El rector de la Universidad Autónoma de Puebla rechazó la invitación a dialogar hecha por el auditor Superior, Francisco Romero Serrano, al considerar que  sería convalidar un acto viciado de origen, además la casa de estudios podría recurrir al amparo de la justicia federal.

En rueda de prensa, se dio a conocer la posición de la máxima casa de estudios en torno a la auditoría preventiva que pretende realizar la Auditoría Superior del Estado, y reiteró que es un acto ilegal.

“El entregar la información que indebida e ilegalmente solicita, incluso acudir a una ‘invitación’ que me hace en uso de las facultades que le conceden las disposiciones legales’ resultaría en una convalidación de un acto que es inconstitucional y que atenta contra la autonomía de esta casa de estudios y por ende al derecho a la educación superior de todos los alumnos”, dice el rector al auditor en el documento.

En la conferencia de prensa, el subcontralor José Ubaldo Ramírez indicó que este lunes se dio contestación a la invitación que realizó el pasado viernes el auditor, en ella se declina la invitación que realizó para mediar el tema bajo el argumento de que no hay nada que negociar cuando se presentan actos de ilegalidad.

Asimismo el subcontralor no descartó buscar un amparo para defender la autonomía de la institución educativa: "La universidad está generando los precedentes correspondientes, para que la acción legal que esto emprenda sea la adecuada y en su momento proceder”, apuntó.

Además, anunció que se espera contestación por parte de la Auditoría Superior de la Federación sobre el oficio presentado para que fiscalice los recursos del 2019.

“La ASF tiene las facultades emanadas por la Constitución para revisar los procesos de un año ya concluido o bien, una vez concluido, y sí, ya está tiempo para revisarlos”, comentó.

Informó que el pasado 17 de diciembre se solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que atraiga el caso, pues la institución está dispuesta a que se revise el ejercicio, pero siempre y cuando se apeguen a derecho y legalidad.

En la conferencia de prensa se recordaron las anomalías en las que incurrió el órgano de fiscalización del estado y, por ello, el subcontralor hizo hincapié en que no hubo un citatorio y simplemente se presentaron oficios, otro punto es que los auditores no se identificaron de manera correspondiente y que la figura de auditoría preventiva no está plasmada en la Constitución de la República, por lo tanto, está viciada.

José Ubaldo Ramírez advirtió que al tratarse de procesos en trámite, se ha mencionado que dicha atribución ha sido conferida a la Auditoría Superior de la Federación en términos del Artículo 79: “(...) la Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar fiscalización a partir del día siguiente hábil del ejercicio fiscal, y la existencia de una excepción a la regla, consistente en aquéllas situaciones que determine la ley derivado de denuncias”.

Mientras, el texto del artículo 116 constitucional aplicable a las auditorías de los estados no lo contempla, por tanto, toda norma que atribuye alguna excepción a la regla general no concebida en la Constitución de la República será inconstitucional, lo que sí se destaca del citado artículo es que las auditorías locales sólo podrán revisar recursos locales.

En su intervención, el consejero Francisco Tenorio Martínez, director de la Facultad Contaduría de la UAP, refirió que los consejeros se sienten defraudados por las autoridades porque dudan de lo aprobado en el Consejo Universitario y aclaró que no hay mensajes de chantaje ni de intimidación.

Los directivos dejaron claro que la universidad no se niega a someterse a auditorías, pero hicieron una explicación detallada de las irregularidades cometidas por la ASE en el intento del 5 de diciembre: No enviar un citatorio, no acreditar debidamente a su personal y pretender auditar recursos federales que, por ley, solo corresponde auscultar a la ASE.

Tenorio Martínez manifestó que las declaraciones del auditor general y diputados en el sentido de que el proceso frustrado el 5 de diciembre puede reponerse, es un reconocimiento tácito de que la auditoría se hizo mal desde el principio.

Agregó que la presidente de la Comisión Inspectora del Congreso del estado, Olga Lucía Romero Garci Crespo, ni siquiera se acercó al organismo homólogo de la UAP para conocer su posición y aportaciones, lo cual demuestra que el proceso del 5 de diciembre es unilateral.