Marco Antonio Estrada y Tomás Méndez, fueron detenidos el 14 de julio de 2015.

El primero era director de la Policía Estatal de Puebla (PEP), el segundo era comandante del Grupo de Operaciones Especiales.

Ambos bajo el mando del entonces secretario de Seguridad Pública estatal (SSP), Facundo Rosas Rosas.

Tras la detención, Rosas solo duró un mes más en el cargo.

Hasta que las cosas se enfriaron, Rafael Moreno Valle, lo dio de baja.

Así salió, quien ahora presume en sus redes sociales que en su mando el huachicol era menor en Puebla.

Lo que no dice en su cuenta de X es que las denuncias por tomas clandestinas no son iguales al incremento del delito de robo de combustible.

Pemex sólo puede interponer una denuncia por toma clandestina.

El hecho de que haya más o menos denuncias, no significa que haya más o menos robo de combustible.

Además, al ser un delito de orden federal, Facundo Rosas, ni siquiera debe atribuirse los resultados cuando estuvo al frente de la SSP.

Más allá de las cifras, Marco Antonio Estrada, era su director de la PEP y lo agarraron militares con cerca de 25 camionetas que cargaban combustible de una toma clandestina con gasolina Magna.

Ahora, Marco Antonio Estrada y Tomás Méndez, están libres, luego de que fueron sentenciados a alrededor de cinco años de prisión, pena que ya cumplieron.

Pero en sus juicios salieron varios detalles que quedaron en el misterio.

Por ejemplo, la parte acusadora buscó que se aceptaran como pruebas algunas las conversaciones de Whatsapp en uno de los celulares Estrada.

Dichos textos lo vincularían con una banda dedicada al robo de combustible o alguna persona importante, como lo documentó en su momento el periodista Josué Mota, en base a las audiencias.

Particularmente había dos mensajes que le llegaron a Estrada de un contacto que registró como “Viejón 3”.

A las 12 de la noche del 14 de julio del 2015 cuando ya estaba detenido por militares en un camino de Tepeaca, Estrada recibió el mensaje de WhatsApp: "Qué partida de madre nos pusieron estos ojetes".

Una hora después ese mismo contacto le preguntaba "¿Qué pasó jefe por qué no contestas?".

En ese momento Estrada ya no tenía en sus manos su teléfono sino los efectivos del Ejército.

La defensa sin negar la veracidad de los mensajes, argumentó que dicha prueba no debía ser considerada al ser ilegal que la Fiscalía General de la República (FGR), no tenía autorización judicial para revisar los registros de los celulares.

Ahí quedó el tema, el misterio y la duda de la identidad del mentado “Viejón 3” al que reportaban.

Lo que sí se presentó y que derivó en la sentencia, fue una gran cantidad de testimonios oculares de policías municipales y estatales, militares, personal de Pemex, pruebas de geolocalización, entre otras.

Hasta 2012, Puebla tenía un promedio de 110 tomas clandestinas; en 2013 eran 211; 2014 subió a 335; para 2015 llegó a 800.

Después la inercia siguió, de lo que se empezó en aquel no tan lejano 2010.