La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Estefanía Rodríguez Sandoval, respaldó la solicitud de las víctimas de la represión en Chalchihuapan ocurrida hace cinco años, para que se reabra el caso, e indicó que nunca se hizo justicia a las víctimas.

En entrevista, la legisladora señaló éste sábado se publicó la convocatoria para elegir al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, indicó que entre las principales características que debe tener es el velar por la protección de los mismos, y si se presentan hechos como los del 14 de julio de 2014 tiene que haber recomendaciones y sobre todo dar la pauta para castigar a los responsables.

Comentó que hasta ahora no ha recibido ninguna solicitud para tener una reunión con las víctimas de esa junta auxiliar reprimidas cuando realizaban una manifestación pacífica para exigir les devolvieran el registro civil, e indicó que está lista para atenderlos y exigir que aún y cuando ya pasaron cinco años se haga justicia.

Al insistirle si se tiene que abrir el caso, la legisladora expuso que no puede quedar en la impunidad y se tiene que dar la apertura al tema tal y como lo ha pedido la madre del menor, Elia Tamayo.

Señaló que a partir de éste año en Puebla no se conocen casos de personas que hayan sido detenidas o perseguidas por estar en contra del gobierno, y el Congreso del Estado está trabajando para que haya una nueva ley de derechos humanos para proteger a los ciudadanos.

"Nunca más presos políticos"

En tanto el coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla reiteró que en Puebla se evitará que haya nuevos casos de presos políticos como ocurrió durante la administración morenovallista, en la cual fueron encarceladas más de 300 personas por ser opositores al gobernador, entre ellas mujeres indígenas, presidentes municipales, dirigentes sociales.

Indicó que sigue en estudio  la Ley de Indulto y Presos Políticos del Estado de Puebla, y beneficiar a todos aquellos que han sido encarcelados  por motivos políticos.

Recordó que de 2011 a enero de 2017 se tienen registrados de acuerdo a informes de organizaciones de derechos humanos, más de 300 presos políticos.

Reiteró que en el documento se propone adicionar el artículo 124 bis del Código Penal y expedir una ley reglamentaria de la modificación que es donde se encuentran todos supuestos, entre ellos revisión en casos de lucha social en defensa de la tierra, indígenas, mujeres, o dónde existan dudas del correcto procedimiento en el caso del encarcelamiento.

Comentó que en los próximos meses para enriquecer el documento habrá diálogo con universidades, organizaciones de Derechos Humanos, además de las diversas fracciones.

Precisó que en uno de los artículos se señala que cuando se trate de personas indígenas haya violaciones graves a sus derechos humanos, por discriminación se podría obtener la libertad inmedianta.

El indulto de manera especial sería otorgado en el caso de mujer indígena que haya una vulneración a sus derechos, y se prevé que el beneficio sea para quienes hayan prestado servicios importantes a la nación, estados o municipios.

El también presidente de la Junta de Gobierno aseveró que se evaluarán los casos más sonados de persecución, encarcelamiento en la época del morenovallista, entre ellos el de Enedina Rosas para que salgan de manera rápida

Adelantó que se constituirá un consejo técnico, que revise los casos, y podría llegar incluso un observador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Explicó que la Ley establece el “Indulto por gracia” para quienes hayan cumplido una cuarta parte de su condena, y que tuvieran una pena privativa de su libertad de hasta cinco años, que el agradecido cuente con tres quintas partes de su condena  y una pena privativa de su libertad mayor a veinte años.