Durante los últimos 25 años del siglo anterior, los partidos políticos de oposición en México, reclamaron que los procesos electorales fueran justos y equitativos, para que se hiciera realidad el principio básico de la democracia, “que los votos se cuenten y se cuenten bien”, y que si la diferencia en el resultado era de un voto, y todo el proceso electoral se desarrollaba en esas condiciones de equidad, el resultado debería ser reconocido por todos los candidatos, partidos políticos y actores involucrados en la contienda.

En esos años, México distaba mucho de ser reconocido, en el concierto de las naciones, como un país democrático que contaba con el marco jurídico electoral adecuado que garantizaba las condiciones de equidad en la contienda, de transparencia durante la jornada y de justicia para casos de reclamación posterior.

El teórico y politólogo Adam Przeworsky afirma que hay tres criterios mínimos para determinar si un país es democrático, y el primero de ellos, es lo que él llama, incertidumbre ex ante y la irreversibilidad ex post, así como la repetición.

Alonso Lujambio “mexicanizó” la expresión, y en un par de ocasiones en diferentes foros, le escuche decir que la democracia electoral debería reconocerse cuando “hubiera certidumbre en el proceso, e incertidumbre en el resultado”.

Después de haber pasado por varias reformas electorales, en donde poco a poco la legalidad reclamada por la oposición iba ganando espacios, nos encontramos en el año de 1994, y por supuesto, con las elecciones presidenciales.

Fue un año muy complicado en términos políticos y sociales, que inició con la entrada en vigor del tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también con el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el primer día del año en el estado de Chiapas, reclamando la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas; siguió el asesinato en lomas taurinas de Tijuana, Baja California, del candidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio Murrieta el 23 de marzo, que obligó la designación de Ernesto Zedillo Ponce de León como candidato sustituto, que posteriormente ganaría las elecciones presidenciales del 21 de agosto; luego vimos, por primera vez en la historia de México, el primer debate televisivo entre candidatos presidenciales; meses después, el 28 de septiembre, el asesinato del Secretario General del mismo partido, que se perfilaba como el Coordinador de su bancada, José Francisco Ruiz Massieu; y para acabar, el 21 de diciembre despierta un gigante dormido, y hace erupción el volcán Popocatépetl.

Las elecciones presidenciales, aunque se desarrollaron en aparente calma, y sin un ánimo de participación importante, arrojaron reclamos fuertes y claros de los principales dirigentes de los partidos políticos y de diferentes académicos expertos en la materia electoral.

El reclamo generalizado eran las condiciones de inequidad en la contienda, exigiendo una Reforma Electoral definitiva.

Para tal efecto, diferentes organizaciones sociales y políticas convocaron a diferentes foros para la presentación de propuestas, y aunque el Presidente Electo Ernesto Zedillo  había declarado que habría reforma electoral definitiva, dicha reforma sólo se pudo concretar hasta 1996, dejando satisfechos a la mayoría de los partidos políticos.

“Los mexicanos queremos una vida democrática a la altura de nuestra historia, a la altura de nuestra diversidad; sin embargo, debemos reconocer que los avances democráticos son aún insuficientes. Ha llegado el momento de sumar nuestras voluntades sin sacrificar nuestras diferencias; ha llegado el momento de unirnos en la construcción de una nueva democracia que comprenda una mejor relación entre los ciudadanos y el gobierno, entre los estados y la federación; un nuevo código ético entre los contendientes políticos y una Reforma Electoral Definitiva. Ha llegado el momento en que la democracia abarque todos los ámbitos de la convivencia social”, dijo en su mensaje de toma de posesión el 01 diciembre de 1994.

Más adelante, en su mensaje, el Presidente afirmó que “México exige una reforma que, sustentada en el más amplio consenso político, disipe las sospechas, las recriminaciones y suspicacias que acompañan los procesos electorales. Todas las fuerzas políticas, todas las dirigencias partidistas y todas las organizaciones sociales, puedan y deban contribuir a que dejemos atrás, para siempre, las dudas y las controversias sobre la legalidad electoral. Para llevar a cabo esa reforma definitiva, todos debemos estar dispuestos a tratar todos los temas, incluyendo, desde luego, el financiamiento a los partidos, los topes al os gastos de campaña, el acceso a los medios de comunicación, la autonomía, la plena autonomía de los órganos electorales. La democracia electoral debe dejar de ser preocupación central del debate político y causa de encono y división. Debemos resolver, conforme a las prácticas más avanzadas del mundo, cada uno de los temas que todavía sean motivo de insatisfacción democrática”.

Veintecinco años después, me parece importante traer a la memoria lo que fue, y lo que significó para México, el trabajo realizado por mexicanas y mexicanos comprometidos con la democracia, y la exigencia de que era necesario tener una ley electoral que respondiera a las demandas del momento.

QUIÉNES FUERON LOS ACTORES PRINCIPALES  DEL SEMINARIO DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC

Para ubicar a los principales actores políticos que participaron durante el proceso de negociación  que culminó con la Reforma Electoral de 1996, es importante recordar quiénes eran las autoridades gubernamentales, los Coordinadores Parlamentarios y los Presidentes de los partidos políticos más importantes en nuestro país.

Presidente: Ernesto Zedillo Ponce de León (1 de Diciembre de 1994-30 Noviembre  del 2000).

Secretario de Gobernación:

  • Esteban Moctezuma (Diciembre de 1994-Junio de 1995).
  • Emilio Chuayffet Chemor (Junio de 1995-Enero de 1998).

COORDINADORES PARLAMENTARIOS

Coordinador de los Diputados del PRI: Humberto Roque Villanueva

Coordinador de los Diputados del PAN: Ricardo García Cervantes

Coordinador de los Diputados del PRD: Erick Villanueva Mokul

Coordinador de los Diputados del PT: Alberto Anaya

Coordinador de los Senadores del PRI: Fernando Ortíz Arana

Coordinador de los Senadores del PAN: Gabriel Jiménez Remus

Coordinador de los Senadores del PRD: Héctor Sánchez López

PRESIDENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PRI:

  • María de los Ángeles Moreno Uriegas (Diciembre de 1994- Agosto de 1995)
  • Santiago Oñate Laborde (Agosto de 1995- Diciembre de 1996)

PAN:

  • Carlos Castillo Peraza (Marzo de 1993-Marzo de 1996)
  • Felipe Calderón Hinojosa (Marzo de 1996- Marzo de 1999)

PRD: Porfirio Muñoz Ledo (Julio de 1993- Agosto de 1996)

PT: Alberto Anaya (Diciembre de 1990--)

LAS REFORMAS ELECTORALES ANTERIORES

La Ley Federal Electoral de 1946, en donde surge la institucionalización de los procesos electorales.

La Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) de 1977, con reformas que introdujeron cambios esenciales en el funcionamiento del sistema electoral mexicano.

La Reforma Electoral de 1987, en donde surge el Código Federal de Instituciones y procedimientos electorales.

La Reforma electoral de 1991, con la que surge el Instituto Federal Electoral.

La Reforma Electoral de 1994, que marca el inicio del proceso de ciudadanización.

CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS

En 1998, el Doctor Eduardo Castellanos Hernández, publicó un libro sobre la reforma electoral de 1996, que recoge con detalle lo que tuvo que pasar para que se aprobara dicha reforma.

De ahí, tomo la idea de poner una cronología de hechos, acontecimientos y posiciones que ayudaron a que el Seminario del Castillo de Chapultepec se integrara y diera sus frutos.

AGOSTO DE 1994

Agosto 21. El Partido Revolucionario Institucional gana las elecciones con su candidato a la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.

DICIEMBRE DE 1994

Diciembre 01. Ernesto Zedillo Ponce de León, toma protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y anuncia que habrá Reforma Electoral Definitiva.

ENERO DE 1995

Enero 16. Los partidos políticos firman los compromisos para un Acuerdo Político Nacional.

Enero 26. Los 4 grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados aprueban un punto de acuerdo para sentar las bases de la Reforma del Estado, afirmando que se le dará prioridad para que se discutiera en ese mismo año.

La agenda lograda por consenso entre los partidos para la Reforma del Estado, incluía la autonomía real de los órganos electorales.

Enero 30. Inician los trabajos en lo que después se conocería como  el Seminario del Castillo de Chapultepec.

FEBRERO DE 1995

Febrero 08. La Fundación Colosio Cambio XXI organiza un Foro sobre la Reforma Electoral.

Febrero 23. Porfirio Muñoz Ledo denuncia falta de voluntad política por incumplimientos del Acuerdo Político Nacional.

MARZO DE 1995

Marzo 28. Se instala en la Secretaría de Gobernación la Mesa para la Reforma Política, creado una Secretaría Técnica para darle seguimiento y continuidad al Acuerdo Político Nacional.

ABRIL DE 1995

Abril 04. Se instala la mesa para la reforma electoral convocada por la Dirección General de Desarrollo Político, en donde los representantes de los partidos políticos manifestaron su voluntad de incluir todos los temas, además de insistir en que la reforma electoral debería darse antes que la Reforma del Estado.

Abril 05. El Centro de Estudios para la Reforma del Estado, realiza una serie de mesas redondas en las que se abordaron los temas fundamentales para la Reforma Electoral.

Abril 10. Se lleva a cabo la tercera reunión de la Mesa Permanente de Trabajo entre la Secretaría de Gobernación y las dirigencias de los partidos políticos, en donde queda integradas la agenda final para la Reforma Política del Estado, misma que fue dividida en cuatro grandes capítulos:

  • Reforma Electoral.
  • Reforma de los Poderes Público.
  • Medios de comunicación social y participación ciudadana.

Abril 26. Convoca el IFE a foro para discutir la reforma electoral.

MAYO DE 1995

Mayo 01. El PRD, por conducto de su Comité Ejecutivo decidirá si regresa o no al diálogo político.

Mayo 14. Carlos Castillo se pronuncian por continuar la reforma sin el PRD, con una agenda de cuatro capítulos.

Mayo 15. Gobernación y los dirigentes del PRI, PAN y PT

Mayo 16. Anuncia Esteban Moctezuma Importante avance en la reforma, y confía en que pronto regrese el PRD a las discusiones.

JUNIO DE 1995

Junio 18. El PAN abandona la mesa de diálogo político nacional, endureciendo su trato con el gobierno por el fraude electoral en Tabasco.

Junio 20. Porfirio Muñoz Ledo afirma que ya no tiene sentido negociar la reforma política.

Junio 28. Renuncia Esteban Moctezuma como Secretario de Gobernación y en su lugar es designado Emilio Chuayffet.

JULIO DE 1995

Julio 13. El PAN condiciona el diálogo político a la designación del director del IFE.

AGOSTO DE 1995

Agosto 19. Santiago Oñate Laborde es el nuevo dirigente nacional del PRI.

SEPTIEMBRE DE 1995

Septiembre 01. Primer informe de gobierno del Presidente Ernesto Zadillo.

Septiembre 29. El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, asume la presidencia del Consejo General del IFE.

OCTUBRE DE 1995

Octubre 08. Se dan a conocer avances en los trabajos de “El Seminario del Castillo de Chapultepec”.

Octubre 17. Los Consejeros Ciudadanos Santiago Creel Miranda y José Agustín Ortíz Pinchetti, coinciden en que los resultados arrojados en el Seminario del Castillo de Chapultepec pueden servir de base para reiniciar el diálogo y plantean 10 conceptos fundamentales para reanudar el diálogo político nacional:

  1. Autonomía e independencia plenas del IFE.
  2. Control Constitucional de la materia electoral.
  3. Igualdad y fiscalización en el financiamiento y topes a los gastos de campaña con penalidades severas cuando sean excedidos.
  4. Que prevalezca el financiamiento público sobre el privado.
  5. Equidad en el acceso a los medios de comunicación.
  6. Prohibición del uso de los colores y símbolos patrios.
  7. Que desaparezca el registro condicionado de los partidos políticos.
  8. Facilidades para coaliciones y candidaturas comunes.
  9. Cédula de identidad ciudadana.
  10. Que no se identifiquen programas públicos y partidarios.
  11. Prohibir cualquier forma de afiliación colectiva a los partidos.

Octubre 19. Emilio Chuayffet anuncia consenso fundamental entre partidos y la reanudación del diálogo.

Octubre 21. Santiago Oñate Laborde, Carlos Castillo Peraza y Porfirio Muñoz Ledo presentan tres visiones partidarias para la reforma política en el programa de televisión: Nuestro Tiempo.

Octubre 24. Se reanuda el diálogo para la reforma política, en donde se busca llegar a la reforma electoral definitiva.

NOVIEMBRE DE 1995

Noviembre 16. Los Coordinadores Parlamentarios del PRI, PAN Y PRD manifiestan que la reforma política tendrá que esperar para el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Noviembre 21. Por consenso, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, junto con el Secretario de Gobernación, acuerdan el temario y la forma de trabajo para llevar a cabo la Reforma Política del Estado.

Ahí se convino el establecimiento de 10 mesas de trabajo temáticas, vinculadas ala mesa central, en donde había representantes del Congreso de la Unión; reunirse al menos una vez al mes; crear un grupo técnico encargado de llevar a cabo las negociaciones en tanto los dirigentes partidistas se avoquen solo ala coordinación; el establecimiento de una mesa para discusión de los asuntos de coyuntura, para evitar que el diálogo se volviera a romper y avanzar en la Reforma Electoral, que es donde existían mayores coincidencias, a fin de tenerlas listas en abril de 1996.

Noviembre 27. En la primera reunión de la mesa central, donde estuvieron el Secretario de Gobernación, los dirigentes de los partidos políticos representados en el Congreso y los Coordinadores Parlamentarios, se estableció la metodología para el funcionamiento de la propia mesa central y de las 9 mesas temáticas con los siguientes temas:

  1. Reforma electoral.
  2. Fortalecimiento del Poder Legislativo.
  3. Procuración e impartición de justicia.
  4. Impulso al federalismo.
  5. Reforma Política del Distrito Federal.
  6. Derechos indígenas.
  7. Comunicación social
  8. Participación Ciudadana.
  9. Atención a problemas de coyuntura.

En esa reunión, se acordó darle prioridad a la reforma electoral definitiva y que estuviera integrada por la Secretaría de Gobernación y representantes de los partidos políticos.

DICIEMBRE DE 1995

Diciembre 04. Se instala la mesa de reforma electoral.

Diciembre 09. Carlos Castillo Peraza anuncia que no buscará la reelección en la dirigencia nacional del PAN.

Diciembre 13. En la segunda reunión de la mesa para la reforma Electoral, que se llevó a cabo en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, se anunciaron 10 puntos en los que se puede avanzar rápidamente, dado que existen plenas coincidencias entre los partidos políticos

  1. Que se establezcan mecanismos que protejan constitucionalmente los derechos políticos de los mexicanos.
  2. Buscar la forma de integración del Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial como un órgano jurisdiccional especializado.
  3. Garantizar autonomía e independencia del IFE.
  4. Fortalecer la presencia ciudadana en los órganos de dirección del IFE.
  5. Establecer mecanismos adecuados para fiscalizar los ingresos y gastos de dicho instituto.
  6. Mejorar los sistemas de control y vigilancia sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos, así como establecer topes razonables a los gastos de campaña.
  7. Implantar una repartición másequitativa del financiamiento público.
  8. Dar mecanismos que permitan mayor equidad del acceso de partidos a medios de información.
  9. Temas vinculados a la situación de delitos electorales.
  10. Revisar la tipología y los mecanismos más eficientes para la persecución de ellos.

A la reunión asistieron:  Por el PRI, Enrique Ibarra Pedroza y Daniel Mora Ortega; Por el PAN, Humberto Aguilar Coronado, Germán Martínez y Jorge Zermeño Infante; Por el PRD, Ricardo Valero Becerra; Raymundo Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva; por el PT, Rubén Aguilar Jiménez y Herón Escobar García; por la Secretaría de Gobernación, Arturo Núñez Jiménez, Germán Pérez Fernández del Castillo y Salvador Valencia Carmona.

Diciembre 18. En entrevistas por separado, Santiago Creel Miranda Consejero Ciudadano del IFE y Humberto Aguilar Coronado, Secretario General Adjunto del PAN, anunciaron  que los partidos políticos ya lograron un acuerdo previo, que deberá formalizarse en Enero de 1996, sobre los 60 grandes temas.

Diciembre 19. Convocan gobernación, PRI, PAN, PRD y PT a una consulta plural para la reforma electoral a partir de enero.

ENERO DE 1996.

Enero 24.  En la sexta sesión de la Mesa para la Reforma Electoral, el Subsecretario de Gobernación recibe el documento “60 puntos para la Reforma Política Electoral”, resultado de los trabajos del Seminario del Castillo de Chapultepec.

FEBRERO DE 1996

Febrero 01. Instala la Cámara de Diputados siete mesas de trabajo para la Reforma del Estado, en donde acuerdan acelerar los trabajos para la Reforma Electoral.

Febrero 17. El PAN abandona los trabajos de la Mesa para la Reforma del Estado porque el Tribunal Estatal Electoral le negó el triunfo al PAN en Huejotzingo, Puebla.

Febrero 26. Las organizaciones políticas del país hacen un llamado para impulsar la transición a la democracia. El evento fue convocado por los organizadores del Seminario del Castillo de Chapultepec, Santiago Creel y José Agustín Ortíz Pinchetti, asistieron entre otros, Carlos Castillo Peraza, Porfirio Muñoz Ledo, Agustín Basáve, Demetrio Sodi de la Tijera, Clara Jusidman, Lorenzo Meyer, Carlos Monsivais, Sergio Aguayo, Juan Sánchez Navarro, Jaime González Graff y Enrique Krauze.

MARZO DE 1996

Marzo 09. Felipe Calderón Hinojosa es el nuevo Presidente Nacional del PAN.

ABRIL DE 1996

Abril 01. El Grupo Parlamentario del PAN presenta tres iniciativas de reforma constitucional y legal para el desarrollo de la democracia.

Abril 02. Con 70 acuerdos, los dirigentes del PRI, PRD Y PT, con la representación de la Secretaría de Gobernación, concluyen la negociación de los  capítulos de la reforma electoral que requerían cambios ala constitución.

Abril 20. Son entregadas las propuestas de Reforma Electoral a los Coordinadores Parlamentarios de las Cámaras. Se prevé que sean discutidas y votadas durante un periodo extraordinario de sesiones que se realizaría en la segunda quincena de mayo.

MAYO DE 1996

Mayo 02. Reitera la Secretaría de gobernación oferta para que el PAN retome el diálogo sobre la Reforma Electoral. Calderón se reúne con Emilio Chuayffet.

Mayo 20. Regresa el PAN al diálogo nacional, después de que el Presidente Municipal de Huejotzingo solicitara licencia al cargo.

JUNIO DE 1996

Junio 14. Andrés Manuel López Obrador gana la elección el PRD para ser el Presidente del Comité Nacional.

JULIO DE 1996

Julio 25. En Palacio Nacional el Presidente Ernesto Zedillo suscribe con los dirigentes de los cuatro partidos representados en el Congreso de la Unión, los acuerdos para la Reforma Electoral y firman la iniciativa de ley con las propuestas de modificaciones constitucionales.

Julio 26. La Comisión Permanente aprueba por unanimidad convocar a periodo extraordinario de sesiones para analizar, debatir y en su caso, aprobar la iniciativa para la Reforma Político Electoral.

Julio 31. La Cámara de Diputados vota con 455 votos a favor y ninguno en contra, el dictamen de la iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral.

AGOSTO DE 1996

Agosto 01. La Cámara de Senadores aprueba con 124 votos a favor y ninguno en contra, la minuta de reforma constitucional en materia electoral.

Agosto 21. 27 Congresos Locales aprueban por unanimidad la reforma constitucional en materia electoral.

LA POSICIÓN DEL PAN DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN

La posición política del PAN durante todo el proceso de reforma electoral fue firme y condicionada a otros hechos políticos, como el caso del fraude en Huejotzingo, que motivó la salida de la mesa de diálogo para el acuerdo nacional; el fraude en las elecciones del Estado de Tabasco; o la falta de consenso para designar al Director General del Instituto Federal Electoral.

Pero la exigencia del Partido Acción Nacional, en cuanto a los contenidos de la reforma, fue la misma durante todo el proceso.

Ésta fue la intervención de Humberto Aguilar Coronado, Secretario General Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en la mesa redonda que organizó en el mes de abril de 1995, el Centro de Estudios para la Reforma del Estado bajo el lema: “En busca de un Consenso para la Reforma del Estado”, en donde se plasmaron las posiciones y exigencias del PAN.

“Desde su fundación, el Partido Acción Nacional ha demostrado que en cuestiones de democracia, nos hemos esforzado sinceramente por el mejoramiento político y social de México. Por eso nuestra disposición a participar, sin dejar de lado por supuesto, nuestros principios, en cualquier foro o actividad que esté encaminada a la unidad, al mejoramiento de México y a la búsqueda de la democracia.

A raíz de la firma de los compromisos para un Acuerdo Político Nacional y del discurso presidencial de entrar ya a una Reforma Electoral Definitiva, tal pareciera que va en serio esta cuestión, y digo tal pareciera, porque los meses siguen pasando. Este tipo de foros es un buen síntoma y por supuesto, hay que aprovechar la oportunidad.

Por eso estamos aquí los representantes de los partidos políticos.

En el PAN no apostamos al encono ni a la venganza, no apostamos al pasado ni al fatalismo, sino a la reconciliación, la justicia, el futuro y la esperanza. Precisamente con el ánimo y la razón puestas en tratar de aportar algo en lo que sea mejor para México, es que nos presentamos a esta clase de debates con la conciencia clara de que vamos a seguir haciendo política, y a tratar de reivindicar para los partidos políticos auténticos, el derecho de hacerla.

La idea de una nueva Reforma Electoral Definitiva no me parece una exigencia nueva, sin embargo, si es vital y urgente en la medida en que nos permita llegar a la ansiada credibilidad de los resultados electorales.

Hay que decir que el camino que se ha seguido para perfeccionar nuestros procesos electorales, ha insistido mas en la modificación de leyes y creación de instituciones, que en la sustentación de una auténtica cultura política que conduzca a que todos los participantes en las elecciones asuman el deber ético de respetar la verdad, cualquiera que esta sea, si sale precisamente de las urnas electorales.

Todos aquí podríamos coincidir si afirmamos que sería preferible organizar procesos electorales con autoridades responsables, de buena fe e imparciales, aunque los ordenamientos jurídicos fueran deficientes, que hacerlo con leyes perfectas pero con personas e instituciones que no asumen el compromiso elemental de hacer las cosas correctamente, aquí por lo menos, hay 5 Diputados que en la pasada legislatura aportamos y contribuimos no sólo al debate, sino también a la propuesta de Reforma electoral, y en mi personal punto de vista, la Reforma Electoral que se llevó a cabo es una buena Reforma, incluso de avanzada, el grave problema, como lo dijimos al final del proceso electoral de agosto del 94, es precisamente las condiciones de competencia.

1994 nos enseñó que la cultura política anterior, que se explicaba en función de la prevalencia de un sistema político electoral injusto y marcado por una amplia falsificación del resultado electoral, cuando no por la existencia de poderosos inhibidores institucionales, meta institucionales y no institucionales de la participación electoral, así como por la existencia de viejas prácticas abiertamente patrimonialistas, e incluso, decididamente fraudulentas de parte de las distintas autoridades, especialmente de aquellas encargadas de la política interior y de la política electoral, no estuvo presente, cuando menos, con la misma intensidad que en otros años en los que tuvimos elecciones.

Gracias también a un amplio y prolongado proceso de reforma electoral que en cualquiera de los casos, no puede considerarse como agotado, si no que apenas, acusó los cambios más importantes.

Efectivamente, ha cambiado la manera de llevar la jornada electoral, de depositar los votos, de escoger a los representantes de casilla, de publicitar las elecciones, de mejorar los instrumentos electorales, pero desafortunadamente, todavía existen asignaturas pendientes, y por eso estamos aquí.

Se tiene que asumir la tarea de hacer la gran Reforma Electoral Definitiva que despoje todos los intentos de esa inquietud de precariedad, de que siempre quedó pendiente algo que, por la falta de voluntad o mala fe, a la postre, es la rendija por donde se filtra la duda en relación con los resultados electorales, y por supuesto, aquella vieja inquietud de lo que en el argot político se ha llamado de los mapaches electorales.

Para hablar de Reforma Político electoral, debemos tener presentes cuales son los presupuestos básicos de todo proceso electoral democrático, y que fundamentalmente podríamos enunciarlo en cuatro:

PRIMERO: La equidad en la lucha política, que sólo se da en la medida en que los actores políticos, que en nuestro sistema obviamente son los partidos políticos, tengan la posibilidad real de acceder a todos los medios posibles para la difusión de sus propuestas y de sus programas. Por ello, en este campo, es urgente establecer condiciones de equidad en la competencia con la creación de mecanismos efectivos de vigilancia de la separación Estado-Partido, respecto de los recursos y programas gubernamentales. Una reforma del marco regulatorio del financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales, la disminución de los topes a los gastos de campaña, la creación de mecanismos de auditoria y supervisión, y la publicación de sus propios informes de los partidos.

Urgente también, es reformar el marco de regulación de los medios de comunicación masiva, especialmente los electrónicos, para generar condiciones más propicias a la equidad democrática, conciliando la libertad de expresión, con el derecho a la información y la responsabilidad social de los medios.

SEGUNDO: Que vote quien deba votar y que vote solo una vez. Esto implica la plena identificación del votante, la seguridad para todos de que ese individuo ha votado sólo una vez.

El registro nacional ciudadano que ya está previsto en la Constitución, tendrá que cumplirse a partir del próximo año para vincular, eso es muy importante, esa naturaleza de ciudadanos mexicanos. Es decir, para hacerlo uno solo, con un sólo elemento de identificación.

TERCERO: Que los votos cuenten y se cuenten bien, para lo cual, es indispensable tener normas claras y democráticas que regulen el proceso electoral, además de que los órganos electorales sean verdaderamente imparciales, objetivos y que actúen con estricto apego a la ley, es decir, reforzar la confianza de los ciudadanos y de los partidos en la imparcialidad de las instituciones electorales, haciendo extensiva la autonomía del Instituto Federal Electoral y renovando hacia abajo esa pirámide burocrática de los órganos electorales locales y distritales.

CUARTO: Que las impugnaciones del proceso y las violaciones del día de las elecciones se resuelvan conforme  a la ley. Con un sistema simple y claro de medios de impugnación y de facultades del órgano competente para ello, a efecto de que se satisfagan verdaderamente los agravios que se causen a la voluntad popular mediante las resoluciones sustentadas en la ley. Quiere decir esto también, un auténtico funcionamiento de esa fiscalía especial para que no queden impunes los agresores de la ley.

Ahora bien, y aunque podríamos considerarlo como otro tema, en el centro de la discusión para la reforma política también se encuentra la urgente definición del vínculo entre el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional. La exigencia clara de que no sean utilizados los colores de la bandera nacional por ningún partido político, aunque alguno de ellos se considere defensor de esos colores y de la tradición mexicana.

Por supuesto, también está y hay que considerarlo en esta agenda, la redistritación, que conforme a criterios técnicos se debe llevar a cabo. Se mencionaron aquí centros de votación, la afiliación individual a las agrupaciones política, la reforma del Distrito Federal, el abatir lo que mencionaba hace un rato, la impunidad de los delincuentes electorales a través de su persecución y castigo efectivo como un elemento importante para propiciar la credibilidad de los procesos, y que esta credibilidad motive la participación política de los ciudadanos en ellos.

Desde luego, con estos temas no se agota el gran debate nacional sobre la reforma electoral definitiva, simplemente he tratado de poner en la mesa las exigencias mas sentidas, no solo del PAN, sino de diversas fuerzas políticas, y de diferentes ciudadanos que en lo particular también se han manifestado.

No coincido con aquellos que sostienen que la Reforma Electoral puede esperar, dado que será hasta las elecciones intermedias de 1997 en donde se pondrá en práctica dicha reforma, al contrario, no se podrán promover reformas a las leyes electorales locales antes de que se aprueben en el Congreso de la Unión las reformas a la ley electoral federal.

Es pues urgente reformar el Cofipe para que los Congresos locales tengan un referente común, a partir del cual, en estricto respeto a sus soberanías, reformen sus legislaciones electorales.

Es cierto que la ley federal electoral que nos regula, precisamente en procesos electorales es la que norma, es la que da punto de referencia, pero también es cierto que en los estados donde se dan procesos electorales mas continuos que los procesos electorales federales, necesitan reformas, pero tengo conocimiento que hay congresos locales que han cambiado su ley electoral en los últimos meses y que van en un franco retroceso con respecto al código electoral federal.

En conclusión, podríamos decir que debe ser ciertamente una reforma electoral definitiva, que no significa necesariamente inamovible o inmutable, precisamente por la naturaleza dinámica del derecho:

  1. La virtud de definitividad de esta reforma deberá radicar en que con ella se arribe, no solo se transite, a la democracia.
  2. Debe ser una reforma que introduzca elementos de claridad y sencillez para su comprensión por parte de todos los actores políticos.
  3. Una vez realizada esta reforma electoral, debe existir el compromiso indudable de que tendrá que ser respetada y aplicada por la autoridad, por los partidos políticos y por los propios ciudadanos.
  4. La reforma a la ley debe corresponder al cambio de las prácticas tradicionales y a una verdadera voluntad política de ejercicio de un sistema democrático. El momento de cambio y de la verdadera modernización, es por demás oportuno, no podemos desperdiciarlo, la nueva cultura democrática que hoy estamos empeñados en fomentar, así lo está exigiendo, estos foros son una muestra palpable de ello”.

CÓMO SURGE EL SEMINARIO DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC

Como respuesta al reclamo de los partidos políticos al gobierno de no instrumentar los trabajos para una reforma electoral definitiva, y como consecuencia del rompimiento en diferentes momentos de las negociaciones entre las dirigencias del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática con el gobierno, el 08 de mayo de 1995 se da a conocer que un grupo de Consejeros Ciudadanos, académicos y especialistas en derecho electoral, así como representantes de diferentes partidos políticos de oposición, estaban trabajando, desde muchos meses antes, en lo que después sería conocido como el Seminario del Castillo de Chapultepec.

Santiago Creel, al hablar sobre el contenido de la reforma electoral escribió: “Con el objeto de dar contenido a los temas contemplados en la agenda de reforma propuesta por los consejeros ciudadanos, a finales de enero de 1995, el consejero ciudadano José Agustín Ortíz Pinchetti, el Consejero suplente Jaime González Graff, y el que escribe, decidimos iniciar los que ahora se ha denominado el Seminario del Castillo de Chapultepec. El objeto de ese ejercicio fue desarrollar cada uno de los temas de la reforma electoral, a fin de apoyar los esfuerzos que ene se momento se estaban realizando en el marco de los compromisos por un Acuerdo Político Nacional.

Al iniciar el análisis de estos temas, nos percatamos de que, además de abordar su parte teórica, era necesario conocer las posiciones de los partidos políticos respecto de cada uno de los asuntos que íbamos revisando, por lo que convinimos en invitar al Seminario a todos los partidos representados en el Congreso de la Unión. Igualmente se cursaron invitaciones a académicos y a diversas organizaciones ciudadanas.

Durante mas de nueve meses, el Seminario del Castillo de Chapultepec fue el único espacio permanente de diálogo y debate político sobre la Reforma electoral”

Así, el Seminario del Castillo de Chapultepec contribuyó a que el diálogo entre los partidos políticos sobre la Reforma Electoral no se interrumpiera, a pesar de los conflictos postelectorales que se suscitaron en Tabasco y Yucatán; a pesar de la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, ni tampoco por la falta de nombramiento del Director General del IFE, o el constante cambio de actores políticos por parte del gobierno.

Por su parte, Luis F. Aguilar en su libro Gobierno y administración Pública sostiene que: “El Seminario fue un punto de encuentro permanente, catalizador de debates y consensos, en los meses en que suscitaban la impresión de que las reformas eran devoradas por el apetito de las pugnas interpartidarias poselectorales, los asuntos judiciales y los interminables ajustes de cuentas con el pasado reciente. El Seminario del Castillo, en congruencia con la agenda electoral, de noviembre del 94 de los Consejeros Ciudadanos, produjo un primer documento de 150 puntos de consenso, que eran considerados como una base sólida para una reforma electoral avanzada que asegurara en el futuro comicios libres, legales, equitativos y confiables. Posteriormente, el 16 de enero de 1996, como resultado de una segunda etapa de trabajo, publicaron un documento más terminado, 60 puntos para la Reforma Político electoral, en el que reivindicaban que “la verdadera paternidad de la reforma electoral descansa en cada uno de los mexicanos”. Los sesenta puntos ofrecían respuestas a los temas más importantes del proceso electoral y del ejercicio de los derechos políticos”.

COMO TRABAJÓ EL SEMINARIO DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC

Las primeras reuniones se dieron en diferentes espacios, salones de hoteles, restaurantes, y en ocasiones, en casa de alguno de los convocantes. Sin embargo, y gracias a las gestiones realizada, prácticamente todas las sesiones del Seminario se desarrollaron en el alcázar del Castillo de Chapultepec, por eso, así se conoció política y mediáticamente el Seminario.

CONCLUSIONES DEL SEMINARIO DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC

Casi doce meses después de haber iniciado sus trabajos, Santiago Creel expresó: “durante un periodo de casi un año, en que las negociaciones oficiales permanecieron suspendidas, los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión siguieron sus diálogos sobre la reforma electoral en una mesa informal, bajo los auspicios del denominado Seminario del Castillo de Chapultepec. En el, los partidos políticos lograron aproximaciones, convergencias y acuerdos en torno a los principales temas de la reforma electoral. Uno de estos acuerdos fueron los 10 puntos fundamentales para la reforma electoral suscritos por el PAN y el PRD, a los cuales se adhirieron mas de 30 organizaciones cívicas. Igualmente, en el Seminario se revisaron mas de 150 grandes temas, de los que surgieron los 60 puntos para la Reforma Político Electoral”

El 16 de Enero de 1996, se dan a conocer las conclusiones de los trabajos realizados durante varios meses por el Seminario del Castillo de Chapultepec con el siguiente documento:

60 PUNTOS PARA LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL

“Resultados del Seminario para la reforma político-electoral, discutidos y analizados por los miembros del seminario, inclusive militantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución democrática y del Trabajo.

El Seminario del Castillo de Chapultepec ha trabajado a través de debates y consensos verbales, por tanto, no existe un documento final signado por los participantes.

Coordinadores: José Agustín Ortíz Pinchetti, Santiago Creel Miranda y Jaime González Graff.

Participantes: Humberto Aguilar Coronado, Juan José Rodríguez Pratts, José Luis Torres y Jorge Zermeño del PAN, Tristán Canales, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Daniel Mora , Ignacio Ovalle y Juan Ramiro Robledo (PRI), Raymundo Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ricardo Ruiz, Mariana Saíz, Ricardo Valero y Lorena Villavicencio (PRD), Eduardo Guzmán (PT), Adolfo Aguilar Zinser (diputado ciudadano), Víctor Blanco, José Antonio Crespo, Alonso Lujambio, Juan Molinar Horcasitas, Arturo Sánchez Gutiérrez, Diana Álvarez Mauri, Maité Careaga, Mayaní Forno Oliva, Ezequiel González Matus, César González Reyna, Alfredo Orellana, Pedro Salazar.

Al término del proceso electoral federal de 1994 diversos actores políticos y miembros de la sociedad civil se pronunciaron por la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma electoral que garantizara condiciones plenamente democráticas para la realización de futuras contiendas electorales. En respuesta a esta legítima demanda nacional y por iniciativa gubernamental, el 17 de enero de 1995, se firmaron “Los Compromisos por un Acuerdo Político Nacional”, en los que el gobierno y los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión, manifestaron su voluntad para iniciar las negociaciones de dicha reforma.

Sin embargo, el conflicto poselectoral de Tabasco y las irregularidades en el proceso electoral de Yucatán provocaron que primero el Partido de la Revolución Democrática y posteriormente el Partido Acción Nacional abandonaran la mesa de negociaciones. Es en este contexto en el que comienzan los trabajos del Seminario del Castillo de Chapultepec. Desde entonces y hasta el mes de enero de 1996, el seminario sesionó de forma prácticamente ininterrumpida con el objeto de que el diálogo entre los partidos políticos sobre la reforma electoral no se rompiera de manera definitiva.

De esta forma, en una primera instancia, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática intercambiaron sus puntos de vista sobre diversos temas electorales logrando dar contenido a un primer documento de 150 puntos. En su oportunidad, estos acercamientos entre ambos partidos, fueron analizados por representantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del Trabajo, institutos políticos que en una segunda etapa se incorporaron al seminario. Los 60 puntos que a continuación se presentan son el resultado de esta segunda etapa de trabajo.

Estos 60 puntos para la Reforma Político Electoral son el resultado de varios meses de trabajo en el marco del Seminario del Castillo de Chapultepec. Su contenido refleja el esfuerzo llevado a cabo durante largas jornadas de trabajo, por parte de los Consejeros Ciudadanos del Instituto Federal Electoral, especialistas en materia electoral y destacados miembros de los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión.

El mérito de este documento radica en el hecho de que cada una de estas propuestas para la reforma electoral es el resultado de un debate abierto y propositivo, en el que la voluntad democrática estuvo por encima de los intereses personales o partidistas. Sin embargo, el alcance de los acuerdos informales logrados en el Seminario del Castillo de Chapultepec, aún no está definido. Serán los propios partidos políticos y el gobierno, en el marco de la negociación oficial, quienes determinen si los acuerdos formales que constituirán la prometida reforma electoral, son el reflejo de intereses particulares o de la voluntad democrática que acompañó a los trabajos del seminario.

La verdadera paternidad de la reforma electoral descansa en cada uno de los mexicanos. El contenido de dicha reforma está en manos tanto de partidos políticos como de representantes del gobierno, su responsabilidad no es menor: consensar acuerdos que den lugar a normas jurídicas que reflejen plenamente el reclamo democrático de un pueblo que no está dispuesto a conformarse con menos. Tanto la prometida reforma electoral como la esperada reforma del Estado mexicano, no pueden quedar sujetas a la voluntad de unos cuantos, pues su origen está en la voluntad de todos.

Santiago Creel Miranda

José Agustín Ortiz Pinchetti

Jaime González Graf

ÍNDICE

Sobre los derechos políticos (del punto 1 al 3).

Sobre la autoridad electoral (del punto 4 al 16).

Sobre el tribunal federal electoral (del punto 17 al 18).

Sobre la fiscalía especial de delitos electorales (punto 19).

Sobre el financiamiento y los gastos de campaña (del punto 20 al 28).

Sobre las condiciones de equidad en los medios de comunicación (del punto 29 al 37).

Sobre las condiciones de competencia (punto 38).

Sobre los partidos políticos y su afiliación (del punto 39 al 43).

Sobre las coaliciones y las candidaturas comunes (del punto 44 al 46).

Sobre la cédula de identidad ciudadana y el padrón electoral (del punto 47 al 50).

Sobre los programas públicos y los procesos electorales (punto 51).

Sobre la calificación de las elecciones (punto 52).

Sobre la representación nacional (del punto 53 al 55).

Sobre los procesos electorales locales (punto 56).

Propuestas adicionales (del punto 57 al 60).

Sobre los derechos políticos

1. Que los derechos políticos de los mexicanos estén sujetos a control constitucional.

2. Que el control constitucional se ejerza tanto sobre la legislación electoral federal y local, como sobre los actos de la autoridad electoral federal y local. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea el órgano competente para dirimir controversias constitucionales que versen sobre la legislación electoral. Que el Tribunal Federal Electoral se integre al Poder Judicial de la Federación y sea el órgano competente para desahogar los recursos sobre la constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales.

3. Que los procedimientos constitucionales tomen en cuenta los términos de preclusión y de definitividad que deben regir en los procesos electorales.

Sobre la autoridad electoral

4. Que se establezcan la autonomía e independencia plenas del Órgano Electoral.

5. Que la vinculación de los poderes del Estado con la autoridad electoral se norme a través de la legislación, para que adquiera un carácter jurídico-político. Que la concurrencia de los poderes con la autoridad electoral se estipule en la ley de conformidad con las atribuciones y competencias de cada una de las dependencias.

6. Que el Consejo General esté formado por siete “Consejeros Electorales” con voz y voto; y por los representantes de los partidos políticos sólo con voz.

7. Que la Cámara de Diputados nombre por mayoría calificada a los Consejeros electorales del Consejo General a propuesta de una Comisión Pluripartidista Paritaria de las Fracciones Parlamentarias, que reciba y consense las propuestas de las propias Fracciones Parlamentarias.

8. Que se establezcan nombre a los miembros de los consejos locales. Que también nombre a los miembros de los consejos distritales, a propuesta de los consejos locales.

9. Que el Consejo General elija por mayoría calificada a uno de sus miembros como presidente. Que sea el representante legal del Consejo con la función fundamental de conducir los debates. Que dure en su encargo un año. Que pueda ser revocado por la mayoría calificada del propio Consejo. Que pueda ser reelecto. Que la ley estipule las causas de revocación y los tiempos en los cuales se pueda hacer valer para no interrumpir el desarrollo del proceso electoral.

10. Que el Director General del IFE sea electo por la mayoría calificada de los Consejeros Electorales a propuesta de cualesquiera de ellos. Que su nombramiento pueda ser revocado por la mayoría calificada del propio Consejo. Que la ley estipule las causas de revocación y los tiempos en los cuales se puedan hacer valer para no interrumpir el desarrollo del proceso electoral.

11. Que el Consejo General sea el órgano superior del IFE y que tenga las facultades y atribuciones necesarias para determinar las políticas generales de su administración y para aprobar sus reglas y lineamientos.

12. Que el Director General sea responsable de la administración del Instituto ante el Consejo General y tenga las atribuciones y facultades necesarias para la correcta realización de su función. Que el Director General y los demás funcionarios y órganos ejecutivos estén subordinados al Consejo y que ninguno de ellos tenga facultades equiparables o por encima del propio Consejo.

13. Que el Consejo General integre la comisión o comisiones que sean necesarias para la debida supervisión y vigilancia del ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas de la institución. Que esas comisiones puedan ser integradas por consejeros electorales, representantes de partidos, y/o comisionados externos elegidos por sus capacidades técnicas, pero que siempre pertenezca a ellas por lo menos uno de los consejeros electorales. Que la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores permanezca no obstante esas comisiones.

14. Que se integre una Comisión de Auditoría del Instituto con auditores públicos independientes nombrados por el Consejo General. Que presente anualmente un dictamen al Consejo que se haga público; y actúe de forma independiente de la acción fiscalizadora que por ley realiza la Contaduría Mayor de Hacienda o su equivalente.

15. Que para el nombramiento y la evaluación del personal del Servicio Profesional Electoral el Consejo General establezca las normas generales; que elabore, en su caso, el nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral para proponerlo a la aprobación del Consejo.

16. Que el IFE elabore y administre su propio presupuesto. Que sea incluido sin modificaciones en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que deba presentarse ante la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Que el IFE reciba su presupuesto según calendario fijo para resolver el problema del control presupuestal.

Sobre el tribunal federal electoral

17. Que el Tribunal Federal Electoral funcione como organismo jurisdiccional de pleno derecho y se integre al Poder Judicial de la Federación.

18. Que la Cámara de Senadores nombre por mayoría calificada a los Magistrados del Tribunal a propuesta de la Suprema Corte de Justicia.

Sobre la fiscalía especial de delitos electorales

19. Que se incorpore en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el nombramiento de un Agente del Ministerio Público especializado en asuntos electorales. Que tenga autonomía funcional del Procurador. Que sea nombrado por el Procurador a propuesta de Consejo General. Que informe de sus gestiones al Consejo General.

Sobre el financiamiento y los gastos de campaña

20. Que el monto del financiamiento público a los partidos y los topes a los gastos de campaña y a las aportaciones privadas, sean revisados a la baja de los vigentes, para responder con austeridad en los costos de la democracia, a las actuales circunstancias económicas por las que atraviesa el país.

21. Que el 60 % del financiamiento público se distribuya a los partidos según el criterio de proporcionalidad y el 40% según el principio de igualdad, a partir de los resultados electorales de diputados de mayoría relativa de la elección anterior, tomando en cuenta la votación válida.

22. Que el tope de gasto de campaña de cada partido para cualquier elección federal, sea un nuevo peso por cada ciudadano votante potencial de la siguiente elección por realizar, trátese de elección presidencial, de diputados federales o de senadores. Que el nuevo peso sea al valor de agosto de 1994 ajustado según una proyección del índice de precios al consumidor del Banco de México. Que la cantidad de votantes potenciales se calcule según una proyección realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a partir del padrón electoral de la elección anterior.

23. Que los partidos políticos que obtengan su registro con posterioridad a la fecha en la cual se determine el financiamiento público a los partidos, solamente tengan derecho a una cantidad igual a la que corresponda a los partidos que ya tenían el registro según el criterio de igualdad. Que ese financiamiento no sea retroactivo, sino que se aplique a partir del año siguiente a la fecha de la concesión del registro. Que ese gasto se incremente al presupuesto del IFE para los partidos y no modifique el cálculo inicial.

24. Que de la cantidad que corresponda a cada partido se le entregue 20% el primer año del trienio, 30% el segundo año y 50% el tercer año.

25. Que el financiamiento privado a los partidos y a los candidatos se limite a un tope. Que se prohíban las aportaciones de las personas morales. Que se cuantifiquen las aportaciones en especie.

26. Que para su campaña, cada candidato abra una cuenta bancaria única, por la cual deban pasar todos sus ingresos y todos sus gastos de campaña.

27. Que sean fiscalizados los ingresos y los gastos de los partidos y de los candidatos. Que la Comisión de Auditoría que audite a la autoridad electoral, sea la que fiscalice a los partidos y a los candidatos. Que la Comisión presente sus informes al Consejo General de la autoridad electoral para su aprobación y los haga públicos junto con los estados financieros de los partidos.

28. Que se establezca un sistema gradual de sanciones al incumplimiento de las normas de financiamiento. Que entre las sanciones esté la pérdida de la candidatura, la anulación del resultado electoral del candidato infractor  o la pérdida del registro del partido. Que se sancione severamente el ocultamiento doloso de la información.

Sobre las condiciones de equidad en los medios de comunicación

29. Que el principio de equidad rija el acceso de los partidos políticos y de los candidatos a los medios de comunicación colectiva.

30. Que las prerrogativas de comunicación sean distribuidas entre los partidos con la misma regla del financiamiento: 40% por el principio de igualdad y 60% por el principio de proporcionalidad.

31. Que para las prerrogativas se incluya un capítulo especial en la ley electoral que regule los tiempos propuestos para los periodos electorales y no electorales; y que el IFE esté obligado a elaborar programas con objetivos de educación cívica y fomento de la cultura democrática.

32. Que se establezca un canal público de televisión y una estación de radio, ambos de cadena nacional, para el fomento de la cultura democrática, dependientes del Congreso de la Unión. Que en las épocas de campaña el Consejo General fije la norma para que el IFE administre los tiempos de este canal público. Que transmitan los debates de los candidatos y la presentación de los programas y las propuestas de los partidos. Que compartan con los medios privados los tiempos relativos a las prerrogativas.

33. Que se promueva una reforma de la Ley de Radio y Televisión y que el IFE administre los tiempos del Estado en los canales comerciales en los periodos de campaña electoral.

34. Que, como complemento de las prerrogativas de los partidos en los medios electrónicos de comunicación, en tiempos de campaña la contratación de publicidad política por los candidatos en ningún caso rebase un porcentaje determinado de sus topes de campaña. Que la publicidad política sea cotizada en los medios en los mismos términos, condiciones y precios que la publicidad comercial y que se incorpore en ella la que es pagada por el partido.

35. Que el IFE lleve a cabo monitoreos permanentes de la información noticiosa de las campañas electorales. Que los resúmenes de ese monitoreo sean difundidos por los propios medios.

36. Que el IFE esté obligado a organizar y a convocar a debates públicos a los candidatos. Que se establezca la obligación de los candidatos de presentar públicamente las plataformas electorales de sus partidos.

37. Que se legislen los derechos de réplica y reclamación de los partidos y los candidatos frente a informaciones falsas o deformadas, calumniosas o difamatorias, emitidas por los medios de comunicación colectiva.

Sobre las condiciones de competencia

38. Que se elimine la exclusividad para cualquiera de los partidos de utilizar los colores patrios y que se prohíba el uso de los demás símbolos patrios.

Sobre los partidos políticos y su afiliación

39. Que desaparezca el registro condicionado de los partidos políticos y se establezca un solo tipo de registro. Que se establezca que un partido político pierda su registro no pueda solicitarlo para la siguiente elección.

40. Que se incremente a 3% el porcentaje de votos para mantener el registro de los partidos y al 5% el necesario para tener acceso a las curules de representación proporcional.

41. Que se introduzca la figura de las asociaciones políticas. Que se establezcan como prerrogativas, la exención fiscal y las franquicias postales y telegráficas. Que solamente puedan participar en las elecciones federales aliadas con los partidos políticos nacionales, en cuyo caso deban sujetarse a las limitaciones que establezca la ley en materia de prerrogativas y financiamiento. Que establezca una fundación para apoyarlas, les financie proyectos y les tramite la deducibilidad de los donativos que reciban. Que en la fundación se establezca un fideicomiso para recoger recursos para apoyar a las asociaciones. Que en los comités técnicos de la fundación y del fideicomiso, participen los Consejeros Electorales y representantes de los partidos políticos. Que puedan organizarse asociaciones políticas para apoyar a un partido o a un candidato.

42. Que el ejercicio de los derechos ciudadanos sea libre y personal por mandato constitucional.

43. Que sea sancionada toda forma de coerción o inducción del voto derivada de la relación laboral, de la agremiación social o del disfrute de un bien o un servicio público.

Sobre las coaliciones y candidaturas comunes

44. Que se permita el registro de candidatos independientes siempre y cuando acrediten el apoyo de por lo menos el 2% de los votantes de la demarcación territorial por la cual se postulen. Que se sujeten a las restricciones establecidas a los partidos y a los candidatos en materia de equidad, en las condiciones de la competencia y en particular respecto de los términos de financiamiento privado, fiscalización, topes de campaña y equidad. Que no sean objeto de prerrogativas.

45. Que faciliten las condiciones para formar coaliciones y para postular candidatos comunes. Que establezcan como único requisito presentar una propuesta común. Que los candidatos aparezcan una sola vez en las boletas electorales incluyendo en el recuadro respectivo los símbolos de todos los partidos que los postulen. Que el candidato de varios partidos no lesione el principio de equidad por disfrutar de mayores prerrogativas por acumulación, o sea, que no pueda superar el tope de gastos de campaña.

46. Que una coalición de partidos no pueda tener financiamiento por encima del partido que tenga derecho a los mayores ingresos según las prerrogativas de la ley. Que establezcan términos de preclusión para la formación de coaliciones o la postulación de candidatos comunes. Que en los convenios de coalición o de candidato común, se especifique la forma como se cumplirá con la legalidad en lo relativo al reparto plurinominal y al registro de los partidos.

Sobre la cédula de identidad ciudadana y el padrón electoral

 

47. Que la Cédula de Identidad Ciudadana sea el instrumento para la identificación de los electores en las casillas para las elecciones del año 2000. Que el Registro Electoral sea actualizado permanentemente con la participación de los partidos políticos y auditado antes de cada elección.

48. Que sea corresponsabilidad del Estado y los ciudadanos obtener el registro de estos últimos en el padrón.

49. Que la lista nominal de las elecciones de 1997 incorpore la fotografía del elector.

50. Que la redistritación se haga para las elecciones de 1997, siguiendo jerárquicamente los criterios geográfico, de manera que no dividan estados o municipios; y numérico, para lograr la igualdad de población.

Sobre los programas públicos y los procesos electorales

51. Que no se identifiquen por ningún medio los programas públicos con programas partidarios, y mucho menos se les utilice con fines electorales. Que su publicidad se suspenda en tiempos electorales. Que sea el Consejo General del IFE el que autorice las excepciones.

Sobre la calificación de las elecciones

52. Que el cómputo y el otorgamiento de la constancia de mayoría para la elección de diputados uninominales sea realizada por los Consejeros Distritales. Que la de senadores lo sea por los Consejos locales. Que la elección presidencial y de los diputados plurinominales lo sea por el Consejo General. Que el Tribunal Federal Electoral haga la declaratoria de validez de todas las elecciones y, respecto a la elección presidencial, notifique al Congreso para que el candidato triunfante rinda su protesta como Presidente de la República ante dicho poder.

Sobre la representación nacional

53. Que se aplique el criterio de la mayor proporcionalidad posible para la Cámara de Diputados. Que se estudie la integración de la Cámara de Diputados que garantice esa fórmula de proporcionalidad. Que no haya límite para que en la lista de candidatos a diputados plurinominales puedan aparecer candidatos a diputados de mayoría relativa. Que el reparto de los plurinominales tenga como objeto complementar las bancadas de los partidos que no hayan alcanzado su cuota proporcional con asientos obtenidos por el camino de la mayoría relativa. Que, cuando algún partido obtenga sobrerrepresentación por el principio de mayoría relativa, en ningún caso se le resten curules, independientemente del porcentaje de votación que haya obtenido.

54. Que la composición del Senado se lleve a cabo por representación proporcional según el principio de cociente natural y resto mayor.

55. Que se establezca la reelección de legisladores por un número limitado de periodos, a partir del año 2000.

Sobre los procesos electorales locales

56. Que incluya en los artículos 41 y 116 de la Constitución, que las legislaciones de los estados deban incorporar para los procesos electorales locales los mismos principios establecidos para los procesos electorales federales; de tal suerte que pueda operar en forma eficiente el control constitucional respecto de las leyes y procesos electorales.

Propuestas adicionales

57. Que se reduzca el plazo de las campañas electorales. Que en la medida de lo posible se realicen simultáneamente los procesos electorales federales y locales.

58. Que se evalúe la posibilidad de establecer mecanismos eficaces para que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero puedan ejercitar su derecho al voto.

59. Que incluyan en la Constitución, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.

60. Que en aquello que sea aceptable, se ratifiquen las resoluciones adoptadas por el Consejo General del IFE con motivo del acuerdo por la paz, la democracia y la justicia del 27 de enero de 1994, así como las resueltas a propósito de las elecciones extraordinarias celebradas en distritos de los estados de Puebla y Veracruz, que no hayan sido consideradas en este documento, incluyendo la creación de una comisión de Consejeros Electorales, Representantes de partidos políticos y funcionarios de la autoridad electoral, para que a partir del mes de noviembre de 1996 monitoree, supervise y arribe a consensos que puedan ser propuestos al Consejo General para su ratificación, en todo aquello relativo al buen desarrollo del próximo proceso electoral”.

En la sexta sesión de la Mesa para la Reforma Electoral, el Subsecretario de Gobernación recibe el documento “60 puntos para la Reforma Política Electoral”, dando por concluidos los trabajos del Seminario del Castillo de Chapultepec, que sin duda, fue una gran aportación para la construcción de un México distinto, por lo menos, en materia político electoral.

CUÁL FUE EL LEGADO DEL SEMINARIO DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC

Eduardo Andrade Sánchez, al referirse a la aportación del Seminario del Castillo de Chapultepec afirma que: “acertadamente se usa la expresión reforma político-electoral, pues abarca elementos de ambos ámbitos; varios de ellos, por cierto, llegaron a formar parte de la reforma política aprobada en 1996. El documento que nos ocupa, (60 puntos para la Reforma Electoral), fue ampliamente difundido y tuvo considerable influencia en las decisiones que posteriormente adoptaron las dirigencias de los partidos políticos por consenso”.

Por su parte, Juan José rodríguez Pratts señala, a propósito del Seminario lo siguiente: “En materia de transición democrática, teoría y propuestas no han faltado, más bien lo contrario. Es abrumadora la reflexión sobre el tema. Diría que el guía de los muchos que hemos participado ha sido el viejo refrán popular: “El prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila”.

“Todo se dijo en las innumerables sesiones. Nuestra ingenuidad emergía a borbotones. Bastaba un marco jurídico democrático iniciando con principios constitucionales y culminando con la creación de instituciones y mecanismos de participación ciudadana para alcanzar nuestros anhelados propósitos. La realidad nos pasó la factura con toda su acostumbrada crueldad.

La transición fue exitosa para zarpar del puerto del presidencialismo y su partido hegemónico, pero fracasó para arribar al puerto de una democracia medianamente aceptable. Se diría que estamos en altamar en medio de una majestuosa tormenta que nos puede hacer naufragar.

Los ideales externados en aquel histórico Seminario son vigentes. Habría que insistir en lo que para mí es la tarea prioritaria: mejorar la cultura cívica del mexicano. Hay que enaltecer la política y sustentar la democracia en la congruencia entre principios y resultados. Reconciliar a la ciudadanía con los partidos y fortalecer el Estado de derecho. Esa ha sido la tarea de los iniciales tiempos del México independiente”.

La Reforma Electoral de 1996, que se ha destacado como la reforma con mayor profundidad, sin duda alguna que se pudo materializar, en mucho, por la aportación que hicieron todas y todos las integrantes del Seminario del Castillo de Chapultepec.

Dicha reforma electoral, se utilizó en los procesos electorales federales de 1997, en donde el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; en las elecciones presidenciales del 2000, donde se da paso a la alternancia; y en las elecciones federales del 2003, y las presidenciales del 2006, en donde el Partido Acción Nacional repite en la Presidencia de la República.

Aunque como legislador, previamente había participado en la Reforma Electoral de 1994 y posteriormente en la reforma electoral del 2007, sin duda alguna haber participado en el Seminario del Castillo de Chapultepec, desde que iniciaron los trabajos, gracias a la confianza depositada por el Presidente del Partido Acción Nacional, Carlos Castillo Peraza, me permitió aportar y ser parte de la historia de lo que sería la Reforma Electoral de 1996.

El resultado de este esfuerzo, es la Reforma electoral de 1996, y aunque casi 11 años después hubo necesidad de hacer otra reforma electoral, me parece que hay un reconocimiento importante por parte de los actores políticos al esfuerzo empeñado en el Seminario del Castillo de Chapultepec, hace ya 25 años.