A las 4.30 de la mañana un fuerte ruido en la puerta despertó a Arafat, que lo hizo pararse de un brinco y en menos de dos pasos llegar al marco de la entrada de su recámara.
Inmediatamente al abrir, el cañón de un rifle de asalto es colocado en su rostro con el grito de “Policía Ministerial”, al tiempo que otros encapuchados corrían al cuarto contiguo donde dormía su papá, Miguel Ángel Rosas, quien además es catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).
Carlos Arafat Rosas, fue uno de los siete estudiantes de dicha universidad detenidos durante la madrugada de este viernes 5 de junio. El suplicio para todos duró cerca de 24 horas.
Fueron más de 20 policías ministeriales, que irrumpieron en la casa de la 21 Poniente 1914 en el barrio de Santiago, en al menos cinco patrullas, tres automóviles y dos camionetas, para sacar al joven estudiante de Sociología.
“Llegaron de manera violenta tronando chapas, estaba durmiendo, me encañonan, someten a mi papá que es diabético y tiene una hernia en el estómago”, dijo en entrevista Arafat.
“No se presentan en ningún momento, sin ninguna orden de aprehensión”, refirió al señalar las armas largas y cortas.
“Cuando abrí mi cuarto me encañonaron con una 'metralletota'”, dijo al referir que posteriormente revisaron cada rincón de su casa en busca de mecheros, gasolina, armas, gas, estopa. “No teníamos absolutamente nada”.
“Se llevan mantas volantes, estuvieron aproximadamente dos horas, mientras me tenían frente a ellos grabando todo el tiempo, agarraron todos los celulares y cámaras, además de que se llevaron mi camioneta”, indicó.
Refirió que ahora su vivienda tiene sellos, por lo que no puede entrar “de hecho no tengo nada de ropa, ni calcetines tengo”.
Señaló que no fue esposado porque estuvo accesible. “Yo no había hecho nada, por lo que no tenía nada que temer, me llevan a la Procuraduría”.
“Cuando llegamos a la Procuraduría, al mismo tiempo llegan dos compañeros sometidos de Sociología, Erick López y Juan Carlos Tepoxtle, los tienen golpeados, ensangrentados, esposados, nos toman fotos”.
Ya en los cuartos de las instalaciones, fueron separados, hasta que llegaron los demás detenidos, estudiantes de la facultad de Medicina, “fueron  tres cateos al mismo tiempo de manera sincronizada”.
Señaló que no hubo amenazas ni mayores problemas con los policías. “Después de media hora de estar revisando me presentaron un orden la cual tenía siete puntos de búsqueda”, dijo.
En tanto, Antonio Parra Ortega, padre de Dulce Carolina Parra Escalona detenida el viernes con lujo de violencia por su presunta participación en el ataque a oficinas del INE, un paradero de RUTA y la delegación de la Secretaría de Economía, dijo indignado: “No queremos un segundo Ayotzinapa, donde torturen y desaparezcan a nuestros jóvenes”.
 

Acusaciones

Por la noche de este viernes 5 de junio, la PGJ emitió un primer comunicado en el que hizo referencia que fueron detenidos luego de investigaciones de inteligencia que los llevó a determinar que estaban inmiscuidos en un ataque al Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo aclararon que fueron detenidos por los hechos del 27 de marzo cuando un artefacto estalló parcialmente, pero sin causar daños a las oficinas o a los trabajadores del INE.
Además se les vinculó con el atentado a edificios públicos del INE, Secretaría de Economía y de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), cuando con bombas molotov dañaron las instalaciones en la madrugada del lunes 1 de junio.
“En seguimiento a lo ocurrido el pasado 27 de marzo de 2015 ante actos vandálicos registrados en oficinas del INE, la PGJ del Estado de Puebla, ha realizado diversas investigaciones que han permitido vincular estos hechos con los ocurridos el 1 de junio del 2015, en los que también derivado de actos vandálicos en los que se activaron artefactos que provocaron combustiones, se registraron daños en las instalaciones tanto del INE como de la delegación de la Secretaría de Economía, y en un paradero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA)”. 
“De acuerdo con los datos de Inteligencia obtenidos, se ha podido establecer la posible participación de varias personas”.
“Con apego a la Ley, por una parte se llevaron a cabo cateos ordenados por la autoridad judicial, y al mismo tiempo, fueron presentadas ante el Ministerio Público, siete personas de quienes se definirá su situación jurídica en un lapso de 48 horas”. 
“Para deslindar responsabilidades, prevalecen diligencias a cargo de la PGJ Puebla, a través de la  Dirección General de Servicios Periciales  y  de la Policía Ministerial. En tanto que, respetando en todo momento sus Derechos Humanos, las siete personas permanecen a disposición de las autoridades”.
Finalmente la PGJ desistió de las acusaciones liberando a los universitarios, aunque dejó abierta la averiguación previa contra de ellos.