En una narrativa perversa usada por el gobierno estatal para intentar unir al Ayuntamiento y secretarios con acciones desarrolladas al margen de la ley durante esta pandemia del Covid-19, el responsable de la Secretaría de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, señaló que esto es derivado de las supuestas irregularidades detonadas en la compra de los 12 ventiladores artificiales a la firma Full Hen.
El titular de la Secretaría de Administración, priorizó que la única autoridad que regresó las herramientas para ayudar a los infectados de SARS-Cov-2 fue la de la alcaldía por incumplir con las cláusulas del contrato y convocatoria con los equipos que se iban a donar a la autoridad sanitaria estatal.
Recordó que la firma ya pagó una primera multa de 200 mil pesos por no entregar los ventiladores artificiales en sus envolturas originales y la administración municipal está peleando por una más correspondiente a la póliza.
Bajo ese panorama inquisitorio, refrendó que hasta este jueves 10 de diciembre no ha recibido la notificación de la denuncia anunciada por el gobernador Miguel Barbosa días atrás.
Anunció que tanto personal involucrado en la no compra de los ventiladores como él están blindados porque no cometieron ninguna irregularidad ni violaron la ley, además de estar preparados jurídicamente para enfrentar las demandas.
Reiteró que no tiene miedo de que el gobierno estatal realice movimientos legales obtuzos para girar órdenes de aprehensión por estar seguro que en Puebla priva el estado de derecho.
“Está claro que en el tema de los ventiladores (artificiales) a algunos actores les conviene mantener la narrativa mediática. Fui enfático, si una autoridad rechazó los ventiladores, fue el ayuntamiento. Lo demás es una narrativa perversa que se mantiene en el ánimo mediático, se intenta manipular que el ayuntamiento quiso burlar al erario, es una mentira y no hay pruebas”.
La única prueba existente puntualizó es no se tenía el conocimiento del estado de los ventiladores porque se acordó el punto de entrega con autoridades sanitarias estatales y al momento de abrir las cajas se observó que las herramientas sanitarias no venían en envolturas originales y se regresó el producto inmediatamente.
La compra no realizada a Full Hen era por 15 millones de pesos, pero la empresa a través de su área jurídica entregó al Ayuntamiento el pago de 200 mil pesos de multa correspondiente a la penalización.
El gobierno municipal está peleando por el cobro de 1.5 millones de pesos de una multa más correspondiente a la póliza.
