se establece una regla que desde ahora les digo, difícilmente cumplirán todos los que firmen o hayan ya autografiado el decálogo. Pide que cada semana se hagan audiencias públicas para atender los reclamos sociales. Y aunque en teoría suena bastante bien, quiero ver cuántos de los diputados, regidores o alcaldes cumplen cabalmente con esta disposición.

Sobre el tope salarial que impide a todas y todos ganar más que la presidenta, el tema suena aceptable, sin embargo, el Plan de Austeridad Republicana se convierte en un arma de doble filo. Hemos visto que los recortes en salud, por ejemplo, han causado la muerte de miles de mexicanos. El sexenio que concluyó AMLO nos demostró la gravedad del austericidio.

En el punto tres del texto, el más delicado, dice: “Cuando existe duda, conflicto o alguna decisión difícil, se consulta al pueblo”. Es decir, que en lugar de que las autoridades asuman su responsabilidad como gobernantes, preferirán dejar a las plazas públicas el enorme reto de decidir. Si una nueva pandemia nos obligara al confinamiento y la vacunación masiva, siguiendo esta norma, muchos ayuntamientos enteros podrían avalar en sus plazas públicas que simple y sencillamente sus habitantes no se quedaran en casa y tampoco se inmunizaran. Así de absurdo y riesgoso este punto.

Pasemos al cuarto, un lineamiento que hoy por hoy está establecido en nuestras leyes y que es tan importante que hasta existe un instituto para cuidar la transparencia, el mismo INAI que ahora buscan extinguir a toda costa. ¿Si les parece tan necesaria la rendición de cuentas y la transparencia, por qué insisten en acabar con el INAI?

El chiste se cuenta solo en el punto cinco: “No hay cabida al nepotismo, amiguismo, influyentismo, sectarismo ni a los aviadores”.

La paridad externada en el sexto punto es lo más sensato del decálogo. En el siete, se habla de una política pública enfocada a los que menos tienen.

El punto ocho será complicado de cumplir en todo el territorio nacional. Impedir que los servicios públicos se privaticen nos dejaría, hoy por hoy, sin proveedores en las grandes ciudades de alumbrado público, limpia, servicio de recolección de basura y un largo etcétera.

El nueve cita la urgente división de las policías con los delincuentes: “En ningún caso la policía se utiliza para reprimir al pueblo y hay una línea divisoria con el crimen organizado” ¿Realmente todas las autoridades que emanaron de Morena se comprometerán a mantener esa sana, necesaria y urgente división?

Y finalmente, el 10, nos dice que los morenistas no darán espacio a “banalidades”. ¿Y entonces esta ridícula firma que habrán de estampar un gobernador, 55 presidentes municipales, 17 diputados locales, 13 diputados federales, un senador y 496 regidores, sólo en Puebla?