A dos años de los actos de linchamiento en los que fallecieron Ricardo Flores Rodríguez y Alberto Flores Morales en el municipio de Acatlán de Osorio, el Ayuntamiento ofreció un pago del reparo de 40 mil pesos por cada uno.
De acuerdo con Proceso, Víctor Alonso Tadeo, abogado de los familiares, calificó de “absurda” la suma al exponer que lo ofrecido por las autoridades no cumple con lo establecido por la Ley General de Víctimas, y está muy por debajo de lo que expone la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como “daños al proyecto de vida”, ni con parámetros marcados por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado 10 de septiembre, el cabildo determinó dar cumplimento a la recomendación 12/2019 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el 17 de octubre de 2019, en el que pide reparar de “manera integral” los perjuicios y pérdidas materiales, así como sufrimientos y aflicciones causados a los familiares de las dos víctimas de linchamiento, quienes fueron quemados vivos por una turba el 28 de agosto de 2018.
Las víctimas, quienes eran sobrino y tío fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Acatlán por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.
Sin embargo, se corrió la voz de que los detenidos fungían como robachicos, por lo que fueron sacados de la cárcel y los quemaron vivos, sin que ninguna autoridad evitara el linchamiento.
El linchamiento fue transmitido a través de Facebook y tanto la abuela, como la madre de Ricardo, suplicaron en dicha red social piedad, pero no impidieron ver la muerte del joven de 21 años.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tanto el Ayuntamiento de Acatlán como el Gobierno Estatal deben pagar una reparación del daño de 100 millones de pesos para cada familia, basado en el daño físico y mental, la pérdida de oportunidades, daños materiales, pérdida de ingresos, perjuicios morales, gastos de asistencia jurídica, sufrimiento causado a la víctima y a sus allegados, entre otros.
Por su lado, el Ayuntamiento de Acatlán señaló que el cálculo de la reparación del daño por 40 mil 300 pesos se basa en el artículo 67 de la Ley General de Víctimas.
En su argumento, la estimación fue de 500 veces de Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual en agosto de 2018 ascendía a 80.60 pesos y da como resultado los 40 mil 300 pesos.
A dos años de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Puebla ha detenido a cinco sujetos presuntamente relacionados con el caso; en materia económica no hay un arreglo por los daños causados por la turba aquella tarde de agosto de 2018.
