El sistema de salud en México no se acerca ni por asomo al de Dinamarca. Todos los días, afuera de las clínicas y hospitales de la red de salud federal -léase IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex- los derechohabientes salen con quejas reiteradas.  

Faltan medicamentos, no hay equipos en condiciones para realizar estudios o intervenciones quirúrgicas, las citas médicas se programan para dentro de dos o tres meses, en urgencias hay carencia desde gasas hasta camillas, resultados de los exámenes de laboratorio “urgentes” tardan entre 48 y 72 horas. La lista continúa.  

Este enorme caos, que literalmente cuesta vidas y que viola el derecho a la salud que debería garantizar el Estado, se ha trasladado a los nosocomios de las redes estatales de Salud, en concreto, en Puebla, los hospitales que operaba el gobierno estatal ahora están bajo las reglas del famoso IMSS-Bienestar.  

El IMSS-Bienestar, recordemos, fue un invento de AMLO para encubrir una de sus decisiones de gobierno más lacerantes para “el pueblo bueno”. Antes de López Obrador, el Seguro Popular funcionaba con sus observaciones, mucho mejor que el invento de Andrés Manuel llamado Insabi.  

El Insabi, que causó desde el desmantelamiento de clínicas y hospitales hasta un enorme desabasto de vacunas y medicamentos -por romper las cadenas de suministro y distribución-, fue tan desastroso que el propio AMLO tuvo que ordenarle a sus diputados que lo desaparecieran por inoperante y así nació el malogrado IMSS-Bienestar.        

En este proyecto, entre otras cosas, se consolidan las compras a nivel federal y se envían, cuando pueden y quieren, los insumos que haya a los estados. En otras palabras, el gobierno federal es el responsable de todas las carencias que hemos mencionado.

Los estados, las secretarías estatales, se han convertido en meras oficinas de trámites. Ya no tienen presupuesto ni voz en las decisiones de políticas públicas.  

Sin embargo, en un momento de urgencia médica o cuando se requieren tratamientos y estudios, los pacientes y sus familiares, terminan por arremeter contra las autoridades más cercanas: el director del hospital, el secretario de Salud en el estado y claro, hasta el propio gobernador. 

Ninguno de los antes mencionados tiene en sus manos la posibilidad de resolver la catástrofe en la cual se ha convertido nuestro sistema de salud, pero serán quienes tengan que recibir los -justificados- reclamos sociales.  

Cuando se tiene un enfermo en la familia o en el núcleo cercano y las instituciones públicas de salud no pueden atender las necesidades, se vive una enorme impotencia, que terminará desfogada, insisto, en contra de todas las autoridades estatales.  

Es cierto que los ciudadanos no están obligados a saber que esa rabia, que esos reclamos, deberían ser dirigidos a la federación.  

En otras palabras, el capricho de AMLO y su mentira de que nuestro sistema de salud sería mejor que el de Dinamarca generará fuertes reclamos para las autoridades estatales, quienes sin ninguna atribución tendrán que afrontar la furia de quienes ven morir a sus familiares. 

Y esto apenas comienza…