La Dirección de Derechos Humanos de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, así como diversas organizaciones civiles, colectivos y grupos comunitarios, denunciaron un proceso de devastación socioambiental, el cual ha afectado severamente el consumo del agua potable en la entidad.
Denunciaron que en Tlaxcala no existe un programa integral para la restauración de la cuenca del Alto Atoyac, así como se violan los Derechos Humanos por las autoridades y dependencias en las acciones que van dirigidas a la conservación del medio ambiente.
Colectivos y organizaciones civiles participaron en una campaña de información y recolección de firmas, en rechazo a la iniciativa entregando los resultados al Congreso local y al diputado Bladimir Zainos Flores, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva y titular de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Fueron 52 municipios quienes participaron en esta campaña, recolectando firmas de 4 mil 771 firmas, de las cuales, mil 797 fueron de hombres y dos mil 947 mujeres, así como 27 no indicaron género.
De ellas 181 personas fueron menores de edad hasta los 17 años, mil 178 fueron personas jóvenes, de entre 18 a 29 año, dos mil 465 de 30 a 59 años y 890 personas mayores de 60 años, así como 57 no indicaron edad.
Entre los temas abordar señalaron que no existe una restauración integral de la cuenca, reprobando se impulsan proyectos de inversión industrial que solo buscan cuidar la imagen de la capital como el denominado proyecto del Autotrén.
“Que no se lleve a cabo el proyecto del Autotrén, a todas luces es innecesario para la población e ineficiente para la movilidad y la realidad de Tlaxcala, en vez de esto se busque la manera de mejorar la calidad de vida y de transporte, así como mejorar condiciones ambientales de salud personal”.
Las organizaciones exigieron políticas y proyectos por los que no se privilegien las ganancias, ni la corrupción de actores privados, y señalaron la incorporación de más de dos mil firmas más a dichas exigencias.
Los resultados de estas firmas se presentaron en el marco del XI Congreso Diocesano por el Medio Ambiente, exigiendo al pleno del Poder Legislativo una Ley de Aguas que sustente en los Derechos Humanos, así como que indique que la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento informe de manera periódica sobre todos los planes y proyectos.
Además, se establezcan acciones a realizar por el Poder Ejecutivo, industrias y organismos responsables para la recuperación de mantos acuíferos, entre otras exigencias, las cuales señalaron a través de más de 4 mil firmas la población busca la participación comunitaria junto con las autoridades y los tres niveles de gobierno en la recuperación del medio ambiente y el agua.
