La tragedia de los desaparecidos que vive el país, aunada a la falta de impartición de justicia y el descrédito social hacia las autoridades, han generado un problema social del que no se ve una salida ni fácil ni pronta.

El cierre de vialidades que se ha multiplicado en los últimos meses en Puebla, para exigir que “aparezcan” sus familiares o vecinos, han generado enormes afectaciones, desde retrasos, pérdidas económicas y las más graves, casos de salud.

El problema es muy delicado, porque tiene un origen bastante legítimo: la urgencia de localizar a un familiar.

En este país donde las cifras oficiales superan los 128 mil desaparecidos y donde cada cierto tiempo encontramos ‘fosas clandestinas’ lo mismo en San Fernando, que en Teuchitlán, acudir a las oficinas de una Fiscalía, donde se sabe que invertirías de 6 a 8 horas y nada te garantiza que comenzarán una verdadera búsqueda, el cierre de vialidades se ha convertido en la única acción desesperada de familiares y amigos, para exigir atención.

Lograr que la sociedad vuelva a confiar en sus autoridades, para activar los protocolos adecuados de búsqueda, en lugar de tomar a la justicia en sus manos, es urgente. Requerirá de muchísimo trabajo entre las comunidades y los primeros respondientes, sea el Ayuntamiento, la policía estatal, la Guardia Nacional o la Marina.

Un tema que se debe trabajar a la par y desde las instituciones -municipales y estatal- es ahondar en las causas que orillan a los menores de edad, principalmente adolescentes, a abandonar sus casas. Más allá del estereotipo que hay detrás de un ‘se fue por su voluntad’, existe un mar de circunstancias que deben ser atendidas. 

La necesidad de atraer la atención de las autoridades para comenzar una búsqueda, no debe ni puede estar peleada con el respeto y el derecho de terceros para poder transitar libremente.

Satanizan dulces; toleran huachicol

Al más puro estilo de la 4T, Nayeli Salvatori arremetió contra niños, niñas y los padres de familia que apoyan a sus hijos en la venta de dulces en el interior de las escuelas, a sabiendas de la prohibición que arrancó el pasado 29 de marzo.

Para la diputada local es muy grave que se fomente la venta de cosas prohibidas, al grado que estimó que los pequeños emprendedores de hoy, serán los extorsionadores de mañana.

Pero la legisladora, que no hace mucho recorría la México-Puebla para ir o regresar a la Cámara de Diputados, debió ver y saber de los ‘puntos de venta’ de huachicol que operan al pie de la carretera.

Las camionetas con franelas, bidones y/o lámparas buscan atraer a los compradores de la gasolina que se ordeña de manera legal -y altamente peligrosa- en los ductos que corren de manera paralela.

Esos ‘presuntos’ delincuentes no han recibido, de parte de la diputada, señalamientos tan severos como los que le merecieron los menores de edad.

Ni siquiera porque la venta de ese combustible robado se realiza a plena luz del día, en una vialidad por donde diariamente pasan patrullas de la Guardia Nacional.

¿Acaso ese tráfico de combustible robado lo hemos normalizado al grado de suponer que ‘no importa’?

Y dicho sea de paso, en esta columna, así como en diferentes espacios de Intolerancia Media Group hemos hablado de la importancia de educar para lograr una alimentación sana y consciente, antes que la prohibición, que siempre termina por ser una enorme tentación.