El gobernador, Miguel Barbosa, informó que asumirá el control de la seguridad en el municipio de Puebla, pues la administración que encabeza Claudia Rivera Vivanco ha sido rebasada por la delincuencia. 

Esta decisión la asume por medio de la publicación de un decreto en el Periódico Oficial del Estado, pero además no hay impedimento constitucional y así lo confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al negar la suspensión a la controversia promovida por la autoridad municipal.

"Firme un decreto que hoy se publica donde asumo el control de la seguridad pública del municipio, véanlo publicado en el Periódico Oficial, es un ruta que nosotros vamos a seguir, más allá de la controversia y claro que hay que probar las cosas", dijo el gobernador. 

En conferencia de prensa, el gobernador refirió que la inseguridad bajó de agosto a la fecha en la capital, pero esto es gracias a los operativos que asumió la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía General del Estado con el apoyo de la Guardia Nacional, sin el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estuvo encabezada por Lourdes Rosales Martínez y quien renunció el pasado fin se semana a su responsabilidad, pues de agosto de 2019 a octubre del 2018 no hubo resultados concretos para atacar a los delincuentes. 

El gobernador refirió que el motivo fundamental para que él asuma la responsabilidad de la seguridad es que "nada han hecho, no participan en nada, se dedican a administrar los asuntos de seguridad pública en el municipio pero nada hacen al respecto y estoy obligado porque asi me comprometí ante el pueblo a resolver los asuntos de seguridad pública y no me voy a detener, con mando o sin mando no me voy a detener y esta semana habrá una gran acción", dijo.  

Como lo anticipó, en la capital hay 84 elementos policiales quienes reprobaron los exámenes de control de confianza, pero además algunas vecindades que se ubican en el Centro Histórico han sido centros de operación de la delincuencia dedicada al narcomenudeo y a los robos; no obstante, que las calles han sido contaminadas por la prostitución que impera y detrás de las personas hay tratantes.

Decreto y denuncias general de hechos ante la FGE 

Este miércoles el gobernador firmó el decreto por el cual en cuestión de horas asumirá el control de la seguridad del municipio de Puebla, el documento se firmó en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no impidió que el gobierno que él encabeza asuma esta responsabilidad, esto al negarle la suspensión provisional a la controversia emprendida por Claudia Rivera Vivanco. 

El gobernador, informó que además de emprender estas acciones, aportará toda la documentación solicitada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto incluye además de los apartados legales en materia de seguridad y de responsabilidad de los servidores públicos.

De acuerdo al fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tienen 30 días para que el Gobierno del Estado emita toda la información correspondiente; sin embargo, el gobernador instruyó a la Consejería Jurídica a que a la brevedad responda a la información de la Corte.

"Tiene procedimientos para que se ejecute, así es que lo emití, lo anterior que le habíamos entregado a la presidenta era una comunicación de la designación que hice, habían sido semanas de acuerdos porque yo me conduje con mucha prudencia y compostura, lo confundió la Señora y hoy se emite el decreto oficial. Vamos a presentar una denuncia ante la FGE donde se hagan las investigaciones correspondientes. La llamo a la prudencia, a la reflexión a actuar con responsabilidad", dijo el mandatario local. 

Rompió acuerdos Claudia Rivera Vivanco 

La presidenta municipal, Claudia Rivera rompió acuerdos con el gobernador, Miguel Barbosa, pues desde el año pasado hubo diálogo en materia de seguridad, pero fue en enero cuando se firmó un convenio con Puebla y con otros siete municipios con el objetivo de realizar una evaluación de los cuerpos de seguridad y del mapa delincuencial, para que a partir de ahí el Poder Ejecutivo asumiera el control de la seguridad en las demarcaciones más críticas y con ello implementar una estrategia para bajar la incidencia delictiva. 

Sin embargo, Claudia Rivera rompió acuerdos al negarse al despido de 84 policías quienes reprobaron exámenes de control de confianza y también se negó al cambio de mandos, aunque el pasado fin de semana por su voluntad Lourdes Rosales Martínez.

El gobernador, le expresó a la presidenta municipal del panorama de inseguridad, de acuerdo al diagnóstico y evaluación que se llevó a cabo, pero además hubo énfasis en que mandos policiales protegían a los delincuentes.

Los municipios que aceptaron cambio de mandos policiales, a través del diálogo y voluntad fueron Juan C. Bonilla, Amozoc y Hueotzingo, estos dos últimos municipios en donde las bandas delincuenciales dedicadas a los robos en sus diversas modalidades, homicidios y al robo de hidrocarburos han sido identificadas, hay investigaciones y órdenes de detención por parte de la Fiscalía General del Estado. 

En cuestión de horas, el gobernador asumirá el control de al policía municipal, pues su estrategia es reforzar la seguridad en la capital, uno de los municipios más importantes del país.