El presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi, manifestó que la Ley de Ingresos Municipales establece de manera clara y precisa los recursos que recibe el ayuntamiento por cada uno de los conceptos establecidos en el proyecto.
Dicha propuesta, precisó, está encaminada a “construir mecanismos y rediseñar estrategias que consoliden la economía, para fortalecer la infraestructura municipal, su equipamiento y modernización de los servicios que proporciona el ayuntamiento, que permitirá disminuir la brecha ante los ciudadanos tlaxcaltecas, mejorando su calidad de vida, consolidando nuestro municipio como competitivo”.
En la sesión de Cabildo se explicaron los rubros de donde habrá percepciones para el municipio, ultimando los detalles del proyecto, que para este ejercicio contará con un aumento del 5 por ciento de acuerdo al Banco de México.
En el primer capítulo, correspondiente a impuestos, se proyecta una recaudación de 25 millones, 518 mil, 703 pesos, integrados por los apartados de impuestos sobre patrimonio y accesorios de impuestos.
El segundo capítulo, señala el apartado de derechos, que proyecta una recaudación de 27 millones, 163 mil 563 pesos por los conceptos de derechos por prestación de servicios y accesorios de derechos.
En tanto, para el capítulo de productos, se contempla un monto de 3 millones, 721 mil, 404 pesos. Para el rubro de aprovechamientos, 785 mil, 449 pesos.
Para el apartado principal, correspondiente a participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la aprobación fiscal y fondos distintivos de aportaciones, el monto estimado es de 223 millones, 236 mil, 234 pesos.
Esta proyección da cumplimiento al Código Financiero y la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y deberá ser presentado el día 30 de septiembre como fecha límite para su aprobación en el pleno del Congreso de Tlaxcala.
Finalmente, el cuerpo edilicio acordó, mediante una votación unánime de 20 votos a favor, la aprobación de esta ley que deberá regir durante el año fiscal siguiente el ordenamiento jurídico que faculta a los ayuntamientos para cobrar los ingresos a los que tienen derecho para cubrir sus gastos públicos.