El primer informe de gobierno de la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, va a estar lleno de simbolismo, al realizarse en el parque intermunicipal.

Justamente hace cinco años, en octubre de 2014, la ahora alcaldesa, junto con decenas de activistas de Cholula Viva, como Adán con sus hijos Paúl y Josué  (ahora síndico), buscaban frenar la privatización del parque al pie de la Gran Pirámide.

Al declarar la guerra al morenovallismo, les costó persecución, órdenes de aprehensión, entre ellas a la ahora alcaldesa y hasta cárcel a los Xicale.

Ahora, cinco años después, la alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, reveló que para hacer eventos en el parque intermunicipal, se tiene que pagar al gobierno estatal.

Sin embargo, anunció que rendirá su primer informe el 14 de octubre en dicho parque, donde espera una asistencia de más mil invitados, todos del pueblo y no se pagará por ocupar el espacio.

Apenas el fin de semana pasado, en visita a San Andrés Cholula, el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que ya se inició el proceso de la donación y entrega de los terrenos del Parque Intermunicipal a San Andrés Cholula.

“Hoy se le ha hecho justicia al pueblo de San Andrés, cuando todo el mundo dio la espalda, fueron los habitantes de las juntas auxiliares y de la cabecera municipal quienes salieron a defender”, recordó en entrevista.

“Fueron cuatro presos políticos, diez órdenes de aprehensión, tuvimos presidentes auxiliares encarcelados por el registro civil, activistas de varias organizaciones que dieron la defensa en su momento”, añadió Pérez Popoca.

Tuvimos una afectación  económica, familiar, psicológica, emocional y social”, insistió.

Señaló que ahora cuando se regresen los terrenos expropiados por el morenovallismo, será una forma de justicia a todos los héroes anónimos.

El simbólico informe

En entrevista, Karina Pérez Popoca, señaló que ahora el parque intermuncipal es administrado por Parques y Jardines del gobierno estatal.

Incluso la dependencia pretendía cobrar hasta 120 mil pesos para dejar usarlo en su primer informe.

De este modo, afirmó que luego de la expropiación en el sexenio de Rafael Moreno Valle, ya no se pagará por el uso, ya que se cobra entre 100 mil y 300 mil pesos a quienes disponen de éste para eventos.

Recordó que el gobernador Miguel Barbosa Huerta se comprometió a regresar ese espacio y otros al municipio, pero que debe ser mediante una iniciativa presenta ante el Congreso del estado para formalizar la restitución.

“Espero que se dé a la brevedad posible, es una forma de hacer justicia a los ciudadanos que apoyaron en la defensa de las tierras o de manera condicional y que también apoyaron su campaña”, señaló la alcaldesa.

Aseveró que el evento será algo simbólico para los sanandreseños que reclamaron esa propiedad y que se acaben los malos gobiernos, para que los municipios tengan el resguardo de la zona arqueológica.

-¿Simbólico hacer en el parque intermunicipal el informe?

-Sí, Va a ser algo simbólico, nosotros tenemos cada vez que se solicita el intermunicipal que erogar una cantidad dependiendo.

“Por ejemplo, cuando se ha hecho la solicitud se nos ha dicho que tenemos que pagar entre 100 mil y 120 mil pesos por el espacio a Parques y Jardines. Nosotros no lo queremos manejar así, esos predios pertenecen a San Andrés Cholula y es justo que sea devuelto”, señaló.

-¿No se pagará?

-No, nosotros estamos esperando a que se inicie el procedimiento jurídico para que se regrese a la administración municipal.

El regreso de terrenos

El pasado sábado, durante la entrega de incentivos de la Estrategia Alianza Felicidad, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que ya se inició el proceso de la donación y entrega de los terrenos del Parque Intermunicipal a San Andrés Cholula.

“Está en proceso la donación y entrega de los terrenos que fueron motivo de una lucha de la cual hubo presos políticos que tuvieron propósitos de beneficio mercantil”, explicó el mandatario estatal.

De este modo, recordó que en ese proceso uno de los detenidos fue el activista social Adán Xicale, y que la misma presidenta municipal Karina Pérez Popoca tuvo una orden de aprehensión en su contra.

Los procedimientos para regresar los terrenos ya iniciaron, por lo que estos territorios volverán a la jurisdicción del ayuntamiento para el beneficio de toda su sociedad.

Por su parte, la presidenta municipal Karina Pérez, señaló que en esa defensa hubo cuatro presos políticos y diez perseguidos por la defensa de la tierra que consideran sagrada.

Por lo tanto, agradeció al gobernador Miguel Barbosa el anuncio, y agregó que este logro es posible gracias al trabajo y al esfuerzo de los hombres y mujeres que sufrieron represión.

La denuncia

La orden de aprehensión contra Karina Pérez, surgió por una denuncia del ayuntamiento de San Andrés Cholula, presidido por Leoncio Paisano, luego de un plantón en sus instalaciones en 2014, por lo que la acusaron de despojo.

Luego de tres años de estar en tribunales, seis meses de ellos a salto de mata para no ser detenida, finalmente apenas a mediados de 2017 fue completamente exonerada por un juez federal.

Ahora, ya envestida en la virtual candidatura, descarta que busque un revanchismo, aunque dejó en claro que todo podría caer por su propio peso.

-¿Cuánto tiempo estuviste escondiéndote?

-Estuve alrededor de medio año, estaba yendo a las juntas con traslados con toda seguridad, que permitiera la liberación de los compañeros.

“Se vino un proceso muy difícil, encarcelaron a tres presidentes, luego vino la repercusión económica. Ahora mi hijo tiene 10 años pero en aquel entonces tenía 6 era muy chico”.

“Lo tenía que llevar a su primer año de primaria y estar compartiendo muchas cosas con él, pero no lo podía llevar ni a la escuela, no podía estar en la casa, los veía veces una vez cada 15 días, pero yo estaba con el movimiento, me habían vuelto parte de movimiento”, dijo.

La persecución en el gobierno de Rafael Moreno Valle y del aún edil Leoncio Paisano, inició al girarse una orden de aprehensión en su contra en 2014, por oponerse a la extinción del registro civil en juntas auxiliares.

Asimismo, combatió al proyecto del parque de las siete culturas en torno a la Gran Pirámide de Cholula, por el que le giraron la orden de aprehensión, al ser parte de un plantón en el ayuntamiento sanandreseño.

Apenas en 2018 el proceso penal en su contra finiquitó, fue exonerada luego de una serie de amparos que fue ganando ante la justicia federal.