Antecedentes (Primera Parte)

Fue 2019 un año crucial para el periodismo en México y para las mujeres periodistas, luego de revelarse en las redes sociales testimonios sobre acoso y hostigamiento sexual que experimentaban las comunicadoras por parte de compañeros, en su lugar de trabajo y al buscar información con algunos funcionarios y figuras públicas.

A través de la etiqueta #MetooPeriodistasMexicanos la sociedad en general pudo enterarse que las mujeres periodistas no sólo presentaban el mismo peligro y riesgos que los hombres al ejercer su trabajo de investigación, también problemáticas por ser mujeres que, en muchas ocasiones, las orillaban, incluso, a renunciar a sus medios de comunicación.

Tlaxcala también creó su red de #MeTooTlaxcala durante el mes de marzo de 2019; sin embargo, se dirigió a las mujeres en general, y no sólo a periodistas que deseaban expresar alguna situación de acoso sexual; a partir de ese momento las marchas y manifestaciones de mujeres y organizaciones civiles en defensa de sus derechos.

También se vieron marchas con presencia de estudiantes, madres e hijas, así como trabajadoras en general. Derivado a que en 2020 y 2021 surgieron testimonios de mujeres que acusaban que dentro del ayuntamiento capitalino y del gobierno estatal existían personas que las habían acosado sexualmente por redes sociales y de forma personal, sólo algunos de los señalados fueron cesados de su cargo sólo de forma momentánea.

Comunicadoras alzan la voz

Fue en la marcha del 2022 en Tlaxcala cuando también destacó un contingente de periodistas y ese mismo año, durante el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, nuevamente salieron a la luz testimonios en contra de trabajadores, como funcionarios, secretarios y un fotógrafo.

Para este último, le siguieron las acusaciones hasta la actualidad, tras un comunicado publicado en el mes de abril de 2023 por un grupo de periodistas, quienes señalaban sentirse incomodas dentro de su área de trabajo por la presencia de estas figuras que continuaban laborando dentro de espacios públicos y para ser precisos, dentro de la Dirección General de Comunicación Social.

Pese a que las comunicadoras lanzaron un llamado a la Unión de Periodistas del Estado (UPET), organizaciones civiles y la Comisión de Derechos Humanos (CEDH), sólo una activista se pronunció por sus derechos, ya que a las denunciantes se les exigía signar la queja para validar el comunicado; no obstante, el grupo de periodistas pedía anonimato argumentando que muchas de ellas laboraban o conocían de cerca a la persona acusada, así como también temían represalias por el propio gobierno del estado.

¿Qué pasa si hay denuncias?

En marzo 2023, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer el Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual para la Administración Pública Estatal.

En entrevista, su titular, Eréndira Cova Brindis detalló que a partir de ese momento se ha buscado concientizar en el respeto y valores por parte de la función publica hacia toda la población, principalmente las mujeres; el protocolo se ha turnado a la Oficialía Mayor para su publicación, el cual contine pasos y recomendaciones ante denuncias.

Cova Brindis reconoció que en ocasiones las mujeres no denuncian o incluso no terminan el proceso de denuncia por temor a ser juzgadas, contando hasta el momento con tres procesos de investigación por funcionarios y servidores públicos en tema de acoso sexual en lo que va de la actual administración de Lorena Cuéllar Cisneros.

“Es importante que tanto funcionarios como servidores públicos conozcan nuestro Código de Ética, ahí hacemos relevancia para que ellos atiendan los valores y principios que se requieren para el servicio público y que esa sea la manera de conducirse”.

Hasta este momento no se han inhabilitado funcionarios o servidores públicos por estas acciones, sin embargo, de comprobarse uno o los tres casos, las sanciones varían incluyendo la inhabilitación del cargo.

En la entidad, la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, representada por Leonel Tlalmis, que además forma parte del gobierno estatal, señaló que a poco más de un año de su creación no se tienen datos ni registros de acoso sexual a mujeres periodistas.

Es ahí cuando se muestra que la mayoría de las periodistas, pese a querer levantar la voz, temen perder sus trabajos, sobre todo porque gran parte de sus acosadores son figuras con poder, por lo que prefieren callar y no denunciar, ya que en todos los casos trabajan junto a sus acosadores, ya sean compañeros, funcionarios, integrantes de instancias privadas o políticos, a los que se les pide entrevistar y, con ello, enfrentar a su propio acosador de forma silenciosa e incómoda.

A raíz de ello, Intolerancia Tlaxcala recolectó datos alarmantes de 31 reporteras de diversos medios digitales e impresos, así como también comunicadoras que trabajan en áreas de gobierno, radio y la propia televisión estatal, destacando que periodistas a las que se les envió la encuesta se reservaron contestarla, por temor a represalias.

Sus testimonios mostraron prácticas como que sus compañeros vean pornografía en el lugar de trabajo, que funcionarios y los mismos directores de los medios las saluden intentado besarlas en los labios, que sean abrazadas o tomadas del brazo y cintura por funcionarios sin su consentimiento para apartarlas del gremio periodístico o eventos y efectuar su entrevista lejos de todos.

Incluso, solicitándoles entrevistas exclusivas, para después expresarles tener una intención sexual hacia ellas; otras más denunciaron haber recibido fotografías de contenido sexual, que compañeros de trabajo les tomaran imágenes sin su consentimiento para luego enviárselas como “regalo” e insistir en tener citas con ellas.

También denunciaron haber sido privadas de información o eventos por funcionarios, servidores públicos o trabajadores de gobierno, sólo por no aceptar salir con ellos, así como haber recibido castigos laborales por sus directores al querer poner límites frente a constantes acercamientos e insinuaciones.

Prácticas que dentro del gremio periodístico se han visto normalizadas, ya que en los casos, tras ser agredidas y acosadas de forma sexual, algunas periodistas no piensan que se cometió una violación a sus derechos humanos, lo ven como parte de su trabajo y prefieren no encontrarse siendo parte de la “noticia” o ser culpadas y revictimizadas.

Los datos

De acuerdo con los datos recabados, el 77.4 por ciento de las encuestadas señalaron ser víctimas de acoso sexual en algún momento de sus vidas; el 68 por ciento de estas mientras desempeñaban su trabajo periodístico, y 32 por ciento no están seguras de haber sufrido acoso.

Cabe resaltar que de las 25 mujeres que contestaron ninguna expresó un NO definitivo de recibir acoso sexual en el trabajo; de igual forma; el 80 por ciento del total, sufrieron acoso sexual de 5 a más de 10 veces en su vida.

Las periodistas señalaron ser violentadas en un 56 por ciento por parte de funcionarios o servidores públicos, el 36 por ciento por un jefe, de igual forma que por sus compañeros de trabajo, mientras que el 32 por ciento por compañeros de otro medio de comunicación.

El 80 por ciento de ellas, dijeron experimentar por parte de sus acosadores palabras, piropos o frases incómodas, el 72 por ciento miradas incómodas, el 40 por ciento contacto físico no deseado, el 24 por ciento ciber acoso y el resto visitas a domicilio, insinuaciones, fotografías no solicitadas entre otros.

Finalmente, el 93.5 por ciento de las encuestadas, señalaron importante el tema de capacitación a los integrantes de los medios de comunicación para evitar el acoso sexual y aprender a diferenciarlo.