Ante las investigaciones por corrupción en contra de Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente español, respectivamente, la salida de Pedro Sánchez ha sido una calca de las propuestas de la Cuarta Transformación mexicana.
Lejos de transparentar, presentar pruebas e incluso alentar a que la justicia sea quien investigue las acusaciones en contra de su círculo familiar, Pedro Sánchez propone la llamada Ley Begoña que en palabras simples impide a los jueces sustentar o iniciar investigaciones con base en las publicaciones periodísticas, a la par que entrega el proceso judicial -que ya está en curso- al fiscal, Álvaro García Ortiz. En España, como en México, la figura del fiscal-carnal es común. La amistad o al menos el intercambio de favores entre Álvaro García y Pedro Sánchez es habitual.
Con el falso argumento de que la Ley Begoña ampara la democracia y con el Parlamento a su favor, el presidente español podrá imponer su propuesta de reforma y así hacer a un lado a los jueces que hoy investigan el caso de presunta corrupción de su esposa.
Se trata del debilitamiento, legal, de uno de los Poderes que deberían ser el equilibrio del Ejecutivo. Tal como sucede en nuestro país con la llamada Reforma Judicial, en donde los jueces estarán a merced de sus padrinos políticos o del voto popular que logren conseguir.
La reforma española también encierra un riesgo para los medios de comunicación, de entrada se desacreditan las investigaciones periodísticas.
Ante la inminente aprobación de esta ley, los jueces de España han pedido ayuda a la Unión Europea.
¿La reforma de Pedro Sánchez logrará dejar impunes los casos de presunta corrupción por los que están siendo investigados su esposa y su hermano?
Todo apunta a que así será.
Infonavit y vivienda
No sólo en materia judicial tenemos semejanzas entre España y México. La reforma a la Ley del Infonavit que se presentará en estos días en el Congreso de la Unión -y la cual pasará cual cuchillo sobre la mantequilla- presenta algunos puntos bastante cuestionables.
El primero de ellos que ha señalado claramente la oposición es la “desaparición” de los fondos de ahorro de los trabajadores. Casos como la eliminación de los fideicomisos nos demuestran que efectivamente el gobierno es pésimo administrador y termina gastándose el dinero que por años se ahorró.
El otro fallo que deberán cuidar en esta reforma es evitar que los terrenos que el gobierno expropie, es decir, que sean de la nación, terminen siendo “regalados” o “cedidos” a constructoras particulares para que sean ellas quienes construyan y vendan las viviendas del Bienestar.
En ese caso, el Estado estaría invirtiendo en terrenos para beneficiar a empresarios particulares. Esa es una de las principales quejas de la oposición en el Parlamento español al nuevo proyecto, que el presidente ha llamado: “Vivienda, quinto pilar del estado del Bienestar”.
Es claro, no importa de qué lado del océano se esté, el progresismo es el principal enemigo de las instituciones jurídicas.
