El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, rechazó que la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, enviada por el gobernador, tenga la intención de crear una “súper” consejería jurídica, pues solo se le darán determinadas atribuciones para coadyuvar a la labor del mandatario.

En entrevista, el legislador recordó que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta envió el documento y precisó que la consejería depende directamente del gobernador, por lo que la intención es coadyuvar en dichas actividades.

Dijo que, de acuerdo con el documento, no se contemplan cambios en la Ley de la Fiscalía del Estado al darle al Consejero Jurídico facultades que pudieran contravenir las leyes, y recordó que hay un proceso judicial para atender la ausencia del fiscal, pero no es un tema que tenga que ver con la iniciativa del Ejecutivo.

El presidente de la Junta de Gobierno indicó que la reforma se habrá de discutir en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

 

 

 

 

Conforme al documento que envió el gobernador y que ingresó el pasado lunes se señala que para dotar a la Oficina del Gobernador y a la Consejería Jurídica de una mayor operatividad, se les confieren de manera análoga las atribuciones que el artículo 31 de la Ley contempla para las dependencias, en materia de celebración de convenios, de licencias, autorizaciones, permisos y concesiones, de requerimiento de información, de participación en comisiones y otros órganos.

Asimismo, se dan facultades de investigación, de denuncia de infracciones o delitos, de cultura de la legalidad y promoción de la ética, de propuesta de iniciativas, de legalidad, de elaboración de manuales administrativos, de respeto al ejercicio del derecho de petición, de desempeño de comisiones y encargos, de nombramiento de servidores públicos dependientes, de coordinación con otras dependencias y de expedición de copias certificadas.

También dentro de las reformas planteadas por el gobernador se establece que, en cuanto al reordenamiento funcional, se busca fortalecer el papel del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, con el trabajo coordinado de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Planeación y Finanzas, reasignando a esta última las atribuciones relacionadas con la coordinación y supervisión de las funciones catastral y registra.

Para ello se adicional el deber legal de vincular la cartografía territorial del estado con el registro público de la propiedad y de establecer la clave única registral y catastral, con el fin de brindar mayor certeza jurídica y armonizar la organización, funcionamiento y modernización de ambas funciones.

El Control vehicular

En la reforma se establece devolver a la Secretaría de Finanzas las atribuciones correspondientes al control vehicular y entrega de placas, tarjetas de circulación, engomados y otros, para vehículos particulares, así como licencias de conducir y la suscripción mancomunada de tarjetas de circulación.

“Establecer, integrar, administrar, controlar y mantener actualizado el Registro Estatal Vehicular, de conformidad con sus respectivas atribuciones; asignar, expedir, entregar y sustituir las placas, calcomanías de identificación vehicular, tarjetas de circulación y demás documentos relativos a vehículos del servicio particular, así como licencias de conducir que correspondan a los diversos tipos de vehículos y servicios de que se trate conforme a la ley”

“Suscribir mancomunadamente con la Secretaría de Movilidad y Transporte las tarjetas de circulación de vehículos del servicio particular y de transporte público y mercantil, así como coordinarse con esta dependencia para el establecimiento, administración y mantenimiento de los sistemas de registro y control de concesiones, permisos y autorizaciones que se otorguen de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de transporte”.