Este miércoles por la noche, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa impulsada por la bancada de Morena que propone desaparecer 109 fideicomisos “sin estructura” para esos fondos sean devueltos a la Federación y se reasignen a temas de salud, así como para financiar programas sociales del gobierno federal.

De acuerdo con Animal Político, con 20 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, los legisladores aprobaron la iniciativa en lo general.

Los 109 fideicomisos que pretenden desaparecer por parte de la bancada de Morena significarían un total de 68 mil millones de pesos y es parte de la política de austeridad impulsada por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).  

Tal y como se anunció hace unos días, algunos de los fideicomisos que pretenden eliminarse se encuentran en materia de desarrollo tecnológico, apoyo a víctimas, cine nacional, deporte de alto rendimiento y desastres naturales.

Se prevé que este jueves 1 de octubre, la iniciativa aprobada en la Comisión de Presupuesto se discuta y vote en el pleno de la Cámara de Diputados.

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, expuso que en un principio se tenía una propuesta para extinguir 55 fideicomisos, esta se duplicó para desaparecer un total de 109 que tienen un saldo de 68 mil millones de pesos.

En ese sentido, el legislador de Morena sostuvo que no todo el dinero se va a regresar a la hacienda pública, pues algunos de los recursos están comprometidos al detallar que “son apoyos específicos para ciertas poblaciones”.

“La desaparición de los fideicomisos no significa la desaparición de algunas obligaciones legales del gobierno o la desaparición de algunos apoyos, simplemente habrá una reorganización administrativa… algunos beneficiarios… ni siquiera se van a enterar que hubo este cambio”.

El diputado puso de ejemplo el caso del Fondo para la Atención de Emergencia (Fonden) en el que destacó que la desaparición del fideicomiso no implica que el gobierno se va a quitar la responsabilidad de atender a la población en caso de un desastre natural.

Será en las próximas horas que se defina el futuro de varios sectores que dependían de esos fondos para el desarrollo de ciertas actividades.