Tras enterarse de un supuesto proceso de licitación pública, a través de una minuta de la Dirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios Dependientes, para el otorgamiento del servicio médico a los trabajadores en activo del Poder Ejecutivo, jubilados, pensionados y afiliados al Sindicato “7 de Mayo”, mostraron una inconformidad exigiendo que se respete el contrato colectivo, principalmente en materia de salud.
Y es que, el representante de los sindicalizados, Enrique Escobar, pidió a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, mantener una información precisa y correcta, así como aclarar si en el servicio médico a través de las empresas subrogada será una opción más para que los trabajadores sean atendidos o será una obligación o imposición para que acudan los trabajadores.
Dijo que en estricto derecho el gobierno no puede imponer un servicio de salud a los trabajadores afiliados al Sindicato “7 de Mayo”, ya que tienen un contrato colectivo vigente, el cual se encuentra surtiendo sus efectos plenos en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado (TCA).
Pese a que la representación legal del gremio se encuentra sin ser nombrado de forma legal, subrayó que el contrato colectivo de 2021 debe continuar vigente y respetarse.
Calificó como “una burla y una traición” para todos los afiliados de los sindicatos la firma de dicha minuta de trabajo con fecha 21 de julio, ya que no estuvieron todos los afiliados para hacerles de conocimiento, así como evidenciaron irregularidades en la repartición de medicamentos y el servicio médico, ya que anteriormente era del 100 por ciento, sin embargo, con esta nueva minuta sólo en caso necesario y ante enfermedades específicas.
Dicha minuta estuvo firmada por integrantes del Sindicato “Alberto Juárez Blancas”, Sindicato “Justo Sierra”, Sindicato de Maestros al Estado Mártires de 1910, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 55, buscando un acercamiento con el gobierno del estado para aclarar inconsistencias.