Un grupo de académicos de la Universidad Iberoamericana de Puebla, encabezados por el rector Mario Alberto Patrón Sánchez, presentaron un análisis de las reformas constitucionales enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, con el fin de que sus argumentos se puedan añadir al debate acerca de su viabilidad.

El rector de esta universidad tomó la palabra inicial destacando que así como las iniciativas tienen algunos puntos plausibles, "tienen otros preocupantes que puede generar un retroceso en cuanto a la calidad democrática del país".

“Ponemos al servicio del debate público nuestro acervo de pensamiento, pero, sobre todo, de los poderes públicos para nutrir la deliberación en un entorno de democracia participativa”, dijo Patrón Sánchez.

 

Reforma al Poder Judicial

El panel de expertos comenzó exponiendo los puntos analizados de la reforma constitucional al Poder Judicial, a cargo de Rafael Rodríguez Moreno, académico del Departamento de Ciencias Sociales, quien argumentó que no es inconveniente que los integrantes del Pleno sean elegidos por la ciudadanía, basándose en referencias históricas de Estados Unidos y Bolivia.

"La elección de integrantes del Pleno del Poder Judicial, aunque no está debidamente justificada no luce inconveniente, lo que hay que mantener son las Salas Especializadas para evitar que el Pleno se congestione".

Asimismo dijo que quien se postule para ser Ministro de Justicia debe llevar varios años fuera del servicio público y no sólo dos como lo propone la Reforma.

"Son razonables los requisitos de elegibilidad, aunque se estima que la limitación de que los que se postulen deben llevar dos años fuera del servicio público es muy breve".

Por último consideró como positiva la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal ya que de esa manera se podrá separar lo disciplinario de lo administrativo.

"Es admisible sustituir el Consejo de la Judicatura Federal para separar las resoluciones disciplinarias de las administrativas en las instancias independientemente de la Corte".

Guardia Nacional

En su turno, Rosario Arrambide, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), calificó la Reforma que amplía las facultades de la Guardia Nacional como "regresiva".

“Esta reforma es regresiva e incumple con las determinaciones a derechos humanos en México, pues se les da amparo a las Fuerzas Armadas permanentes para realizar tareas propias de autoridades civiles, con lo que la Guardia Nacional tendrá el permiso de investigar delitos".

La académica hizo un llamado a que no se le den más atribuciones a las Fuerzas Armadas más que las que deben realizar de acuerdo con la ley en "tiempos de paz".

Por último, Arrambide explicó que el IDHIE ha documentado que de 2020 a 2023 la Guardia Nacional ha acumulado quejas por presunta violación de Derechos Humanos, mismas que en sus palabras, año con año van en aumento.

"En 2020 la Guardia Nacional tuvo 350 quejas, mientras que en el 2021 subieron a 504, en el 2022 a 577 y con corte a octubre de 2023 hubo 354".

Prisión preventiva

Simón Hernández León coordinador de la Licenciatura en Derecho habló sobre la modificación al artículo 19, en la que se plantea la ampliación de delitos sancionables con prisión preventiva calificándole de “innecesaria, regresiva e inconstitucional”.

"La modificación a este artículo seguirá dando pie al encarcelamiento de personas sin una sentencia", expresó.

El académico Hernández León consideró que si esta reforma se lleva a cabo, se abonará a un escenario de inconstitucionalidad e impunidad en el país.

"En la actualidad el 44 por ciento de las personas en prisión no tienen una sentencia, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a México a eliminar la prisión preventiva, por lo que se estaría incurriendo en desacato”.

Desaparición de autónomos

Shanik David George, académica y responsable de Observatorio Con los Ojos Abiertos: Por El Derecho a la Verdad del IDHIE, expuso sobre la reforma que propone desaparecer los siete organismos autónomos y que ya fue aprobada en Comisiones en la Cámara de Diputados.

“Se reconoce que estos son organismos perfectibles. Sin embargo, no porque tengan deficiencias en algunos aspectos o porque puedan ser controlados debería llevarnos a su desaparición, sino más bien a su mejora”.

La académica dio ejemplos, como el del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas funciones volverían a pasar a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), lo cual afectará la competencia generando una regresión que dañará incluso la libertad de expresión.

Con respecto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijo que a diferencia de otros organismos, este tiene repercusiones en las estructuras de gobierno a nivel nacional, lo que implicaría una reforma en los tres órdenes de gobierno.

"Proponemos regresar este dictamen para una discusión responsable en comisiones en la que se planteé mejorar a estos organismos, para que así se puedan seguir protegiendo nuestros derechos humanos”, concluyó.