A toda esta vorágine postelectoral que mantiene a todo Puebla en vilo podría agregarse un tema adicional que rompería con todos los cálculos hasta ahora realizados.
En materia de derecho electoral, existe jurisprudencia de la propia Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (SSPJF), que contempla el Juicio Per Saltum, que no es otra cosa que la facultad de ley, para que quien se considere afectado, pueda solicitar a la propia SSPJF que atraiga un caso de Juicio de Revisión Constitucional (JRC) cuando se considere que el tribunal estatal electoral no garantiza la imparcialidad de sus resoluciones.
Es decir, que si Morena promueve un Juicio Per Saltum ante la sala, con base en todas las pruebas que dice tener, en donde se demuestra que no existen condiciones de imparcialidad por parte de los magistrados que componen el Tribunal Estatal Electoral, sumadas a lo que se observe en el conteo de votos ordenado por ese colegiado, podrían atraer el Juicio de Revisión Constitucional, sin importar que no se hayan agotado las instancias locales, rompiendo cono excepción el llamado principio de definitividad.
De acuerdo con tratadistas en la materia electoral, consideran que el Per Saltum es un juicio garantista que protege a quienes pueden ser dañados por las condiciones de parcialidad en las entidades federativas.
Ante esta posibilidad, no hay que descartar que los abogados de Morena acudan a la SSPJF para solicitar se aplique el Per Saltum, con lo que pasaría el expediente de la elección de gobernadores Puebla directamente a los siete magistrados de la Sala Superior, fin que el Tribunal Estatal Electoral pudiera emitir su resolución.
Con este supuesto, se confirmaría el doble error del morenovallismo al haber detenido más tiempo el fallo del Tribunal Estatal en el que tienen control de dos de sus magistrados y al no haber abierto los paquetes en su terreno de dominio.
Si en lugar de alargar la resolución, se hubiera ordenado la apertura de paquetes y se hubiera ratificado el triunfo de Martha Erika, se habrían evitado el recuento bajo la tutela federal y que estén ahora ante la posibilidad de que no los dejen ni resolver en el ámbito local.
Este letargo, producto de la soberbia morenovallista puede costar mucho más caro de lo que hasta hoy imagina Rafael.
Habrá que esperar para saber si los abogados de Morena deciden actuar con bases legales, o si prefieren seguir litigando en medios, sin presentar pruebas y elementos que puedan darle vuelta a la tortilla.
Por el momento, ya les hice parte de la tarea. ¿Serán capaces de terminarla?
Veremos y diremos.
Los riesgos de legislar con los pies
Lo que hoy puede considerarse como un éxito legislativo, podría revertirse y terminar en un dolor de cabeza para los diputados morenos.
Y es que la reforma al artículo transitorio en el que se determina regresarle la facultad al congreso local de nombrar al Fiscal General en caso de que el titular solicite licencia por más de 30 días, está plagado de un sinfín de aberraciones jurídicas.
Sí bien es cierto que todo Puebla celebra la caída de Víctor Carrancá, también es un hecho que los diputados deben apegarse a derecho para evitar que les reviertan sus acciones legislativas.
A reserva de sustentar sus gazapos como hacedores de leyes, les anticipo dos puntos claves: no consideraron que hoy tanto la Fiscalía como la Auditoría son entidades autónomas, y que el simple principio de retroactividad los pueden exhibir por su falta de conocimiento jurídicos.
Evidentemente nadie les explicó que la única manera de echar fuera al hoy Fiscal General que suple a Carrancá, es promoviendo ante la Suprema Corte la inconstitucionalidad del artículo transitorio que permitió la llegada de Gilberto Higuera a Puebla.
Si no se asesoran por verdaderos juristas y se siguen dejando llevar por sus calenturas, los diputados de la bancada de Juntos Haremos Historia verán cómo les tiran una y otra de sus acciones.
Jurídicamente tenían la cabeza de Carrancá e Higuera en sus manos y prefirieron irse por el camino mediático.
Les urge una bolsa de hielo en la cabeza.
