Al presentar el informe “Fallas de origen: Índice de confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC)”, la organización México Evalúa, reveló que en materia de homicidios dolosos cometidos en Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) no presentó los datos reales sobre este delito.

México Evalúa comparó las cifras nacionales publicadas en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con casi 3 mil homicidios, mientas que lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), no se acerca ni a los 2 mil 500 homicidios.

La calificación que la Fiscalía estatal obtuvo fue de 6.49 puntos –de 10-, lo que la coloca por debajo de la media nacional (7.62 puntos).

Al realizar la evaluación, la Fiscalía poblana se ubicó en el puesto número 8 de 32, en cuanto a los organismos de justicia que presuntamente maquilla las cifras de asesinatos.

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Los peor y mejor evaluados

El informe calificó a Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Baja California y Veracruz, como las peor evaluadas, en cuanto a los datos que ofrecen sus fiscalías al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras que, los estados que resultaron con mejor calificación en cuanto a presentar datos fidedignos –según México Evalúa-, fueron: Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Querétaro y Sonora.

Al respecto, México Evalúa emitió seis recomendaciones:

  • Realizar auditorías estratégicas, donde tanto el INEGI como el Centro Nacional de Información y el Inegi atraigan la responsabilidad  para obtener estadísticas criminales.
  • Modificar incentivos negativos. Condicionar la recepción de recursos federales a la generación de información de calidad, para contrarrestar incentivos que favorezcan la manipulación de las cifras delictivas.
  • Impulsar un nuevo marco legal para ordenar y supervisar la generación de estadística criminal. 
  • Crear lineamientos operativos homogéneos para las Unidades de Información Estadística de las fiscalías y procuradurías del país.
  • Retomar la discusión para que el país cuente con un Código Penal Único.
  • Incorporar la georreferenciación en la estadística criminal que generan las fiscalías y las procuradurías.