Con el arribo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el Centro Fray Julián Garcés lamenta la existencia de una falsa exposición por parte del gobierno del estado con respecto a la situación del río Zahuapan.
Luego de trascender en diversos medios de comunicación que el gobierno del estado realizó acciones de limpieza al río previo a la llegada de la Presidenta, el centro calificó como “acciones cosméticas” para limpiar el río Atoyac, por lo que exigieron un Plan de Saneamiento Integral y real de la Cuenca del Alto Atoyac, con participación ciudadana y científica en el diseño y seguimiento.
Así también, aprovecharon para hacer un llamado a la Presidenta de la República a que las acciones de saneamiento de la Cuenca del Atoyac vayan al fondo del problema.
“Ya que reducir a que las empresas cumplan la Norma vigente, muestra desconocer que 84 de los 104 contaminantes tóxicos en nuestra zona NO están normados”.
Denunciaron que, pese a estas acciones, en la Cuenca del Alto Atoyac se continúa viviendo una devastación socioambiental, con fuertes impactos en la salud y la vida de los tlaxcaltecas.
“Esto es el resultado de un desvío de poder del Estado que, contrario a representar y garantizar los derechos de la ciudadanía, durante más de medio siglo ha favorecido la industrialización, agudizada por los Tratados de Libre Comercio”.
Reprocharon que en Tlaxcala solo se impulsan acciones que carecen de una perspectiva para la garantía del derecho humano al agua y su saneamiento, y como ejemplo señalaron a la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona, quien recientemente presentó al pleno de la LXV Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la Fracción Décima Segunda al Artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
Dicha iniciativa, indican, introduce el concepto de “mínimo vital”, que tiene el riesgo de reducir el acceso de agua a un estándar de litros de agua, sin considerar que en muchos casos las familias tlaxcaltecas requieren más litros, por ejemplo, para sus animales o huertos de traspatio, con lo cual se garantiza el derecho humano a la alimentación. Por lo que exigieron que el Congreso retire el término antes citado.
Así también, que entre los tres niveles de gobierno se trabaje a fin de hacer justicia a quienes se han visto dañados en su salud al exponerse a la contaminación del río, y evitar hacer jornadas de limpieza por dicha situación. Por el contrario, exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que reconozca que la contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac y el impacto en la salud siguen presentes y en aumento, y por tanto, que no hay un cumplimiento real de la Recomendación 10/2017, sino una aguda violación a los derechos humanos.
