Los foros que se realizan en el Senado previo a la votación de la Ley de Telecomunicaciones enlistaron los enormes riesgos que tiene la llamada #LeyCensura, para la democracia mexicana. 

Apagar las plataformas digitales que no convenzan a una sola persona en específico, sin motivos claros, tiempos definidos o límites razonables, han sido el eje, pero no son la única red flag que se ha denunciado. 

Las nuevas atribuciones que los legisladores de la 4T pretenden darle a la persona titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reflejan el sueño de quienes desean controlar todas las narrativas y los matices de la información pública. 

Aún no se aprueba la reforma, pero los límites a la libertad de expresión por parte del gobierno y de quienes son sus aliados se han hecho sentir, lo mismo apagando micrófonos en la Cámara Alta, que retirando el turno en los conversatorios a panistas. Y eso que la ley no está aún ni enlistada para ser votada. 

Adicionalmente, en el inicio de estas interesantes exposiciones pudimos conocer que la #LeyCensura también busca revivir el viejo sueño de los dictadores y generar un registro de usuarios telefónicos, asociados a su identificación oficial y a su geolocalización en tiempo real, todo ello, sin necesidad de una orden judicial ni de un motivo. En resumen, el gobierno podrá conocer en dónde está, desde qué celular se llama y a nombre de quién está la línea telefónica, todo bajo el amparo de una ley que, claramente es una violación a los derechos humanos. 

El control, la censura y la regresión no pueden estar amparados en comerciales del gobierno norteamericano, que dicho sea de paso, continúan apareciendo en plataformas digitales. 

Es cierto que México necesita reglas que estén a la altura de las novedades tecnológicas, encontrar los límites en la Inteligencia Artificial y la protección a las audiencias, sin embargo, esta reforma propuesta por la Presidencia de la República y que Morena se apresura a votar, pese al llamado de Claudia Sheinbaum a revisarla, no considera los puntos innovadores y menos a las audiencias, por el contrario, se trata de un documento regresivo que pone en riesgo, la ya lacerada democracia mexicana. 

Si todos los medios de comunicación del país se ciñen al discurso oficial, a la doctrina que dicte el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, corremos el enorme riesgo de perder la pluralidad. Y la historia, con casos como el de Hitler, nos ha confirmado que en temas de propaganda, una mentira repetida mil veces termina por ser considerada como una verdad. 

La reforma a la Ley de Telecomunicaciones se convierte en una barbaridad cuando los morenistas intentan justificar que el poder de ‘bajar el switch’ esté concentrado en una persona y que insistan en que es deplorable que, como lo hacían los gobiernos neoliberales, se realicen procesos de selección de comisionados, para que sea todo un consejo quien tenga en sus manos las atribuciones, para sancionar los excesos. 

La ruta legislativa está trazada. En las comisiones ya se aprobó y el conversatorio, lo dijo Javier Corral al iniciarlo, es un ejercicio previo a la votación de la Ley.

En el colmo del absurdo, José Merino, el actual titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que sería quien tendría en sus manos todo el poder que busca darle Morena y sus aliados, no se dio cita al diálogo. 

¿Cómo para qué?