A un año de la recomendación 2VG/2014 emitida por la CNDH ninguna autoridad de primer nivel le ha dado una disculpa pública a Elia Tamayo, madre del niño José Luis Alberto Tlehuatle, quien murió como resultado de las heridas recibidas del violento operativo policiaco en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.
El 11 de septiembre del 2014, luego de una exhaustiva investigación en torno a los acontecimientos violenteos del 9 de julio del 2014 en San Bernardino Chalchihuapan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 2VG/2014 que contiene 11 puntos que debe cumplir el gobierno de Puebla.
El punto uno de la recomendación señala que “Instruya a quien corresponda para que se inicien los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Puebla, así como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla, con motivo de las violaciones graves a los derechos humanos observadas en esta Recomendación, y se envíen a este Organismo Nacional las pruebas con las que acredite su cumplimiento.”
A un año de la recomendación, el secretario de seguridad pública y responsable del operativo, Facundo Rosas Rosas ya no se encuentra a su cargo pues renunció tras la detención de subordinados que participaron en el delito de ordeña de ductos.
El 29 de julio de este año Elia Tamayo levantó una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Facundo Rosas Rosas por la muerte de su hijo, José Luis Tehuatle Tamayo.
El punto sexto de la recomendación 2vg/2014 señala que se instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta Recomendación, y se informe a esta Comisión Nacional sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto, sin embargo, la propia CNDH en un oficio enviado a las diputadas Roxana Luna Porquillo, Graciela Saldaña y el diputado, Luis Sánchez, se señala que no se ha cumplido este requisito.
Los hechos que condujeron a la represión policiaca del 9 de julio del 2014 y que le costaron la vida a José Luis Alberto Tlehuatle iniciaron aproximadamente a las 10 horas, cuando un grupo de personas pertenecientes principalmente a la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, del municipio de Ocoyucan, en el estado de Puebla, comenzó a reunirse en la inmediaciones del kilómetro 14+200 de la carretera estatal 438-D, Atlixco-Puebla, a la altura del puente que une a la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan con la comunidad de Santa Clara, conocido como “Puente de San Bernardino Chalchihuapan”, a fin de manifestarse, según lo expresaron, con motivo de la publicación realizada el 11 de junio de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla del Acuerdo del Secretario General de Gobierno, por el que emitió los “Lineamientos Generales para la Entrega-recepción del Registro Civil, de las juntas auxiliares a los municipios”, señala la relatoría de la recomendación.

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El pasado 26 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el gobierno estatal todavía no había cumplido con cinco de los 11 puntos de la recomendación 2VG/2014 por los actos de represión en san Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio.
La Sexta Visitaduría General de la CNDH a través de un oficio enviado a los entonces diputados Roxana Luna Porquillo, Graciela Saldaña y Luis Sánchez, respondió a una solicitud.
Entre los puntos de la recomendación emitida el 11 de septiembre del 2014, el gobierno ha incumplido la disculpa hacia las víctimas o familiares de las víctimas.
“Esta Comisión considera que el acto de disculpa pública hacia las víctimas realizadas por las autoridades de Puebla no se ajustó a los estándares internacionales, por lo que este punto también se encuentra pendiente de cumplimiento”.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera como incumplido el que el gobierno de Puebla no ha informado al organismo sobre las sanciones penales y administrativas que se les aplicaron a los policías estatales que participaron en el violento operativo del 9 de julio del 2014 en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.
El comité de los derechos del niño de la ONU, discutió el 19 y 20 de mayo pasado el caso de las violaciones a los derechos humanos en San Bernardino Chalchihuapan y cuyas recomendaciones respondió el Estado mexicano se publicaron en el informe dando cuenta de la situación de los infantes en México.
En el rubro denominado derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo se señala: “El hecho que el Estado parte no ha garantizado aún un acceso efectivo a la justicia para las familias de algunas niños y niñas que han sido víctimas, ya sea por accidentes o por violencia, como lo han sido los casos de las niñas y los niños víctimas del incendio en la guardería ABC del estado de Sonora, o el asesinato del niño José Luis Tlehuatle del estado de Puebla”.
El caso Chalchihuapan escaló a nivel internacional en informes del comité de derechos de los niños de la ONU.

La visita


El día de ayer, Elia Tamayo, en compañía de la agrupación Puebla Libre, acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para abordar el caso Chalchihuapan. Durante la reunión recordaron que el gobierno morenovallista aún no cumple con cinco puntos de la recomendación 2VG/2014.