Tras rendir protesta como nuevo auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano señaló que se tiene que llevar a cabo una reforma al interior de la institución encargada de la fiscalización y rendición de cuentas en el estado, pero sobre todo dejará de ser el “garrote político” y será imparcial.

En entrevista rechazó que haya sido un premio su nombramiento, y señaló que desde hace ocho años había buscado ocupar el cargo.

Romero Serrano, con respecto a la propuesta de auditar las obras emblemáticas del morenovallismo, una vez que de acuerdo con el reporte de la Comisión Inspectora no se hizo, indicó que en caso de que sea designado en el cargo, será coadyuvante para que se de la transparencia, y apoyará a los legisladores con la adecuada rendición de cuentas.

Comentó que entre sus propuestas se encuentra la armonización total de la actuación de los entes sujetos a revisión por parte de la Auditoría Superior respecto a la ejecución del marco integrado de control interno de conformidad con el Sistema Nacional de Fiscalización.

Expresó que con ello ya no habrá discrecionalidad por parte del órgano fiscalizador y se avanzará en la rendición de cuentas.

Romero Serrano insistió que se tiene que trabajar como organismo autónomo y con actuación con criterio independiente de conformidad con las normas aplicables a la auditoría de gobierno, así como fomentar una cultura  de respeto a los sujetos de revisión y la aplicación irrestricta de la ley.

Insistió en que la auditoría no puede ser utilizada como un garrote político, por ello se tiene que capacitar con nivel de excelencia al personal que labora en la auditoría  con el propósito de que los resultados obtenidos respecto a la revisión de las cuentas públicas  sean apegados a derecho y no sean utilizados con fines coercitivos.

Otra de las propuestas para transformar la institución, dijo, es  crear el departamento de Auditoría Forense, la cual deberá trabajar  con estricta neutralidad  a efecto de la prevención y detección de fraudes.

Recordó que a nivel federal está por aprobarse como delito grave la emisión de facturas apócrifas y en ese sentido la institución deberá trabajar de la mano con la secretaría de Hacienda para que los sujetos que las utilicen sean detectados y sancionados conforme a lo que establece la ley.

Reiteró que hay que fomentar la cultura de revisión de las cuentas públicas participando  en conjunto con la Secretaría de Educación Pública.