Antes de la medianoche del sábado 13 de enero, la jueza Octavo de lo Penal dictó auto de formal prisión contra José Alfredo Arango García, tras considerar que existen indicios para iniciar un juicio procesal como presunto responsable del delito de enriquecimiento ilícito, al no comprobar de dónde sacó dinero para adquirir propiedades con un valor de 54 millones de pesos.

El auto de formal prisión fue confirmado por el procurador general de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, quien además anunció que la Fiscalía de Investigación Pública tiene otras averiguaciones iniciadas contra exfuncionarios del gobierno de Mario Marín Torres, aunque no precisó quiénes son, por qué delito se iniciaron y si éstas ya se terminaron de integrar.

Arango García, quien a través de sus abogados intentó que se ampliara su término constitucional, no lo obtuvo porque le dijeron que la solicitud se hizo tarde, por lo que fue llamado a la rejilla de prácticas para que le confirmaran que no podrá salir de prisión por el pago de una fianza, debido a que en su contra se había dictado auto de formal prisión.

El procurador de justicia, tras informar esta situación, dijo que José Alfredo Arango tendrá la oportunidad de aportar en el juicio procesal pruebas a su favor para deslindarlo de los delitos que se le acusan, mientras que el Ministerio Público deberá fortalecer la acusación para lograr una sentencia condenatoria.

Previo al primer informe de labores del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, Carrancá Bourget indicó que iniciarán el desahogo de pruebas, “es previsible que su defensa inicie lo que la ley le da derecho”, dijo.

Cabe señalar que le fue negada a la defensa del exfuncionario estatal la ampliación del término constitucional a 144 horas, solicitada el pasado jueves debido a que el trámite se presentó en forma extemporánea.
“Existen otras averiguaciones, pero no se pueden revelar”, dijo al señalar que la pena que podría alcanzar Alfredo Arango sería de dos a once años de prisión.

“Hay varios casos y hasta que no tengamos los elementos (…)  tenemos que ser cautelosos, estamos en etapa de investigación.”

—¿No pueden dormir funcionarios marinistas?

—Yo creo que sí, los que no tengan problemas o nada porque dormir mal.

”Estamos actuando conforme a derecho, con base en los resultados de la investigación, la mejor garantía es que se actúe conforme a derecho.”

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), David López Muñoz, afirmó que este poder del gobierno no se está utilizando como “garrote político”, por lo que negó que el gobernador Rafael Moreno Valle haya ejercido presión para que el juez Octavo de lo Penal dictara auto de formal prisión. “(…) es un asunto como cualquier otro de los que se despachan cotidianamente en los juzgados.”

La ley
“Comete el delito de enriquecimiento ilícito, el servidor público que no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, o la legítima procedencia de los bienes que aparezcan a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño”, de acuerdo con lo dispuesto por la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Artículo 433
“Al responsable del delito de enriquecimiento ilícito se le impondrá de dos a once años de prisión, multa de diez a cien días de salario, destitución, inhabilitación de dos a once años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos y decomiso en beneficio del Estado o municipio de aquellos bienes cuya honesta procedencia no acredite.

”El servidor público que tenga una profesión cuyo ejercicio sea legalmente compatible con la función a su cargo, así como aquéllos que tengan reconocidas actividades comerciales, industriales, o de cualquier otra especie, que les proporcionen ingresos adicionales a los derivados de su remuneración en los cargos, comisiones o empleos oficiales, podrán prevalerse de esta circunstancia para acreditar la honesta procedencia de sus bienes.”

La detención
Fue la madrugada del pasado jueves cuando mediante orden de cateo, elementos de la PGJ efectuaron la detención del exfuncionario quien trabajó en los últimos meses de la administración estatal de Mario Marín Torres, al ingresar a la dependencia el 16 de julio de 2009 hasta el cierre del gobierno el 31 de enero de 2011. (Con información de Jorge Castillo)