Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) e integrantes de la Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, acompañados por el sub secretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez, realizaron un cateo en un domicilio particular en la ciudad de Iguala, donde se habrían realizado inhumaciones clandestinas.
Estas diligencias (a puerta cerrada) iniciaron en la madrugada de este jueves en la casa marcada con el número 133 de la calle Prolongación Juárez, esquina con la 10 de Abril de la colonia Juan Álvarez. Están relacionadas con el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
La vivienda que fue cateada se ubica a tres casas del auto lavado "Los Peques", uno de los centros de operaciones del grupo criminal “Guerreros Unidos”, que encabezaban los hermanos Víctor "El Oso", Mateo "El Gordo" y Salvador "El Chava" Benítez Palacios, quienes de acuerdo a las investigaciones oficiales estaban bajo el mando de los hermanos Ángel, Adrián y Sidronio Casarrubias Salgado, cabecillas de esa banda de delincuentes.
En esta zona la circulación vial fue cerrada desde el Periférico Norte hasta la calle Karina.
Algunos vecinos comentaron que cuando comenzaron las diligencias en esa casa, comenzaron a percibir fuertes olores fétidos.
Trascendió que además de esa vivienda, se realizarán diligencias en otras casas que han sido ubicadas por la FGR e integrantes de la Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez y de la cual forman parte los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi 5 años. Del interior de esa casa por la mañana sacaron una camioneta Pick UP, vehículo que será examinado por peritos de la FGR con la intención de encontrar rastros, objetos que pudieron pertenecer a los 43.
Al término de estas investigaciones Encinas Rodríguez no quiso hacer ninguna declaración. El operativo se llevó a cabo a una cuadra de donde fueron asesinados los normalistas Gabriel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, la misma noche del 26 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron los 43.
Estas diligencias ocurren un día después de que padres de los 43, acompañados de Alejandro Encinas, de sus abogados, de personal de la oficina de la ONU en materia de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acudieran a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Las puertas de esas instalaciones militares se abrieron luego de casi cinco años de que los padres demandaban visitarlas, pues aseveraban que en ese sitio pudieron haber cremado a sus hijos.
También, estas acciones se desarrollan a unos días de la próxima visita, el 31 de julio y 1 de agosto, de la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, para dar continuidad al Plan de Trabajo del Mecanismo Especial para el Caso Ayotzinapa y al que se invitará al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Hasta la tarde de este jueves las diligencias continuaban bajo un total hermetismo.
