Luego que trascendiera la solicitud de tres gerencias regionales de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), para que la Secretaría de la Función Pública interviniera en una denuncia por actos de corrupción de Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez, en entrevista para Intolerancia Tlaxcala, la funcionaria explicó que se trata de señalamientos sin fundamentos de quienes se oponen a los resultados al interior de la dependencia.
 

Detalló que dentro de la Coeprist no existe corrupción y, por el contrario, se han dado resultados cerrando establecimientos por incumplimiento de la ley que ha generado molestia y enojo.

Explicó que muestra de estos resultados es la recaudación económica histórica que ha realizado en la presente administración, derivado a que en años pasados se generaron no más de 140 mil pesos, sin embargo, actualmente se tiene una recaudación de más de 2 millones de pesos.

“Y eso no se hace con actos de corrupción, se hacen con actos de que todo lo que se está multando llega a las arcas de gobierno […] no multando por multar, don establecimientos que incumplieron”.

De esta forma, detalló que se multa a establecimientos que se le han encontrado armas, drogas, que están insalubres o, incluso, no cumplen con las normas, los cuales generan una multa de hasta 25 mil pesos.

Sin decir nombre, sostuvo que entre estos establecimientos se encuentran los de la calle Xicohténcatl, evidenciando que se hacían pasar como tiendas, pero eran bares, por lo que reconoció que este tipo de cierres ocasiona molestia.

No obstante, se dijo estar tranquila deja do en claro que no hay evidencia de corrupción.

Pese a ello, negó que busque interponer ante este tipo de difamación, por el contrario, adelantó que continuará trabajando de la firma correcta junto con su personal.

Es de recordar que Yazmín Jiménez junto con sus subordinados fue denunciada por presuntos actos de corrupción en el procedimiento de verificación a bares a través de un escrito enviado el pasado 23 de agosto en la SFP.

Según el escrito los gerentes de los bares señalaron que la Coeprist llegó a pedir hasta 300 mil pesos por multa.