Este lunes, el alcalde de Apizaco, Javier Rivera, realizó una disculpa pública en respuesta a tres recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), relacionadas con la violación de derechos humanos y la muerte de ciudadanos en situaciones no aclaradas.
La primera recomendación, con número 03/2022, se refiere a un suceso del 3 de enero de 2022, en el cual una persona fue detenida y trasladada a los separos municipales, donde posteriormente se reportó su deceso.
La segunda recomendación, con folio 05/2024, fue emitida en 2024 y está relacionada con la detención de un hombre que portaba un arma y mostraba una conducta agresiva. Durante su detención, fue golpeado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y policías municipales.
La tercera recomendación, número 06/2024, se refiere a un incidente ocurrido el 13 de diciembre de 2023, cuando un elemento municipal de Apizaco, en estado de ebriedad, llegó a un local de servicio automotriz y, tras pedir ser invitado a tomar, accionó su arma, lo que resultó en la muerte de una persona.
Debido a que las administraciones anteriores del Partido Acción Nacional (PAN) no cumplieron con las recomendaciones de la CEDH, el actual edil reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos y aseguró que se garantizará la protección de los ciudadanos, comprometiéndose a la no repetición de estos hechos durante su administración.
Rivera dio instrucciones para iniciar las investigaciones administrativas correspondientes y, en su caso, sancionar a los servidores públicos responsables de estos incidentes. También se comprometió a la capacitación del personal del ayuntamiento y de los servidores públicos, con el objetivo de evitar que se repitan estos hechos.
Por su parte, la presidenta de la CEDH, Yakeline Ordóñez Brasdeferd, recordó a las autoridades la importancia de asumir su compromiso con la no repetición y de garantizar el respeto a los derechos humanos. Subrayó que es fundamental cumplir con la garantía de no repetición y realizar las acciones necesarias para la reparación del daño a las víctimas, restaurando su dignidad y derechos.
