Por instrucciones del gobernador Marco Mena, el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, dio a conocer a los integrantes del gabinete legal y ampliado criterios sobre el correcto uso de recursos públicos, con especial atención durante la veda electoral, a partir del jueves 3 de junio y hasta la conclusión de la jornada que se llevará a cabo el próximo 6 de junio, con el propósito de contribuir al desarrollo de elecciones en el marco de la ley.

A través de un oficio dirigido a los titulares de las dependencias que forman parte del Poder Ejecutivo, indicó que para garantizar el derecho al voto deben evitar cualquier acto que obligue, coaccione o induzca a la ciudadanía a votar por una opción política, abstenerse de votar o revelar el sentido del voto emitido.

También, deben evitar difundir, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados.

Asimismo, para cumplir con el principio de imparcialidad, refirió que los servidores públicos tienen prohibido ordenar, autorizar, permitir o tolerar la entrega, otorgamiento, administración o provisión de recursos, bienes o servicios que contengan elementos visuales o auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven, velada, implícita o explícitamente el apoyo a alguna candidatura o partido político.

En este sentido, la Secretaría de Gobierno (Segob) recordó a los funcionarios públicos que el uso de sus redes sociales personales puede considerarse como medio oficial en algunas circunstancias, por lo cual señaló que es importante que, en caso de difundir algo por esos medios, se apeguen a los principios rectores en materia electoral, y las utilicen de manera imparcial y objetiva, sin influir de ninguna manera en la contienda electoral.

Por otra parte, Pérez Carro indicó que no está permitido comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades político-electorales o permitir que se ausenten de sus labores para esos fines, ni tampoco ejercer presión o coaccionar a servidores públicos para que funjan como representantes de partidos ante las Mesas Directivas de Casilla o cualquier órgano electoral.

Agregó que los servidores públicos no deben utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-electorales para promover o influir de cualquier forma en el voto a favor o en contra de una opción política.

El secretario de Gobierno manifestó que las conductas antes descritas, realizadas por cualquier persona servidora pública, por sí o por interpósita persona, implican acciones sancionadas por la ley, razón por la que solicitó a los integrantes del gabinete legal y ampliado comunicarlas a todas y todos los servidores públicos adscritos a sus áreas.

De esta manera, el gobierno del estado reitera su compromiso de cumplir con las normas que rigen el actuar de los servidores públicos, así como con las disposiciones en materia electoral, relacionadas con el adecuado uso de los recursos públicos, para garantizar elecciones libres y en el marco de la ley, como lo comprometió el gobernador Marco Mena al firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia, que convocó el presidente de México.