En la comunidad indígena de San Antonio Rayón, en Jonotla, la población está molesta. La elección de las juntas auxiliares realizada el pasado domingo fue el marco de acciones ilegales y agandalles.
Vayamos por partes. Jonotla es gobernado por la presidenta municipal, Jael Peña Lobato, quien recibió el Ayuntamiento de manos de su esposo, Gerardo Méndez Barrera.
En las elecciones de junio pasado, Gerardo Méndez no pudo buscar la reelección porque ya era alcalde electo, es decir, que la familia Méndez-Peña lleva al frente del gobierno de Jonota tres periodos consecutivos.
Es de esos, por desgracia, casos comunes, en donde un integrante de la familia le “hereda” el poder a otro.
A Jael y a su esposo Gerardo, los habitantes de Jonotla les buscaron insistentemente durante la pandemia del Covid-19, pero al parecer, ambos, ella entonces titular del DIF municipal y él alcalde, decidieron tomarse en serio eso de “Quédate en tu casa” y su casa, no estaba en ese municipio.
De ahí que lograr el triunfo en la elección pasada necesitó de un poco de ayuda. El gobierno de Gerardo entregó algunos apoyos u obsequios a pobladores para que votarán por la candidata que impulsó el partido Nueva Alianza.
Estas malas prácticas, parece ser que también se heredaron, pues en días recientes personal del ayuntamiento que dirige Jael Peña Lobato se dio cita en las viviendas de los pobladores de San Antonio Rayón, para pedir el voto a favor de una planilla. Sobra decir que eso es ilegal.
La planilla, adivinaron, era la que la alcaldesa impulsaba, una en la que coincidentemente están inscritos familiares y amigos de Jael Peña.
La presidenta también “olvidó” que en esa comunidad, la elección se realiza por usos y costumbres, lo que enojó aún más a los habitantes del municipio fronterizo.
Con pancartas improvisadas y hasta una lona, los habitantes le dejaron mensajes a su presidenta municipal: “Respeto a la autonomía”, “No más intromisión”, “Ni un solo voto a la imposición”, “Respeto a usos y costumbres” y “No somos ignorantes”.
Desde el centro de dicho municipio, los afectados lanzaron un llamado al gobernador Alejandro Armenta. Le han pedido que les apoye para que se respeten sus derechos como una comunidad indígena.
En tanto la alcaldesa puede seguir con su vida citadina, en la capital poblana o en donde prefiera estar, convencida de que las protestas de una comunidad tan alejada del centro político no se escucharán.
¿Y luego nos preguntamos por qué la gente se enfurece en las comunidades?
