El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, que encabeza Genoveva Huerta Villegas, se ha negado a entregar la Comisión de Vigilancia el informe de los gastos que realizó durante el 2019, pese a los requerimientos que hicieron algunos de sus integrantes, además de que el presupuesto 2020 nunca fue aprobado por el Consejo Estatal, como lo establecen los estatutos.

Fuentes consultadas al interior del partido señalaron que se corre el riesgo de enfrentar una sanción mayor a la que recibieron hace unos meses por parte del Instituto Nacional Electoral durante la presidencia de Jesús Giles, la cual ascendió a cinco millones de pesos, que se están pagando, una vez que las prerrogativas para este año por 60 millones de pesos se están gastando sin el aval del Consejo Estatal.

De acuerdo con la información obtenida, fue a principios de éste año cuando se hizo la solicitud de los informes del presupuesto que se ejerció en 2019, por parte de la Comisión de Vigilancia, que es la instancia, de acuerdo con los estatutos, encargada de revisar si el presupuesto se aplicó de manera estatutaria.

Conforme a los datos aportados, hasta este momento el ejercicio de Genoveva Huerta Villegas es irregular al no haber comprobado o presentado los estados de resultados del año pasado,

Las fuentes recordaron que por haber sido año electoral, la cantidad que se ejerció fue de varias decenas de millones de pesos, pero nunca se presentó el estado a la comisión, misma que de acuerdo al estatuto debe conocer y validar los contratos con proveedores, e indicaron que entre éstos también se encuentran los de los asesores, entre ellos Eduardo Alcántara, así como Abel Hernández.

Precisaron que el INE podría solicitar a la dirigencia la validación de los documentos por parte de la Comisión que forma parte del Consejo Estatal, y en caso de no presentarlos, aplicar la sanción correspondiente.

Fue a través de Parabólica donde también se dio a conocer que hay cerca de 72 millones de pesos sin comprobar por parte de la dirigente.

2020 por la libre

Mientras se dieron a conocer los contratos que se entregaron a Eduardo Alcántara para este año, las fuentes consultadas explicaron que antes de firmar contratos, destinar los recursos, tuvo que realizarse una sesión del Consejo Estatal donde se aprobara el presupuesto 2020, ahí debe incluirse el calendario de pagos a los comités municipales.

Señalaron que la sesión del Consejo Estatal nunca se realizó, por ello el gasto que se ha ejercido durante los últimos siete meses carece del aval de los consejeros

La estimación de las prerrogativas que se ejercerá en un año no electoral como lo es 2020 es de 60 millones de pesos, de los cuales ya se ha recibido una parte.

Los estatutos establecen que en el presupuesto que se presenta, van incluidos gastos que se harán, como en capacitación, operación, promoción.

Insistieron en que la Comisión de Vigilancia tiene las más altas facultades para fiscalizar a los comités municipales y al estatal, pero todo el gasto ejercido desde 2019 a la fecha no ha sido transparentado.

La siguiente vía que podría intervenir e incluso solicitar el inicio de un procedimiento sancionador, es la Comisión Nacional de Vigilancia del Consejo Nacional, y posteriormente si se ubican irregularidades se puede solicitar el inicio de un proceso sancionador.

Verónica Sobrado retrasa procedimiento

También trascendió que la presidenta de la Comisión, la diputada federal, Verónica Sobrado a recurrido a prácticas dilatorias para agilizar la solicitud de información al Comité Directivo Estatal.