La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó al Ayuntamiento de Puebla que "se niega la suspensión solicitada por el Municipio de Puebla". El gobierno de Claudia Rivera pidió mantener el control de la policía municipal y evitar la intervención del gobierno estatal.  

En su notificación, el máximo tribunal del país solicitó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo más información para el desahogo de pruebas de defensa, la que deben entregar en un plazo de un mes.

"Consecuentemente, con copia simple del oficio, empláceseles para que presenten su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído y, al hacerlo, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que, de lo contrario, las subsecuentes se les harán por lista hasta en tanto cumplan con lo indicado", señala la SCJN.

Además la SCJN pidió informar a la Fiscalía General de la República para que, “hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifieste lo que a su representación corresponda; igualmente, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que, si considera que la materia del presente juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su esfera competencial convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley”. 

Al mismo tiempo reiteró que sí admitió a trámite la Controversia Constitucional presentada por el gobierno de Claudia Rivera Vivanco.

Repercusión estatal

Con esta decisión de la SCJN marcada con el expediente 46/2020 que corresponde a la controversia constitucional, no habría impedimento legal para que el gobierno del estado, encabezado por Miguel Babosa Huerta asumiera el control de la seguridad municipal, como lo ha advertido desde hace varias semanas. 

De acuerdo con la Constitución Política de Puebla en el artículo en el artículo 115 se establece que "la policía preventiva estará al mando del presidente municipal en términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público".

El contenido de la controversia

Por medio de la sindicatura del Ayuntamiento de Puebla se promovió una controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Puebla, que encabezan Miguel Barbosa Huerta y Gabriel Biestro Medinilla, respectivamente. 

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco presentó esta acción jurídica ante la máxima autoridad de justicia en el país, ante la negativa de que el gobernador asumiera el control de la seguridad y con ello nombrara a Carla Morales Aguilar como delegada de seguridad pública en sustitución de Lourdes Rosales Martínez, quien presuntamente renunció el pasado fin de semana, según el documento al que tuvo acceso Intolerancia Diario. 

En este orden, el Poder Ejecutivo tendrá que responder no sólo con los argumentos jurídicos marcados en las leyes locales que emanan de la Constitución Política de Puebla, sino también tendrá que exponer el convenio firmado en enero pasado con la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, donde se acepta la injerencia del estado en la seguridad municipal. 

Por su parte, el Poder Legislativo tendrá que enviar a la SCJN información con respecto a los antecedentes legislativos y deberá argumentar el motivo por el cual el Gobierno del Estado tendría derecho de intervenir en la seguridad municipal. 

Policías coludidos con bandas

Mientras que la SCJN resolvió una primera parte de la controversia constitucional, Miguel Barbosa Huerta reiteró este martes que elementos de la policía municipal de Puebla están coludidos con la delincuencia, de ahí, dijo, la inacción del ayuntamiento para atacar a los delincuentes. 

El gobernador agregó que 84 elementos de la corporación municipal reprobaron los exámenes de control de confianza y durante su conferencia de prensa matutina dejó entrever complicidad de José Tlachi Meneses, alto mando policial municipal, con bandas delincuenciales. 

Finalmente, Barbosa Huerta anunció que se alista una denuncia general de hechos, con respecto a las acciones del Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Claudia Rivera Vivanco. 

Con información de Yazmín Curiel