La advertencia fue clara. El transitorio aprobado ayer en el Congreso del estado fue una tomada de pelo.

Más grave aún, la reforma aprobada por el pleno es "regresiva" ya que vincula el daño moral con el daño patrimonial al no limitar el alcance del daño patrimonial.

Es decir, un demandante puede demandar a un periodista por daño moral y además, decir que los efectos del mismo afectaron su patrimonio, vinculando lo que generaría un largo y costoso juicio, más allá del tope de 3 mil salarios mínimos de sanción.

En Puebla, la gran aportación del legislador poblano, aprovechando la ignorancia colectiva del tema, fue vincular daño moral con daño patrimonial, sentenció Enrique Villanueva durante el foro Por una reforma integral, celebrado en el aula Manuel Aceves de la Ibero.

Pero también la eliminación de la palabra "sentimientos" de la definición de daño moral no puede considerarse un logro, y mucho menos el tope a la sanción por daño moral, ya que es mayor que la sanción por el mismo delito en el Distrito Federal.

Los abogados Ernesto Villanueva de la UDLA y Agustín Pineda de la Amedi, coincidieron en que la reforma aprobada ayer por la mayoría en el Congreso para definir la figura de daño moral representa un retroceso democrático.

Agustín Pineda, catedrático de la UNAM y representante de la Amedi, afirmó que el artículo transitorio, tal y como fue aprobado, por su redacción no obliga a los legisladores de Puebla a realizar las adecuaciones en una ley reglamentaria de la figura de daño moral. En el mismo sentido, Pineda afirmó que el transitorio es "simple retórica legislativa" y puede ser la salida para que los legisladores no realicen ni consultas ni una ley reglamentaria.

En el foro Por una reforma integral participaron la periodista Elia Baltazar, del Centro de Periodismo y ?âtica Pública (Cepet); Ernesto Villanueva, del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UDLA; Agustín Pineda de la Amedi; Elizabeth Palacios de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito federal; Iván Báez de la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19.

Estudiantes de Comunicación de la Ibero, académicos y periodistas asistieron al foro. Llamó la atención que la única diputada interesada en el tema fue Josefina Buxadé Castelán, integrante de la bancada panista en el Congreso.

En su intervención la representante del Cepet, Elia Baltazar, subrayó que la responsabilidad de los trabajadores de los medios de comunicación es hacer un periodismo ético, de calidad y pensando en los ciudadanos.

El representante de Artículo 19, Iván Báez, calificó como positiva la derogación de los delitos de prensa pero señaló que debe acompañarse de una reglamentación secundaria.

Elizabeth Palacios de la CDH del DF dijo que con la nueva ley los periodistas demandados entraran en un callejón sin salida: "el mero proceso de juicio es ya un castigo", afirmó la defensora de los derechos humanos, y señaló que los periodistas quedarán a merced de un aparato de justicia que se rige discrecionalmente.

***
El especialista en Derecho a la Información, Ernesto Villanueva, realizó una extensa crítica de la reforma aprobada por el Congreso: "me sorprende que pocas veces en mi vida he estado en una situación así. El primer acto de gobierno es aprobar una iniciativa regresiva. Eso es propio de países de África. Es lamentable. Lo que se aprobó es peor de lo que ya estaba".

Villanueva desglosó el carácter regresivo de la nueva ley: "en una lectura atenta, se tenía mayor avance que la que se aprobó. Los buenos ‚Äîlos demócratas entre comillas‚Äî han hecho lo contrario que los malos ‚Äîentre comillas‚Äî. En esta reforma la exposición de motivos es loable. Por razones que desconozco se convirtió esto en una resolución de urgente y obvia resolución."

Villanueva matizó: "es loable que haya una despenalización. No sé que tan bueno al final del día es eso. Dejar las cosas como estaban. Habría que reflexionar".

El académico de la UDLA descartó que haya sido un logro el que en la minuta aprobada se haya eliminado la palabra "sentimientos". "En realidad no pasa absolutamente nada".

Con ánimo crítico, Villanueva afirmó que el tope de la sanción tampoco puede considerarse un logro: "se establece una sanción máxima de 171 mil pesos en términos actuales, diez veces más que en el Distrito Federal. Desconozco el criterio lógico-racional de estos montos. El gran problema reside en que no establece el límite en el daño patrimonial. Una cosa es el daño moral, que afecta la vida privada, con lo que se refieren; pero está relacionado con lo que denomina el daño objetivo, quiere decir que si yo estoy demandando no sólo voy a impugnar la afectación que me se resarza a mí, sino aquellos derivados del daño patrimonial".

Villanueva mencionó que el artículo transitorio no compromete en nada a los legisladores: "es una ofensa a la inteligencia de las personas, los transitorios. ¿Cuál era la lógica de aprobar con tanta premura esto? Es una frase retórica. Son buenos deseos. Simplemente se va apostar al olvido, a la espera de que esto vaya pasando.

"Un gobierno entrante con una dosis autoritaria terrible. Ojalá esto no se reproduzca en otras entidades. Ni siquiera el compañero Ulises Ruiz se atrevió a hacer esto. Ahora, de manera expresa como primer acto de gobierno, es lamentable. En el Congreso no hubo ninguna voz que dijera ‚Äòesta boca es mía‚Äô; sus razones tendrán.

"¿Por qué la premura? ¿Por qué vincular daño moral con daño patrimonial?
"Este tipo de cosas no resisten el debate público ni las argumentaciones lógicas. Mi molestia es que esto suceda, todo mundo se queda callado y es lamentable que suceda en Puebla. Este tipo de cuestiones no se deberían permitir.

"Estamos ante un problema de falta de socialización y organización de la sociedad civil. Los gobiernos van a seguir insultando nuestra inteligencia.

Ojalá esta reforma pueda ser reformada a la brevedad. Este es un Congreso sujeto a los caprichos, un tufo de gran intolerancia del propio gobierno.

"Esta iniciativa es una pésima noticia para los demócratas."

***

El abogado Agustín Pineda, representante de la Amedi, señaló: "todos debemos hacer un esfuerzo para que las voces sean escuchadas. El tercero transitorio refiere que en el plazo de 180 días se expedirá, en su caso, ¿eso de en su caso, significa sí o no? De acuerdo como los legisladores lo interpreten, las adecuaciones a la legislación correspondientes, ¿cuáles son las adecuaciones?

Ese transitorio puede ser simple retórica legislativa para dar argumento que el Legislativo está trabajando. Eso nos da como referencia lo que está pasando a nivel federal".

Pineda explicó que desde noviembre de 2007 se reformó la Constitución. "El 30 de abril de 2008 se reformó. En uno de sus transitorios se señalaba que tendríamos una ley que regulara el derecho de réplica. Tres años después no tenemos una ley de réplica a nivel nacional", recordó Pineda.

"Las obligaciones que se impone el Legislativo y no pasa nada. Yo espero que eso no pase en este estado."

El apunte
Ernesto Villanueva dijo que ante la urgencia por aprobar esta iniciativa enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle se dejaron algunos vacíos en la ley, tales como no precisar por qué el monto de establecer como multa 171 mil pesos para el periodista que provoque daño moral, como tampoco se especificó cómo se medirá el daño patrimonial y el monto que se deberá pagar en su caso.

Tome nota
Elia Baltasar reiteró que está ley afecta también al ciudadano, porque al asechar la libertad de expresión no podrán estar informados de la verdad.