Luego de más de diez detenciones entre policías y cinco habitantes de Chalchihuapan, actores políticos señalaron que los verdaderos responsables de los hechos del pasado 9 de julio no están siendo castigados, y se trata del gobernador Rafael Moreno Valle y del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, quienes ordenaron el operativo, del procurador Víctor Carrancá Bourguet quien entorpeció la investigación, y Luis Maldonado que se negó al diálogo.

La madrugada del sábado elementos de la policía antimotines ingresaron esta madrugada a Chalchihuapan y detuvieron a 5 personas, Florentino Tamayo, Raúl Contreras, Vicente Juárez, Fausto Montes y Álvaro García, asimismo ingresaron a la casa del presidente auxiliar Javier Montes quien no se encontraba en el lugar.

De acuerdo a la diputada federal  Roxana Luna, los elementos de la policía ingreso a las cuatro de la mañana a la junta auxiliar para catear domicilios de personas que presuntamente tienen orden de aprehensión tras los hechos del pasado 9 de julio.

Explicó que los elementos policiacos rompieron chapas de las viviendas para entrar en buscar de vecinos del lugar, además de causar destrozos en las mismas.

Indicó que en el caso del presidente auxiliar Javier Montes, este no se encontraba en su domicilio, sin embargo también fue cateada su casa.
Denunció que por más de ocho horas los detenidos estaban desaparecidos sin que la autoridad informara a dónde habían sido remitidos.

Los elementos de la policía se retiraron a las 4:30 tras realizar las detenciones.

El operativo se da previo a que venza el plazo fijado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que el gobierno del estado cumpla con las recomendaciones por violaciones graves a las garantías individuales el 9 de julio cuando la policía estatal reprimió con exceso de fuerza a manifestantes y perdiera la vida el menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años.

Protegen a Facundo

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional a través de su órgano oficial de difusión (Regeneración), cuestionó que se proteja a Facundo Rosas:

A pesar de que el titular de la SSP, Facundo Rosas admitió ser el responsable del operativo del pasado 9 de julio para dispersar con lujo de violencia a pobladores de Chalchihuapan que bloquearon la autopista Puebla-Atlixco, el funcionario estatal sólo fue amonestado y multado; el gobierno de Puebla no especifica a cuánto ascendió la multa.

Asimismo denunció las violaciones a los derechos humanos de los pobladores.

Responsabilidad Penal

El diputado local Julián Peña Hidalgo demandó que se aplique la ley en contra de los responsables de la muerte del menor, e insistió que desde el 19 de mayo cuando se aprobó la llamada “Ley Bala”  Puebla vivió en medio de mentiras.

Indicó que ahora hay que ejercer acción penal en contra de Facundo Rosas, los elementos que lesionaron a la gente de San Bernardino Chalchihuapan, que se vea el dictamen de la comisión detenidamente ya que indica serias violaciones a los derechos humanos. 

Peña Hidalgo quien el pasado 19 de mayo votó en contra del documento sostuvo que él aún conserva el documento que les entregaron a los diputados mismo que en sus artículos tiene la autorización para que en las manifestaciones se utilizaran las armas de fuego.

Señaló que tras los hechos de Chalchihuapan demandó que se realizaran las investigaciones y se cuestionó que se criminalizara la protesta en Puebla.

Julián Peña manifestó que se ha demostrado que existe responsabilidad penal de funcionarios de participaron y la petición es que se proceda conforme al estado de derecho.

Maldonado Responsable

El 12 de octubre en rueda de prensa representantes del frente Por una Nueva Mayoría en el PRD, señalaron que para no tener que volver a pedir perdón a los mexicanos se le solicita que se revise puntualmente la queja que se interpuso ante la Comisión de Vigilancia y Ética del PRD por la ilegal y anti estatutaria afiliación de Luis Maldonado Venegas secretario general de Gobierno del Estado de Puebla.

Indicaron que él es señalado como autor intelectual de la represión en Chalchihuapan que provocó la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, así como la implementación de la llamada Ley Bala.

Argumentaron que además se le responsabiliza al secretario general de Gobierno que el anciano de 92 años y luchador social Delfino Flores Melga muriera en la cárcel al  habérsele negado el beneficio de libertad domiciliaria al que tenía derecho por su avanzada edad.

Insistieron en que Maldonado Venegas tiene que ser expulsado del partido a tiempo antes de que se vuelva a pedir perdón por los abusos contra los poblanos.

Regalaron despensas

A unos días de que feneciera  el plazo para que el gobierno del estado cumpliera con las 11 recomendaciones emitidas por la CNDH, por caso Chalchihuapan el gobierno del estado intentó cubrir una de ellas regalando una despensa a tres lesionados por la policía, pese a que lo que requieren es un tratamiento médico.

La diputada Roxana Luna Porquillo informó que los lesionados por los proyectiles disparados por la policía, Hugo Gómez Varela quien requiere trasplante de córnea, Gilberto Tecalero quien perdió el habla, así como Martín Romero Montes quien presenta lesiones en la mano, recibieron hace una semana una despensa a manera de compensación.

Advirtió que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es clara en el sentido de que debe darse el apoyo a las víctimas de la represión del pasado 9 de julio en Chalchihuapan, y no es con una despensa como se resuelve la situación.

Luna Porquillo expresó que el gobierno busca evadir su responsabilidad una vez que en el caso de Gilberto Tecalero además de perder el habla tras recibir el impacto en la mejilla tiene el problema de la diabetes.

Responsabilidad del procurador

El diputado del Partido del Trabajo, Mariano Hernández Reyes comentó que el procurador Víctor Carrancá también tiene una corresponsabilidad porque el también emitió un dictamen y eso es competencia del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas como lo menciona la comisión y que deslinden responsabilidades,  y la petición es que se actúe con la ley en la mano para quien esté inmiscuido en las acciones que dejaron mucho que desear en cuanto a la seguridad pública para los ciudadanos.