En el pleno de esta soberanía, la diputada Blanca Águila Lima, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se expide la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Tlaxcala.
Esta propuesta de Ley tiene como objetivo priorizar que se ofrezcan de manera digital los trámites y servicios en el Estado, lo cual sucederá a través de los Portales Transaccionales que las dependencias tendrán, mismos que podrán ser utilizados por sus usuarios, quienes serán personas físicas o morales, por medio de una plataforma tecnológica transversal, que será empleada en varias áreas de la estructura organizacional de los Órganos del Estado, teniendo uso accesible de las herramientas que la plataforma ofrezca, ya que será clara y sencilla en las interfaces de acción entre el usuario y el sistema informático.
De igual manera, este proyecto realza la importancia de la mejora Regulatoria para una estrategia clara de innovación, por lo que establece la existencia de una Comisión, misma que tendrá por Secretario Ejecutivo a la persona titular de la Comisión Estatal de la Mejora Regulatoria de Tlaxcala, la cual estará directamente ligada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, que almacenará y resguardará por diez años los documentos y datos otorgados por usuarios a través de los portales que se establezcan por parte de los Órganos del Estado.
Asimismo, contempla la confidencialidad del tratamiento de información que se genere, esto en conformidad en lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.
Durante su intervención, Blanca Águila Lima, señaló que “una de las máximas ventajas que ofrece el Gobierno Digital, es la reducción de costos en sus operaciones gubernamentales, el incremento de la recaudación fiscal y la disminución de la corrupción de ventanilla, esto a través de nuevas políticas y metodologías digitales que desarrollan un valor público para las entidades gubernamentales, valor que se traduce en la confianza que los ciudadanos tendrán al realizar operaciones con el Estado, mismas que al ser transparentes, ágiles y rápidas, podrán ser realizadas de manera constante por la viabilidad, teniendo como resultado una recaudación fiscal mayor a la que se obtiene mediante el sistema tradicional de actuación pública”.
Esta propuesta de ley cuenta con ocho títulos y cincuenta y cinco artículos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
